¿Expropiación exprés?: la corta vida de otro polémico intento de meterlo en PND

Menos de una hora alcanzó a durar vivo en el debate de la plenaria de Senado sobre el Plan Nacional de Desarrollo una controvertida propuesta de última hora con la que la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, pretendía derogar casi en su totalidad el Decreto Ley 902 de 2017 y así, según congresistas y expertos en el tema de tierras, abrir una puerta para una expropiación exprés.

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Al cerrar la tarde de este miércoles, ELTIEMPO.COM reveló que la ministra, que asumió su cargo hace una semana, incluyó entre las propuestas del Gobierno en el PND una proposición que tumbaba parte del andamiaje montado por el gobierno de Juan Manuel Santos para cumplir el Acuerdo de  Paz con las Farc en materia de tierras.  

El objetivo de esta nueva propuesta del Gobierno --que se conoció precisamente cuando la discusión del Plan se ha visto visto enrarecida por la aparición de otros dos artículos que según expertos podrían abrirle puestas a expropiaciones sin garantías y que el ministro del Interior, Luis Alfonso Velasco, había pedido eliminar-- era volver a las facultades istrativas para que el Estado adelante sus planes de reforma agraria para agilizar el cumplimiento del Acuerdo. 

Según la justificación anexada por la nueva ministra, revelada por EL TIEMPO, era "necesario derogar el Decreto, cuyo efecto ha sido el de complejizar y ralentizar los trámites para implementar el punto 1 del Acuerdo de Paz del Teatro Colón al someter a los sujetos de reforma agraria a procedimientos istrativos que desconocen la situación de la tierra en Colombia y, fundamentalmente, las barreras, obstáculos y limitaciones de la población campesina para el a la tenencia, seguridad jurídica y apoyo para la producción de alimentos y productos para el intercambio, dificultando así su buen vivir".

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Según el Ministerio de Agricultura, cumplir las normas del decreto del gobierno Santos "en la práctica implica someter al campesinado a un procedimiento istrativo y luego a una fase judicial, ambos de larga duración, constituyendo una medida regresiva para el a los derechos a la seguridad jurídica y por ende, al a los alimentos, al agua y otros bienes indispensables para el consumo del campesinado".

Entre los artículos del Decreto de 2017 que el gobierno Petro pedía derogar estaba el No. 1, que señala expresamente: "En aplicación del presente Decreto Ley se respetarán los derechos adquiridos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas. Nada de lo dispuesto en el presente Decreto podrá ser interpretado ni aplicado en forma tal que afecte, menoscabe, disminuya o desconozca el derecho a la propiedad privada debidamente registrada, legalmente adquirida, legalmente adquirida y ejercida, y protegida por la Ley, como tampoco los derechos adquiridos. Todos y cada uno de los procedimientos y fases procedimentales regulados en el presente Decreto deberán desarrollarse de manera que se otorgue la totalidad de las garantías constitucionales legales, en particular las del debido proceso, a quienes ostenten la propiedad privada de tierras dentro del territorio nacional, y serán nulas las actuaciones que desconozcan o reduzcan dichas garantías, de conformidad con la Constitución Política y la normatividad vigente. En todos los casos se respetarán los derechos adquiridos, la confianza legítima y la buena fe".

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Además de la virtual eliminación de los controles judiciales en el proceso de adquisición de tierras, incluso de manera forzada, fuentes que han manejado los procesos relacionados con la reforma rural integral en el pasado alertaron que la derogación masiva afectaría aspectos como la titulación masiva de la propiedad rural a campesinos, el ordenamiento de la propiedad rural de los municipios y los insumos para la actualización del catastro rural.

Casi simultáneamente con la revelación de la propuesta, la ministra Jhenifer Mojica le dijo al Senado que existía  "una necesidad imperiosa" para cumplir el acuerdo agrario de paz y que "junto con nuestra bancada hemos identificado que hay cuellos de botella que han impedido avanzar en el cumplimiento de la reforma".

Y señaló que el Decreto Ley era uno de esos cuellos del Botella, por lo que pidió aprobar el artículo que derogaba buena parte de los artículos de esa norma, que fue aprobada por el mecanismo de Fast Track en el 2017 y que pasó el examen de la Corte Constitucional. 

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 "Hemos identificado que el instrumento que se creó para crear tanto el fondo de tierras como la formalización ha sido ineficiente. En 6 años del acuerdo, desde el 2017, solo se han logrado recuperar 12 predios del fondo de tierras, unas 300 hectáreas; es decir que, a este paso, nos gastaríamos 9.000 años en cumplir en acuerdo de paz".

Y recalcaron que  la eliminación del artículo 1 abría boquetes en las garantías a los dueños legítimos de tierras. Después de la intensa discusión la ministra tuvo que acceder a retirar la proposición, no sin antes anunciar que volverá a presentar la iniciativa pero por los caminos normales: con un proyecto en las Comisiones Quintas.