El Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM) presentará el próximo 26 junio en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional su segundo informe sobre el estado de avance en la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la instancia emanada del Acuerdo de Paz de 2016.
En entrevista con EL TIEMPO, Marina Gallego, presidenta del Comité, habla sobre el seguimiento que le han realizado a la aplicación de las recomendaciones en el Congreso y en el Ejecutivo.
¿Qué presentarán en este segundo informe?
En el primer informe solo pudimos hacer un seguimiento a la agenda legislativa y al Plan Nacional de Desarrollo. Este año empezamos a trabajar ya sobre una metodología para el seguimiento y monitoreo. Como saben, nuestro trabajo va hasta el 2029 y tenemos que empezar a trabajar en la metodología y en el sistema mismo para, sobre todo, irlo ajustando de acuerdo a los informes que se vayan presentando por lo menos cada año. Nuestro objetivo es presentar dos informes: el primero, relacionado con los desarrollos nacionales de las recomendaciones, con todo lo que tiene que ver con el Gobierno; y el segundo, que seguramente presentaremos hacia el segundo semestre, presentaremos algo más con enfoque territorial, algo más concentrado. En este año nos dedicamos a elaborar el sistema de monitoreo y revisar los avances y el estado de las 220 recomendaciones que fueron las que pudimos recoger a partir del informe, pero no solo de las principales, las del capítulo de hallazgos y recomendaciones, sino las de varios capítulos que presentó la Comisión de la Verdad.
¿Qué cambió en esa metodología?
Para recabar la información utilizamos derechos de petición, fuentes secundarias, se les pidió a las distintas instancias responsables, las que aparecían en las recomendaciones y a las que se les asignaron unas responsabilidades específicas. Con esto recabamos toda la información y a partir de ello presentaremos el informe el 26 de junio.
¿Le hicieron especial seguimiento a esas recomendaciones que no fueron incluidas el año pasado en el Plan Nacional de Desarrollo?
El PND incluyó 104 recomendaciones: 87 distribuidas en el plan y el resto que tienen que ver con el capítulo Étnico. Sobre estas hicimos énfasis, pero también sobre las que no tienen todavía doliente o que están a cargo de otras entidades, que son otras 100. Hay unas que tienen aspectos estructurales u otras tienen que ver con los territorios y están diseminadas o tienen a otros responsables. A veces son asuntos que van ocurriendo y que necesitan algún estudio, por ejemplo, las transformaciones culturales.
Sobre las recomendaciones que tienen que pasar por el Congreso, ¿qué encontraron?
Sí, fue más poco que el año pasado, pero evidentemente hay avances en algunas leyes y proyectos, como por ejemplo la creación del Ministerio de la Igualdad, que si bien no estaba en las recomendaciones, tiene que ver. En este informe saldrán las iniciativas que se aprobaron este semestre y las que están en trámite como la Ley de Víctimas o la reglamentación de la jurisdicción agraria. Todo eso se analizará, aunque seguramente cuando nosotros estemos presentando algunos seguirán pendientes.
¿Les preocupa que la agenda del Congreso se haya centrado en otros proyectos y no en los ligados a las recomendaciones?
Nos llama la atención, pero no podemos hacer nada aparte de hacer incidencia en algunas de las comisiones del Congreso para recordarles las recomendaciones, es decir, aparte del análisis es difícil que tengamos algo más que decir. Nosotros insistimos en las recomendaciones porque creemos que son muy importantes para la no repetición, para cerrar el conflicto armado y para incidir en las condiciones estructurales que alimentan la guerra, que finalmente el énfasis del informe de la Comisión de la Verdad. Cambiar esas condiciones pasa por el Congreso, otras por el Ejecutivo, otras por la Rama Judicial y requieren, yo creo, mucha voluntad política.
Justamente, ¿ven voluntad en el Ejecutivo para aplicar las recomendaciones?
Sí, vemos voluntad. En unos se ha podido avanzar en otros, no tanto y entendemos que en los movimientos del Estado y del Gobierno tampoco son así, de un día para otro. Lo importante es que se empiezan a mover, no está al 100 por ciento, pero sí vemos movimiento y voluntad hacia el cumplimiento de las recomendaciones.
La Corte Constitucional anuló la creación del Ministerio de la Igualdad, ¿cómo analizan esos casos en los que hay un avance y luego un retroceso?
Sí, pues el Ministerio estará hasta el 2026, es decir, todavía puede hacer asuntos importantes y yo creo que el gobierno tendrá que mirar cómo va a subsanar lo que la Corte le dijo. Ahora, eso requiere de consensos y de cierto trabajo político. No podemos decir nada, más allá de que desafortunadamente así fue.
De cara a los próximos años, ¿en qué se enfocarán?
Apenas estamos mirando en qué se avanza. Al cierre de este Gobierno se hará un balance de cómo se avanzó y con respecto al nuevo, que no sabemos qué ni cómo, pues tendríamos que hacer una nueva estrategia. Ojalá avancemos mucho en este Gobierno, ya que hay voluntad.
REDACCIÓN POLÍTICA