Paro armado en el Chocó y violencia en Cauca siembran dudas sobre ceses del fuego

Las gravísimas acciones armadas en tres departamentos del país ponen sobre la mesa las enormes dificultades para alcanzar la ‘paz total’, una de las banderas del presidente Petro y cuestionan la voluntad real de reconciliación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), Estado Mayor Central (Emc) y ‘Segunda Marquetalia’, protagonistas de los hechos.

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En efecto, el paro armado que decretó el Eln en las regiones del San Juan y el Baudó, en Chocó –que culminó a la medianoche–, el ataque del Emc a una ruta escolar en Piamonte (Cauca) –que se suma a la masacre de 4 personas en ese mismo municipio– y los enfrentamientos entre esa disidencia y la ‘Segunda Marquetalia’ en Nariño ponen el foco sobre el complejo escenario al que se enfrenta la política de paz.

“No es simplemente el paro, sino la presencia permanente y el dominio y control del Eln sobre esta zona. Es cierto que hay una necesidad de plantear la presencia del ‘clan del Golfo’, pero hoy la comunidad se pregunta si hay voluntad de paz del Eln”, dijo ayer Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó.

El panorama para la política insignia de esta istración es complejo. Si bien en las mesas se han logrado importantes avances, los analistas coinciden en que estos compromisos aún no se ven reflejados en los territorios. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) o la Fundación Paz y Reconciliación han reportado un aumento de la violencia.

“Los grupos se han fortalecido en ciertas zonas del país y las disputas entre ellos por el control territorial han aumentado de manera significativa”, dijo María Victoria Llorente, directora de la FIP, en un informe sobre la ‘paz total’ publicado en EL TIEMPO en el que también reseña un aumento en las acciones armadas de estos grupos del 11 por ciento durante 2023, pese a que hubo una reducción del 2 por ciento en los hechos contra la Fuerza Pública.

El Gobierno parece ser consciente de ello y ha lanzado duros pronunciamientos en las últimas horas. El mininterior, Luis Fernando Velasco, advirtió ayer que la Fuerza Pública “tiene que entrar con toda su capacidad de acción a enfrentar a quienes hacen estos anuncios”.

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“El Ejército debe actuar. Ahí no funciona, evidentemente, el cese del fuego”, agregó en un mensaje similar al que envió el lunes el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien calificó la declaratoria de paro armado por parte del Frente de Guerra Occidental del Eln como “una deslealtad con los acuerdos”. “El cese del fuego no es un permiso para la comisión de delitos”, complementó.

Sin embargo, más allá de la condena del episodio, el cual según datos de la Defensoría del Pueblo dejó como saldo el confinamiento de 27.000 personas, Patiño no dio pistas sobre si habrá consecuencias o decisiones en torno a la mesa de diálogo.

A estos episodios se les suma un informe de inteligencia que señalaría cómo el Eln se está fortaleciendo en pleno proceso de diálogo y que fue revelado por La W. “Existen evidencias de que el Eln ha utilizado el proceso de paz como un medio para ganar tiempo y fortalecer sus capacidades militares. A través de negociaciones y acuerdos de cese del fuego, el grupo ha logrado reducir la presión militar sobre sus estructuras, permitiéndoles reorganizarse y consolidarse”, dice el documento.

Además, el informe, que fue calificado por de la mesa como “apócrifo”, señala que esa guerrilla “está planeando generar una estrategia de financiamiento utilizando al Estado”.

"El informe de inteligencia difundido por la W es apócrifo. Ello me lo confirmó ayer el general Salamanca y el director de la DIPOL @PoliciaColombia en reunión presencial que tuve con ellos en la Dirección General de la Policía. Es similar al espúreo informe del supuesto atentado contra el Fiscal General de la República y tienen por objeto desacreditar los diálogos de Paz del Gobierno con el Eln", señaló la oficina del alto comisionado para la Paz.

Justamente, este asunto ha sido uno de los grandes interrogantes que deja este proceso con el Eln, pero también el que se adelanta con el ‘Estado Mayor Central’. Las dudas se ven acrecentadas por denuncias como la que realizó el delegado del Gobierno en la mesa, José Félix Lafaurie, quien señaló que durante el último ciclo en La Habana la Misión de Verificación de la ONU no presentó el informe de posibles violaciones del cese del fuego, por lo que el análisis de la extensión de la tregua se hizo sin este documento.

“Más que fortalecerse, el cese del fuego les ha dado aire. Los grupos ya venían fortalecidos de tiempo atrás; es más, llegaron fuertes y grandes a las negociaciones con el Gobierno. Entonces, el que no tengan enfrente un accionar por parte de la Fuerza Pública les da oxígeno, pues dejan de tener un contrincante en el territorio para adelantar acciones con fines económicos”, señaló Francisco Daza Vargas, coordinador de la línea de Paz Territorial de Pares.

El analista considera que una solución podría ser plantear un cese del fuego multilateral con los grupos con los que se negocian y eventualmente con la ‘Segunda Marquetalia’, “para prevenir acciones y disputas armadas que deriven en afectaciones contra la población civil”.

Uno de los primeros problemas que surgiría en ese caso es que ya existen alianzas entre algunos de estos grupos para sacar a otros de un territorio específico. Es el caso que denunció la Defensoría del Pueblo en septiembre del año pasado, cuando habló de combates del Eln y de la ‘Segunda Marquetalia’ contra el frente ‘Dagoberto Ramos’ del ‘Estado Mayor Central’.

A esto se le suma la alianza entre la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, una de las principales estructuras del grupo de ‘Iván Márquez’, con el Frente Comunero del Eln en Nariño.

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Para Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, si bien es importante una tregua de este tipo, encauzar la política de ‘paz total’ requiere de un enfoque en acuerdos humanitarios regionales. “Esos acuerdos generarían un alivio para las comunidades, en tanto se propondrían por lo menos treguas entre los actores armados y se generaría una pacificación territorial”, señaló.

La analista recuerda que uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el proceso son las dudas sobre la unidad de mando de las estructuras de estos grupos, fundamentalmente los casos del Frente de Guerra Occidental y del Frente de Guerra Oriental que actúa en Arauca. En este punto coincide con Carlos Velandia, excomandante del Eln y ahora promotor de paz.

“En el caso del Eln, por ejemplo, hay algunas estructuras que simple y llanamente se reservan el derecho a aplicar o no aplicar las decisiones de las instancias superiores, porque, dicen ellos, viven una realidad distinta. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el departamento del Chocó”, explicó.

Estos hechos coinciden con una cumbre de las Fuerzas Militares en el Club Militar de Bogotá, a la que asisten 102 generales y almirantes en aras de concretar la estrategia militar que se va a desarrollar durante el 2024.

Aunque en este espacio no se habla sobre acciones concretas en torno a lo que sucede en la mesa, fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que sí se discute la estrategia con la que se busca combatir las amenazas que aún persisten en el país por causa del control de las rentas ilícitas.

Cabe recordar que el rol de las Fuerzas Militares en la política de ‘paz total’ se limita a su participación en los mecanismos de monitoreo y verificación, en donde, bajo la tutela del Ministerio de Defensa, cuenta con un representante.

“Ellos tienen primero el objetivo de proteger a la población de cualquier ataque o acción armada de un actor armado ilegal”, concluyó Cabezas.

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