Gobierno y Comuneros del Sur reanudan diálogos tras suspensión de extradición de alias HH

Dos semanas después de que el presidente Gustavo Petro frenó la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, comandante del Frente Comuneros del Sur, la delegación de paz del Gobierno, liderada por Carlos Erazo, y los voceros de ese grupo armado se reencontraron para el séptimo ciclo de negociación. El encuentro, que comenzó este domingo en Pasto y se extenderá hasta el martes, tiene como eje temas como una eventual segunda fase de entrega de material de guerra.

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Cabe recordar que el Decreto 356 de 2025 fijó un plazo de tres meses para la recepción, registro, control y destrucción del material de guerra del grupo armado, el cual vence el próximo 27 de junio. Hasta la fecha, la Fuerza de Tarea Marte de la Quinta División del Ejército Nacional ha destruido 585 artefactos explosivos, entre minas, morteros, granadas y cilindros bomba, los cuales fueron entregados el pasado 5 de abril en Samaniego (Nariño).

Además, durante la jornada de este lunes se discutieron temas como la transición a la ciudadanía plena de los integrantes de Comuneros del Sur, la ruta de reincorporación, la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes y el distrito minero.

Otro tema a considerar es que este encuentro está precedido por la tensión política generada tras la publicación de la resolución que suspende la entrega de Yepes a la justicia estadounidense “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de consecución de la paz total (…) como negociador de la mesa de diálogos de paz con el Gobierno y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.

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Alias HH, quien ha tenido un papel activo en varios ciclos de la denominada Instancia para la Co-construcción de la Paz Territorial en Nariño -como le denomina el Gobierno a esta mesa-, es requerido por la Corte del Distrito Sur de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir. La decisión se toma en medio de una investigación que vincula a Yepes, desde 2019, con la fabricación y distribución de cocaína para su importación ilegal a Estados Unidos.

“A veces toca pararse firme, así lo acusen a uno de estar obstaculizando los acuerdos de extradición. Es una posición incómoda, no siempre fácil de explicar, pero ahí estamos, buscando cómo combinar ambas cosas”, manifestó el comisionado de Paz, Otty Patiño, en diálogo con este diario sobre esta polémica, que se suma a la relacionada con la captura de Andrés Rojas, alias Araña, máximo comandante de los Comandos de la Frontera.

En la resolución presidencial, además, se deja claro que, en caso de incumplimiento de ese compromiso, se procederá con la extradición. “En caso de que, a juicio del Gobierno, se interrumpa su participación o cesen sus aportes al proceso de paz total, se procederá a hacer efectiva la entrega del señor Yepes Mejía”, dice el documento firmado por el jefe de Estado.

El debate en torno a la extradición de alias HH habría sido uno de los motivos que llevaron a la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a presentar su renuncia. Según sus propias declaraciones, recibió presiones desde el propio Gobierno para frenar el envío del líder de los Comuneros del Sur a Estados Unidos, en lo que constituye la primera decisión de este tipo tomada en el marco de la política de ‘paz total’.

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Con este grupo armado, el Gobierno ha logrado avances en temas de desminado y en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Además, se firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral en el departamento de Nariño, el cual aún no ha entrado en vigor. La tregua se extendería por 180 días y podría comenzar de manera paralela con la concentración de los integrantes del grupo en zonas de ubicación temporal.

Asimismo, en abril, durante el evento de entrega del material de guerra, se firmó un acuerdo que contempla la sustitución de cultivos de hoja de coca en 5.000 hectáreas ubicadas en los diez municipios bajo influencia del grupo armado, lo que representa el 11 % del territorio departamental. El compromiso consta de dos fases: primero, se espera declarar al municipio de Samaniego como libre de cultivos de uso ilícito, para luego replicar esta acción en Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Santacruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor.

Otro acuerdo alcanzado hace dos meses fue la implementación de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad, el cual será operado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y tendrá como objetivo “satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas y la memoria histórica”. En ese sentido, el grupo armado también se comprometió a participar en espacios de escucha y reconocimiento de las víctimas.

Este frente perteneció al Eln desde 1992 y, desde su creación, ha tenido presencia en el departamento de Nariño. Actualmente, su principal comandante es alias HH y, de acuerdo con datos de inteligencia militar, cuenta con aproximadamente 100 hombres en armas y 40 más en redes de apoyo (milicias). Su ruptura definitiva con el Eln se produjo el 7 de mayo del año pasado, cuando, a través de un comunicado y tras manifestar su interés en participar en los diálogos regionales de Nariño, anunció su separación debido al “trato de agresión y el actual modelo de conducción desde el exilio político”.

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El proceso de negociación con este grupo comenzó el 19 de julio de 2024 en Pasto, y un mes después se firmó la hoja de ruta del proceso, que contempla el desescalamiento de la violencia, la transformación regional y la transición del grupo armado. En este proceso -que, en términos de capacidad armada, es uno de los más pequeños dentro de la política de ‘paz total’- están depositadas muchas de las esperanzas del actual Gobierno.

CAMILO A. CASTILLO
Enviado especial a Pasto, Nariño
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