La alerta por el giro directo de la Adres a las IPS sigue viva en el PND

Las plenarias de Cámara y Senado iniciaron ayer la votación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El documento, que tiene como máximo para aprobarse hasta el 7 de mayo, llegó a su última fase en el Congreso con 373 artículos, un volumen superior a los 300 que tenía el proyecto inicial presentado por el Gobierno.

(Puede leer también: Se cae la agencia de seguridad digital en el debate del Senado)

Ayer la aprobación en las plenarias del Congreso rondaba el 50 por ciento; sin embargo, quedaban por debatirse algunos de los temas más álgidos, como los cambios que buscan favorecer la contratación con personas de la economía popular y que han suscitado una serie de críticas por posibles contratos a dedo o el artículo relacionado con la compra voluntaria de tierras que abrió el debate de la “expropiación exprés”.

En Senado se discutió sin éxito la eliminación del nuevo artículo que incluiría otra vez la reforma de la salud dentro del Plan de Desarrollo (PND). Y es que a pesar de que esos temas se habían eliminado en el primer debate de la hoja de ruta del Gobierno para que no pasaran de ‘agache’, hay uno que revivió y que también se podría aprobar esta semana en las plenarias.

Se trata del artículo que dice que la Adres realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado, destinados a la prestación de servicios de salud, a las instituciones y entidades que presten dichos servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficios, así como a los proveedores.

Esto quiere decir que la Adres les giraría directamente a los hospitales, sin pasar por las EPS y por ende estas últimas perderían el negocio de la intermediación financiera que han mantenido en los últimos años.

Si bien hoy en día la Adres recauda y recoge el grueso de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (unos 80 billones de pesos) y se los entrega en su mayor parte a las EPS, en el caso de aprobarse cualquiera de estos proyectos pasarían a ser girados directamente a las diferentes clínicas, hospitales y demás proveedores de salud.

Los congresistas no creen que sea conveniente meter este artículo dentro del Plan de Desarrollo. Estos dijeron desde el principio, que al incluirlo en los dos proyectos les quieren meter de manera camuflada este aspecto de la reforma de la salud, pues de no aprobarse en un lado denuncian que quedaría en el otro.

“No entiendo cómo algo que está en la reforma de la salud lo incluyan dentro del PND. Comparto el giro directo, lo que pienso es que quieren garantizarlo con o sin reforma”, asegura el representante de ‘la U’ Víctor Manuel Salcedo.

Mientras que el senador Ciro Ramírez dijo que no se puede poner a consideración de nuevo un artículo que ya fue negado en las comisiones económicas, Miguel Uribe señaló que sería inconveniente pues a la Adres “le quedó grande hacer lo que tiene que hacer.

También hace unos días el senador de Cambio Radical David Luna advirtió que meterlo en el PND impide la discusión suficiente en temas que por su importancia y por el debate que generan deberían ser tramitados en leyes particulares. “Aquí, el Gobierno quiere asegurar la aprobación de puntos álgidos de la reforma de la salud, como el giro directo de recursos de la Adres a las IPS”, sentenció.

Desde Acemi, el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, su presidenta Paula Acosta recalca que el Congreso ha pedido que no se mezclen las propuestas de reforma, pues tienen naturaleza diferente y dice que le preocupan varios aspectos, como que al concentrar todos los pagos en la Adres, entidad que “no cuenta con la capacidad operativa necesaria”, se puede generar un mayor problema de flujo de recursos en todo el sistema.

“Crecería el riesgo de malas prácticas, al concentrar todo el poder de giro de los recursos en una sola entidad que tiene un gobierno corporativo débil, y sistemas de información que no son transparentes al público”, asegura.

Sin embargo, otros actores de la salud están de acuerdo en las ventajas y la necesidad de implementar el giro directo. “Si se logra el giro directo universal, se solucionan dos grandes problemas que agobian a los prestadores públicos y privados, por lo que el proyecto sí apunta a solucionar sus problemas”, asegura la directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), Olga Zuluaga.

También Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, dijo que el giro directo ya está ampliamente difundido en las EPS del régimen subsidiado. “Si se extiende al contributivo, creemos que puede contribuir a la confianza en el uso adecuado de los recursos y el mejoramiento del flujo de recursos a los prestadores y proveedores. Es una figura interesante, exitosa, que da para ser ampliada”, señaló.

El nuevo artículo del Plan de Desarrollo especifica que no estarían sujetas a lo dispuesto en este artículo las EPS que tengan un buen desempeño financiero, es decir, que aplicaría a las que están bajo alguna medida de vigilancia. Por ejemplo, hoy en día están con dificultades financieras algunas como Asmet Salud, Savia Salud, Emssanar, Capresoca o Comfachocó.

“La reforma de la salud se está desarrollando en otra propuesta del Gobierno, así que este artículo no busca ni suplirla ni avanzar en su alcance. El artículo busca fortalecer el flujo de recursos del sector salud, labor que ya ha venido desarrollando la Adres para garantizar recursos a los prestadores”, dijo hace unas semanas Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Como los congresistas tienen que aprobar como máximo el 7 de mayo el Plan de Desarrollo, de momento esta semana no aparece agendada la discusión del proyecto de reforma de la salud para continuar su primer debate. La iniciativa recibió el voto afirmativo en su ponencia, pero se diluyó el quorum justo cuando iban a comenzar a discutir el articulado.

Esto porque los partidos que antes eran de la coalición de gobierno (Liberal, Conservador y ‘la U’) no llegaron a un acuerdo con el Gobierno y dieron la orden de que no podían apoyar el articulado propuesto por el Ejecutivo. Esta situación fue uno de los causantes de la crisis ministerial por la que el presidente Gustavo Petro decidió reemplazar a siete de sus ministros.

Lo más probable es que el proyecto sea debatido la semana del 8 al 12 de mayo. Luego, en plenaria podría ser discutido en la siguiente semana. De acuerdo con la ley quinta, que reglamenta el procedimiento del Congreso, se deben esperar dos semanas para que pase de una corporación a otra.