El polémico plan del minsalud en caso de que EPS dejen de operar

Son varios los interrogantes y las frases polémicas que dejó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una rueda de prensa que intentaba dar respuesta a la crisis financiera denunciada por tres de las más grandes EPS del país.

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A través de una carta, el pasado 27 de julio, Sura, Sanitas y Compensar habían alertado al Gobierno sobre la delicada situación financiera en la que dicen estar inmersas y que pondría en riesgo su operación después de septiembre.

No obstante, el ministro desestimó sus argumentos y dijo que no ve razón para que estas entidades dejen de operar en los próximos meses, tras haber sostenido con ellas una reunión. Además, manifestó que si se quiebran, aplicaría en la emergencia la figura del giro directo a clínicas y hospitales para sortear la situación.

“Nadie puede decir que el dinero se acaba en septiembre, porque aquí están los recursos y se pagan por anticipado y en doceavas partes. Cada mes anticipadamente se paga a cada una de las EPS lo que le corresponde para que atienda a los colombianos”, afirmó durante la rueda de prensa.

Y es que, según estas organizaciones, uno de los factores que más afectan al sistema y a sus operaciones es el cálculo del valor de la unidad de pago por capitación (UPC), es decir, lo que se recibe por cada , puesto que sería insuficiente para atender el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

“Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 por ciento respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema”, habían señalado las EPS.

Al respecto, el ministro de Salud argumentó que el aumento de la UPC se calcula con base en las cifras que entregan las mismas EPS y que para este año el monto creció 16,2 por ciento. Agregó que en 2023 hubo un aumento de 24 por ciento en el presupuesto del sector. “El gobierno de Gustavo Petro le está jugando a la salud y les está entregando más recursos a las EPS, casi un aumento de 11 billones de pesos en el presupuesto, para transferir a la Adres y de la Adres a las EPS”, dijo.

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Sin embargo, las tres entidades aseguran que no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. “Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”, explicaron. Ante esto, el Gobierno aceptó revisar el valor de la UPC y realizar un análisis detallado.

Paul Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario, experto en economía de salud, comenta que se trata de una discusión técnica muy compleja. “Hay algunos estudios que han mostrado que el Gobierno, al parecer, sí se ha equivocado en más de un año en estos cálculos, especialmente en un rubro que ha sido muy difícil de manejar y que no se creó en este gobierno sino en los anteriores: el de los presupuestos máximos, y eso está desfasando seriamente las cuentas del sistema”.

Según el experto, este es un problema que realmente necesita una discusión política y técnica para zanjarse. “Lo que hizo la ley del punto final con el gobierno anterior no funcionó, y ese problema se está agrandando”.

Aunque son varios los expertos que coinciden en ese asunto, el ministro insistió en que “los estados financieros de las EPS en el primer trimestre no muestran una situación crítica”. En este punto, agregó que si estas tres organizaciones dejan de operar en septiembre, el Gobierno tiene un plan de contingencia con el que pueden girar el dinero directamente de la Adres a los hospitales y clínicas, que es justo uno de los caballitos de batalla de la reforma de la salud que hace curso en el Congreso: el giro directo.

Este es un escenario que para muchos especialistas es insostenible. Denis Silva, líder de Pacientes Colombia, asegura que ni el Gobierno ni ninguna EPS en la actualidad estarían en capacidad de recibir a los más de 25 millones de personas afiliadas a estas entidades. En esto coincide Erwin Hernández, médico de la Universidad de La Sabana y magíster en Dirección del Sistema Sanitario, quien asegura que incluso si los s se mudaran a la Nueva EPS –una idea anudada a la reforma–, esto supondría un colapso para la entidad.

Más allá de este panorama, el Ministerio de Salud y las EPS conciliaron realizar mesas técnicas para tratar temas relevantes como la creación de un sistema con el que se auditen los gastos de las EPS. “Mientras hay un control sobre los hospitales, las clínicas y la Adres, nadie controla las EPS. Vamos a buscar un mecanismo para auditar los gastos de los recursos públicos que les entregamos”, dijo el minsalud.

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Para Rodríguez, este punto también genera incertidumbre. “Todas las EPS tienen que girarles las facturas que realizan al Ministerio de Salud, porque con esa información es con la que se vuelve a construir luego el estudio de suficiencia de la UPC. Tener un mecanismo que diga cuáles son los topes máximos o no, se puede hacer con la información que ya está disponible. Sin embargo, es bien difícil saber cómo esto va a repercutir eventualmente, porque una auditoría para el volumen de operaciones que realizan las EPS es una acción muy compleja”, explicó.

El ministro expresó, sí, su preocupación por las numerosas deudas y dejó ver que el Gobierno tiene enfocado su esfuerzo en solventar aquellas que van dejando las EPS en liquidación con hospitales y clínicas. Una premisa no menos importante, de la que se desprenden los principales ejes de la reforma de la salud.