La crisis democrática en Venezuela tras las elecciones le pasa factura al presidente Gustavo Petro

Desde su llegada al poder en 2022, el tema de la democracia en Venezuela y sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro ha sido una de las ‘papas calientes’ para la diplomacia del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Cercano ideológicamente al régimen, la posición del presidente Gustavo Petro ha sido, y sigue siendo, que lo que pase con Venezuela depende de lo que decidan los venezolanos. Y el domingo pasado los venezolanos acudieron masivamente a las urnas y decidieron. Por eso las denuncias y evidencias del posible fraude con el que Nicolás Maduro busca mantenerse seis años más en el poder –que han llevado a miles de personas a desafiar la represión y manifestarse en las calles de Caracas y otras ciudades en contra del régimen– plantean para el Gobierno una paradoja crítica frente al tema venezolano.

Una semana después, Bogotá sigue sin reconocer oficialmente el triunfo de Maduro y pide la publicación y el escrutinio imparcial de las actas. Pero se ha cuidado en formas y en términos de hacer alusión a las denuncias de fraude y no ha condenado la violencia y la persecución judicial en contra de los dirigentes de la oposición y de la gente en la calle.

El jueves, en una reunión virtual, el presidente Petro y sus colegas Andrés Manuel López Obrador (México) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) sentaron una posición tripartita pidiendo transparencia en los resultados y diálogo interno para evitar la violencia en Venezuela. Es una posición que ha recibido críticas de amplios sectores, que denuncian falta de firmeza en la defensa de la democracia, pero que debe ser interpretada en un contexto más complejo que el de las simples afinidades ideológicas.

De los tres gobiernos, el que enfrenta una situación de mayor complejidad es Colombia. Juan Nicolás Garzón, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Sabana, explica este escenario diferenciado: asegura que Amlo está de salida y Lula (al igual que Boric en Chile) ha marcado, como sucedió en la campaña, abiertas distancias frente a Maduro. Una nueva oleada migratoria, el impacto de las acciones del régimen sobre temas claves en seguridad y paz en el país y hasta las dudas sobre seguridad energética, de cara a la falta de gas natural el próximo año, están sobre la mesa.

“Está difícil”, dijo el presidente Petro el viernes en El Aro, Antioquia, cuando le preguntaron por la crisis en Venezuela y el papel que podría jugar su gobierno para buscar una salida. El hecho, señalan los analistas, es que por cuenta de las acciones del régimen en Venezuela, e incluso teniendo en cuenta factores pragmáticos como los ya mencionados, al gobierno Petro le va a resultar difícil, si no imposible, seguir defendiendo el discurso de que en el vecino país hay una democracia y que, como lo dijo el propio jefe de Estado, el sistema electoral venezolano funciona de manera transparente. La política de los últimos dos años, que se concentró en darle oxígeno internacional a Maduro (el presidente con el que más se ha reunido el mandatario colombiano) llegó a un punto de inflexión.

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Desde siempre, por encima de las peleas o amistades de los gobiernos, Colombia ha tenido un vínculo estrecho con Venezuela. Son 2.219 kilómetros de frontera terrestre, además la más poblada de América a ambos lados. A esto hay que sumarle los vínculos económicos y sociales, en continuo crecimiento ante el éxodo venezolano. Como en los 70 y 80, cuando cerca de cinco millones de colombianos se fueron a probar suerte en el vecino país, hoy hay en Colombia unos 3 millones de venezolanos que huyeron de la pobreza y del régimen de Maduro. El país es además sitio de paso para centenares de miles más que van, a través del Darién, rumbo a los Estados Unidos.

Y hay factores más recientes, como la intención de comprar gas natural a Venezuela desde el próximo año: si Estados Unidos, como se prevé, endurece las sanciones contra el régimen, ese negocio será virtualmente imposible y el país se quedará sin esa fuente complementaria ante el agotamiento de las reservas internas.

También está la ‘paz total’. Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, expresó su preocupación ante los impactos que pueda tener la inestabilidad política del vecino. “Es absolutamente preocupante porque Venezuela es garante de los procesos con la ‘Segunda Marquetalia’, el Eln y lo que queda del Emc (…) Venezuela es un país garante y en esta situación de inestabilidad que ha aumentado, esta dificultad se incrementa enormemente”, dijo Patiño.

Dichos escenarios hacen que el margen de maniobra de Colombia, y específicamente del presidente Gustavo Petro, sea menos fácil que el de sus homólogos en la región.

Desde las horas posteriores a la jornada electoral se tuvo un tono medido, que algunos califican como tibio, como lo muestra el primer pronunciamiento oficial. “Tras mantener os permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores”, dijo el canciller Luis Gilberto Murillo en un trino, a la una de la mañana del 29 de julio.

En esta misma comunicación indicó: “Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”. La posición no ha variado mucho, a pesar del aumento de la represión en Venezuela, y la estrategia incluso ha llevado a que bajen notoriamente las salidas del presidente Petro en redes sociales.

Primero hubo un silencio total del primer mandatario, ampliamente criticado. El martes muchos le reclamaban a Gustavo Petro por no manifestar una posición oficial más de 48 horas después de los hechos . “El tirano de Miraflores masacra al bravo pueblo venezolano que se manifiesta en contra del robo electoral y Gustavo Petro guarda un silencio cómplice”, dijo en ese momento el representante Andrés Forero, del Centro Democrático.

Desde el Ejecutivo informaron que ese silencio presidencial se enmarcaba dentro de una estrategia buscando una salida multilateral, incruenta y que no terminara golpeando colateralmente a Colombia.

El presidente Gustavo Petro rompió su silencio el miércoles y, más allá de alguna referencia a Hugo Chávez, su postura fue en la línea de lo que ya habían planteado la Cancillería y Luis Gilberto Murillo. “Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia”, dijo el mandatario en un trino.

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La ausencia de una postura fuerte causó críticas, que aumentaron en la tarde de esa jornada, cuando Colombia decidió abstenerse de apoyar la resolución de la OEA en la que se pedía transparencia en el proceso y la entrega de resultados. Algo que, por demás, había pedido el Gobierno colombiano con anterioridad. “Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que publique los resultados de la votación presidencial a nivel de cada mesa electoral y a llevar a cabo un recuento integral de votos con la presencia de organizaciones independientes de observación internacional”, decía la resolución, a la que le faltó un voto para ser acogida.

“Fue una vergüenza el voto de Colombia en la OEA. Contrario, además, a lo que el Presidente y el canciller habían manifestado”, escribió el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo en un trino. Esta posición fue muy similar a la asumida por de la oposición y de sectores independientes.

“Sin duda, es una decisión incoherente con la posición que han asumido públicamente tanto el Presidente como el canciller Murillo, y por la cual tendrán que dar explicaciones”, manifestó el analista político Eduardo Piñeros en diálogo con este diario.

El embajador colombiano ante la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva, expuso que este espacio no era imparcial ante las posiciones anteriormente asumidas y tendría pocos efectos hacia Venezuela. “Era muy complejo de decir que se pueda tomar una resolución en contra de un país que no está presente”, indicó Vargas Silva.

Esto precedió el encuentro virtual de los tres presidentes del jueves, cuyo tono (y eventuales efectos reales en favor de la democracia en Venezuela) han sido recibidos con distancia.

“Increíble, Gustavo Petro. Luego dicen que los tibios son otros. Es indolencia y cinismo”, dijo la senadora Angélica Lozano, que recordó que la vía institucional invocada por los tres países está “cooptada por la dictadura”. Una senda similar tomó la politóloga Sandra Borda: “No se entiende cómo se les exige a los actores de la oposición ‘cautela y contención’ en la manifestación pública y no hay ni un solo llamado explícito al Gobierno para que no detenga arbitrariamente de la oposición, respete el derecho a la protesta pacífica y los derechos humanos de quienes se manifiestan”, dice Borda.

El profesor Manuel Alejandro Rayran, de la Universidad Externado, considera que los tres países se abstuvieran de apoyar la resolución de la OEA con miras a mantener un canal de diálogo con el régimen Maduro, pero al mismo tiempo llama la atención sobre la ausencia de una condena por la violencia contra la oposición. “El comunicado es muy genérico y no hace un llamado a un mayor compromiso con los derechos a la manifestación y los derechos humanos”, indica el académico.

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Para la experta en temas venezolanos María Gabriela Trompetero, la posición asumida por Colombia es “muy preocupante”. Señala que mientras el gobierno Petro mantiene cierta neutralidad en pos de ser mediador, la respuesta venezolana es represiva. “A medida que pasan las horas se hace más urgente que el Gobierno tome una postura firme en contra de las violaciones de derechos humanos y el fraude electoral, ya que al no tener una presión más fuerte de sus vecinos, el gobierno de Maduro solo toma más impulso en su actuar dictatorial”, afirma.

Hay otros que han destacado el papel jugado por el bloque, como el analista Álvaro Forero Tascón, que ha llegado a señalar que ninguno de los tres países juega a una presión internacional, sino a ser facilitadores.

El punto sin resolver es qué es lo que se buscará facilitar: ¿qué no haya un baño de violencia contra la oposición y los miles de personas que exigen que se respete su decisión en las urnas? ¿Una salida digna y segura para Maduro y su sanedrín? ¿Facilitar la continuidad del régimen por otros seis años?

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Además del complejo panorama ya expuesto, la situación de Colombia pasa por las implicaciones de una crisis política y humanitaria exacerbada en Venezuela. Desde ya se comienza a hablar de un posible aumento en el éxodo venezolano, como incluso lo advirtió la líder opositora María Corina Machado.

“En menos de un año (si Maduro mantiene el poder) tendríamos dos, tres, cuatro o cinco millones de venezolanos que huyen en la mayor ola migratoria que hemos visto hasta ahora”, advirtió la líder opositora venezolana María Corina Machado.

A esto se le suma un posible efecto en las economías de ambos países ante los incipientes avances para restablecer las relaciones comerciales.

El presidente Petro arriesga costos en su imagen internacional ante la posibilidad de quedar como un validador de una dictadura en caso de que la postura tripartita no repercuta en un cambio real en Venezuela, dice el académico Manuel Rayran.

Y a nivel de política interna también tiene costos la postura hasta ahora tibia frente al fraude cada vez más probable: por eso alfiles de Petro como el exsenador Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, han gastado muchos de sus últimos trinos para tratar de desmarcar a su jefe de las formas antidemocráticas y el apego al poder de Nicolás Maduro en Venezuela.

JUAN LOMBO
Redacción Política
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