Las órdenes incumplidas de las cortes / Análisis

Mientras en el país se hacen cuentas y se juega a la futurología con lo que va a pasar con las fuerzas en la Corte Constitucional a raíz de la salida de las muy destacadas magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo, sigue haciendo carrera una perniciosa práctica que no inventó este gobierno, pero que sí ha llevado a máximos: acudir a leguleyadas para tratar de sacarles el cuerpo a las decisiones de ese alto tribunal y del Consejode Estado.

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La supuesta defensa de la Carta del 91 es una bandera con la que los políticos colombianos y sus abogados se arropan sin sonrojarse a pesar de que sus acciones vayan por otros caminos bien diversos. Enhiestos defensores de la tutela que en algún momento utilizaron las Enh‘tutelatones’ para tratar de colapsar la istración de justicia con el único fin de impedir la ejecución de una decisión istrativa, desnaturalizando el carácter del artículo 86 de la Constitución, se cuentan en esa lista.

Las rectificaciones a medias de altos funcionarios, incluido el Presidente de la República, de afirmaciones calumniosas que se sueltan sin fundamento alguno aprovechando la privilegiada plataforma que les dan discursos, alocuciones y cuentas de X son también expresión de esa burla a las decisiones de tutela.

Esta semana, la Corte Constitucional negó la nulidad con la que el Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo pretendía poner una nueva talanquera a la orden de ese tribunal de reliquidar, en un proceso técnico, la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “El escrito presentado no se fundó en razones claras, expresas, precisas, pertinentes y suficientes”, dijo la Corte al reiterar la orden de reabrir las mesas técnicas garantizando participación plural en la discusión.

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Las solicitudes de aclaración y nulidad han estado en el arsenal del ministro Jaramillo para tratar de dilatar el cumplimiento de la orden de la Corte, que es, desde el principio, suficientemente clara. Esa orden es de enero y vamos ya para el segundo semestre del año sin que el Gobierno cumpla el auto de la Corte Constitucional. ¿Se están utilizando de manera desleal los recursos jurídicos para tratar de embolatar la decisión? ¿Y qué tienen que decir la Procuraduría y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre la conducta del ministro y su equipo jurídico?

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET