A dos años del final del Gobierno Petro, la 'paz total' se enfrenta a problemas metodológicos y a desconexión con la política de seguridad

La promesa de este Gobierno de alcanzar la ‘paz total’ cumple dos años en medio de una marcada desconexión con la política de seguridad -que ha generado graves impactos humanitarios-, de dudas jurídicas y de serios problemas metodológicos. Esta es la conclusión que presenta la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente balance sobre la política de paz de la istración de Gustavo Petro.

(Además: Gustavo Petro: las claves de los dos primeros años de su gobierno en Colombia; balance sector por sector).

El balance, que se dará a conocer en su totalidad este viernes, presenta varias claves sobre los dos primeros años de la política de paz del Gobierno, estrategia que hoy cuenta con tres mesas de diálogo (Eln, Segunda Marquetalia y ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez, Magdalena Medio y el Raúl Reyes'), un proceso de diálogo regional (frente Comuneros del Sur), tres espacios de paz urbana (Vallé de Aburrá, Quibdó y Buenaventura) y en la que están próximos a instalarse dos nuevos espacios de conversación sociojurídicos -como la oficina de paz denomina a los acercamientos con grupos sin reconocimiento político- con el ‘clan del Golfo’ y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En primer lugar, la FIP hace un análisis de los indicadores humanitarios y concluye, citando datos del Ministerio de Defensa, la Policía y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que durante los primeros años de este gobierno hay una tendencia al aumento de las afectaciones en contra de la población civil. Con respecto al primer año, durante el segundo año Petro hay un aumento del 7 por ciento en el desplazamiento forzado masivo, del 71 por ciento en el confinamiento y del 42 por ciento en los casos de reclutamiento forzado. Además, se registró un aumento del 2 por ciento en la cifra de líderes sociales asesinados, siendo el periodo entre julio de 2023 y junio de 2024 el segundo con más casos en los últimos seis años.

“La principal promesa que hizo la paz total fue un mejoramiento en las condiciones de seguridad y en las condiciones humanitarias y dos años después del Gobierno no podemos decir que eso esté mejor y eso tiene que ver con que el balance entre paz y seguridad no está bien equilibrado. En lo territorial las comunidades están sufriendo muchas disputas de grupos armados y realmente el Estado no está siendo efectivo para desescalar y es porque la paz total no tiene injerencia en las disputas entre grupos armados”, señaló Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad

El informe también reconoce que hay reducción de casos en otros indicadores con impacto humanitario como el desplazamiento individual (-51 por ciento), las masacres (-14 por ciento), el secuestro (-11 por ciento) y el homicidio (-1 por ciento).

Ahora, si se comparan los datos del segundo año Petro con las cifras del último año de Iván Duque en el poder, se evidencia una reducción del 27 por ciento en el desplazamiento (de 51 a 37 casos), del 16 por ciento en las masacres (98 a 82 casos) y del 7 por ciento en el homicidio de líderes (173 a 161). No obstante, aumentó el secuestro (87 por ciento), el confinamiento (44 por ciento), la extorsión (42 por ciento) y el desplazamiento masivo (8 por ciento).

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Un segundo fenómeno que identificaron en la FIP fue el aumento de los ataques en contra de la Fuerza Pública y en contra de la infraestructura y los bienes. Hasta julio de 2023, los casos registrados por la fundación venían disminuyendo con respecto a los registrados durante el último año del gobierno Duque; sin embargo, la cifra se volvió a disparar durante los últimos 12 meses. Se pasó de 96 casos de ataque contra la Fuerza Pública en el periodo 2022-2023 a 140 en el último año.

La tesis de la FIP para explicar el recrudecimiento de la violencia es la separación del ‘Estado Mayor Central’ y la arremetida violenta de la facción que lidera alias ‘Iván Mordisco’ en Cauca y Valle del Cauca. De hecho, en estos dos departamentos se concentraron el 63 por ciento de las acciones en contra de las autoridades.

Este factor también fue determinante para que el número de acciones por parte del Ejército aumentara un 57 por ciento: se pasó de 69 bombardeos o combates iniciados por la Fuerza Pública en el primer año Petro a 108 durante el segundo. “A pesar del aumento, la ofensiva del Estado presenta cifras menores al compararla con gobiernos anteriores”, indica el informe.

La fragmentación de las disidencias fue un duro revés para la promesa de la ‘paz total’ por dos motivos adicionales. En primer lugar, porque la facción que se quedó en la mesa, la de alias ‘Calarcá’, agrupa solo el 40 por ciento de los hombres en armas. En segundo lugar, porque esa división, a diferencia de lo que los negociadores del Gobierno sostenían una vez se confirmó, sí podría generar enfrentamientos entre los otrora aliados por el control territorial.

“Efectivamente hay un riesgo significativo porque esa división del ‘Estado Mayor Central’ puede terminar en una persecusión entre las dos facciones, eso puede ocurrir y generar un aumento en las confrontaciones”, agregó Preciado. 

Justamente, una de las conclusiones del balance de la FIP es que, si bien hubo una reducción del 8 por ciento en los enfrentamientos entre grupos armados a nivel nacional, en Antioquia y Bolívar la cifra aumentó un 80 por ciento, fundamentalmente por las disputas en el Bajo Cauca. También reseñan la tensa situación que hay en Nariño luego de que el frente Comuneros del Sur tomó la decisión de partir cobijas con el comando central del Eln.

“Con la llegada del Comisionado, Otty Patiño, se priorizó la dimensión territorial de la paz, lo que se corresponde con la lógica fragmentada de los grupos. Sin embargo, se ha menospreciado el impacto de hechos como la división del Emc y la apertura de un diálogo con un frente del Eln en Nariño”, dice la FIP. A esto hay que sumarle el congelamiento de la mesa con esa guerrilla, y los problemas que tendrá el Gobierno para negociar con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo integrado por desertores del Acuerdo de Paz.

Gran parte de las críticas que han recibido los ceses del fuego que ha decretado el Gobierno -de los cuales solo está vigente el que dio inicio en octubre del 2023 con las disidencias- es que pueden llegar a ser confusos para las Fuerzas Militares y que estos han facilitado la expansión territorial de estas organizaciones.

Según los datos de campo recogidos por la fundación, las disidencias crecieron un 30 por ciento y su presencia territorial pasó de 230 a 299 municipios. Un caso similar se evidenció con el Eln, que pasó de 189 municipios a 231 con respecto al año 2022.

Pero más allá de las cifras, para la FIP hay otro tema a tener en cuenta y es que estas treguas, dicen, no fueron diseñadas para mejorar las condiciones de seguridad y, por tal motivo, “terminaron por exponer políticamente a las mesas”. “Sobre las treguas y sus efectos positivos en las condiciones de seguridad, pareciera que el Gobierno se siente cómodo, pero estas no son eternas y pueden desvanecerse si no existe la arquitectura jurídica para sostener las mesas”, agregan.

(Siga leyendo: Las dudas jurídicas que se posan sobre el espacio de conversación que el Gobierno instalará con el 'clan del Golfo').

El caso más preocupante es el del clan del Golfo, grupo con el que el Gobierno está próximo a instalar un espacio de conversación. Esta organización, la de mayor influencia territorial del país, hace presencia hoy en 392, es decir, 139 más que en 2022.

El enorme control territorial con este grupo no es el único reto al que se enfrenta el Gobierno. También existen serios interrogantes jurídicos que se posan sobre la intención de Gustavo Petro de desmantelar este grupo y otros que no tienen carácter político. “La paz urbana depende de lo que suceda con la ley de sometimiento, que, como van las cosas, parece estar lejos del alcance de este Gobierno. Sin esa ley, los de las bandas no tienen garantías sobre su futuro. En otras palabras: hoy el Gobierno no tiene nada que ofrecer. Esto también aplica para el ‘clan del Golfo’”, recuerda la Fip.

El problema es que no parece haber voluntad política para presentar una ley de sometimiento en el Congreso -al menos durante esta legislatura- que permita avanzar en el desmantelamiento de estas organizaciones. Tampoco hay mucho tiempo y esto repercute directamente en la confianza de la opinión pública en el proceso. “Son cada vez más las dudas que tienen los colombianos sobre la utilidad de la ‘paz y total’. Para la gente es evidente que el balance de poder en las mesas está a favor de los grupos y que no hay interés o capacidad para equilibrar esa situación”, concluye la fundación, que sostiene que uno de los problemas que se repite en esta política de paz es la “improvisación, la falta de método y de secuencialidad”.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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