En informe trimestral, ONU alerta sobre el desplazamiento de 137.200 personas en 2024 y llama al Gobierno a garantizar recursos para la JEP

Más de 137.200 personas desplazadas de manera forzada y 94.700 más confinadas en 62 municipios de 13 departamentos entre el 1 de enero y el 31 de agosto, es el balance que aparece en el más reciente informe trimestral del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia y que da cuenta del crudo panorama que se vive en varias regiones del país por cuenta del accionar de los grupos armados.

(Además: Colombia fue elegido para integrar por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).

El informe, que fue publicado este miércoles y será presentado el martes 15 de octubre por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, ante del Consejo de Seguridad de dicho organismo, revela que las regiones más afectadas por el accionar de los actores armados fueron el Pacífico, la frontera con Venezuela en el norte del país, Putumayo, Caquetá, Sur de Bolívar y La Guajira.

El documento indica que, durante el periodo de seguimiento, se presentaron 9 asesinatos de excombatientes y 8 tentativas de homicidio. Esto quiere decir que, desde la firma del acuerdo hasta el 26 de septiembre de este año, han sido asesinados 432 excombatientes, de ellos 11 eran mujeres, 57 afrocolombianos y 56 indígenas.

Pese a esto, el organismo reconoce avances en la implementación de instrumentos clave para la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz -de hecho, destaca la priorización de once áreas geográficas para la implementación de la política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales-; sin embargo, insiste en la necesidad de hacer mayores esfuerzos para proteger la vida de los firmantes y de combatir la impunidad en relación con las múltiples amenazas y ataques de los que son objeto. 

En ese sentido, el informe destaca la necesidad de la pronta promulgación del decreto que establece el programa de protección integral para excombatientes.

“Si bien reconozco el importante trabajo realizado y la magnitud de algunos de estos desafíos, hago un llamado a todos los involucrados para que redoblen sus esfuerzos y mantengan su enfoque en el objetivo general: alcanzar la paz por el bien de los millones de colombianos y colombianas, especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas, que aún se ven afectados en su vida cotidiana por el flagelo de la violencia”, dice António Guterres, secretario general de la ONU.

Con respecto al asesinato de líderes sociales, el informe reseña que durante el periodo de medición hubo 33 denuncias, de las cuales 9 están verificadas, 15 en proceso de verificación y 9 que aún no son concluyentes. Estos son 22 casos menos que en el informe presentado hace tres meses.

(Le puede interesar: ¿Cómo está operando hoy el 'clan del Golfo', el grupo ilegal con más presencia en el país y al que el Gobierno le abrió las puertas de la 'paz total'?).

Gran parte del informe se centra en los avances en la implementación del acuerdo de paz. Sobre este asunto, mencionan avances positivos en términos de entrega y formalización de tierras y en asuntos que permiten el establecimiento de áreas especiales de reincorporación colectiva. Con respecto al primer aspecto, consideran que la tendencia es positiva, pero hacen un llamado para acelerar los procesos (con corte al 5 de octubre se han entregado 281.411 hectáreas de las 3 millones prometidas) y a superar la brecha de género en términos de beneficiarios.

También reconocen que hay “un rezago importante” en el cumplimiento de los indicadores de género del Plan Marco de Implementación y que el progreso del capítulo étnico del acuerdo “fue limitado”.

En el informe, Guterres también hace un llamado al Gobierno a que garantice las condiciones para la implementación de las sanciones propias de la JEP, así como la financiación adecuada de los proyectos restaurativos y las medidas de seguridad de los sancionados. De hecho, indican que durante este periodo la Misión de Verificación les hizo seguimiento a estos dos asuntos, pero que “los avances en el marco de la instancia de articulación entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz siguieron siendo limitados”.

Además, aunque este miércoles se vivió un nuevo capítulo en del distanciamiento entre la JEP y los ex-Farc, por cuenta de la decisión de estos de insistir en la idea de una única sanción, el secretario general saludó “la voluntad de las partes” de continuar un “diálogo constructivo enmarcado en el respeto” a la autonomía e independencia de la JEP.

Finalmente, el informe reserva un espacio para reseñar los avances en la política de ‘paz total’ del presidente Petro, con especial énfasis en el proceso de negociación con el Eln. El documento recoge todos los episodios que llevaron a que la mesa hoy esté suspendida, incluido el atentado terrorista cometido por ese grupo contra base militar en Puerto Jordán (Arauca) el 17 de septiembre, y reseña los “tensos intercambios públicos entre las partes sobre el supuesto incumplimiento de sus acuerdos parciales”.

Aunque reconocen que en cualquier proceso de este tipo de situaciones se pueden presentar, piden por su pronta solución e instan a las partes a volver a la mesa. No obstante, reseñan otros episodios que afectaron la confianza en ese proceso.

“Entre el 11 y el 19 de agosto, el Eln aplicó medidas que las autoridades consideraron un confinamiento forzado. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, se vieron afectadas unas 20.000 personas en el departamento del Chocó”, agregan. 

(Siga leyendo: Gobierno le mete el acelerador a la compra y entrega de tierras, pero sigue lejos de la meta del acuerdo de paz).

Afirman, no obstante, que hubo una reducción de la violencia durante el cese del fuego con ese grupo e indican que, en medio de la tregua, el canal de comunicación nacional del mecanismo de verificación ayudó a prevenir el o armado entre las partes en 61 ocasiones.

“Aunque el cese al fuego proporcionó cierto alivio a las comunidades en varias regiones afectadas por el conflicto, la violencia continua de otros grupos armados siguió afectando negativamente la situación humanitaria, en particular en Antioquia, Arauca, el sur de Bolívar, el Cauca y el Chocó”, concluyen en el apartado sobre esta negociación.

En el texto, se reseñan otros procesos de negociación en curso. Destacan los encuentros con comunidades que ha realizado los voceros del Gobierno y de las disidencias del autodenominado ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes de las Farc-EP’ en Antioquia, el Caquetá, Guaviare, el Meta y Norte de Santander y el inicio del proceso de negociación con la ‘Segunda Marquetalia’.

“El Gobierno siguió persiguiendo su ambicioso objetivo de mantener procesos de diálogo simultáneos con varios actores armados; en la actualidad se encuentran en marcha nueve iniciativas de este tipo. (...) Dio comienzo asimismo un proceso con los Comuneros del Sur, grupo escindido del ELN”, se lee en el informe, en el cual también se mencionan los espacios sociojurídicos que están por comenzar con el ‘clan del Golfo’ y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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