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‘Sanciones de EE. UU. nos tirarían en los brazos fríos de los chinos’ / Entrevista de María Isabel Rueda
La senadora Paloma Valencia habla sobre la consulta popular y de la posible descertificación a Colombia.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ha sido una de las voces más críticas frente a la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo
PERIODISTAActualizado:
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, protagonista de los recientes hechos convulsionados del Congreso, recuerda que en un Estado de derecho no hay un poder absoluto y asegura que el presidente Petro sueña con ejercerlo. ¿Está amenazado el Estado de derecho?
La semana pasada se eligió, como estaba esperado, al nuevo magistrado de la Corte, Héctor Carvajal, abogado personal del señor Presidente. ¿Le preocupa que alguien tan cercano al mandatario vaya a ser magistrado de la Corte Constitucional?
Es evidente que en una terna del Presidente, todos los candidatos son cercanos a él. La diferencia entre el doctor Carvajal y las otras dos candidatas es que él, siendo amigo del Presidente, no es ideológicamente de izquierda y tiene un compromiso con la imparcialidad y la defensa institucional.
Se tendrá que declarar impedido en muchos temas…
Pues seguramente le tocará, aunque en el caso de Vladimir Fernández (exsecretario jurídico de la Presidencia), de quien uno esperaría que se hubiera declarado impedido, pues no ha declarado los impedimentos que uno creería necesarios, por ejemplo, en la reforma pensional.
(Siga leyendo: Así está el partidor presidencial, a un año de la primera vuelta de elecciones 2026: ¿quiénes se están moviendo?).
Eso no está bien.
No, porque uno no puede ser secretario jurídico de la Presidencia, impulsar políticamente las cosas del Gobierno y después salir a fallar a favor del Gobierno.
Lo otro que pasó en esa sesión a comienzos de la semana pasada es que terminaron en una garrotera, porque la senadora María José Pizarro quería que se reabriera la votación de la consulta. Lo que coloca al Gobierno en tres disyuntivas: la de ella, de reabrir la discusión de un proyecto que se cayó; otra, la de que el Senado vote a favor de un nuevo proyecto que el propio Gobierno presentó; y la tercera, ayudar a impulsar o a hundir la reforma laboral, cuya ponencia sería presentada hoy lunes…
Creo que el Gobierno está en una fase de desesperación, y tratando de adelantar la campaña electoral. Y, por supuesto, buscando una causa a la cual oponerse. Los derechos laborales son lo de menos, porque mientras hay una gran conversación nacional sobre la reforma laboral, el Gobierno está completamente ajeno a ella. Les interesa es la campaña. Eso quedó en súper evidencia.
La consulta sí es muy peligrosa: es el mecanismo del Gobierno para aplastar el Congreso. Yo entiendo que este no cuenta con la simpatía de los colombianos, entonces a la gente no le preocupa mucho lo que le pueda pasar. Recordaba el caso del presidente Uribe, cuando la Corte Constitucional le prohibió la reelección. Él, con el 82 por ciento de aceptación, habría podido usar un mecanismo de la democracia participativa, como el referendo, para cambiar esa decisión, pero habría acabado con el Estado de derecho. Para los colombianos, debe ser prioritario que no pasemos las rayas que empiezan a romper las instituciones.
El 14 de mayo se hundió la consulta popular en la plenaria del Senado. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
Hay muchas inquietudes con respecto a las fallas jurídicas del nuevo proyecto de consulta popular que presentó el Gobierno. Primero, que no lo presentó el Presidente, sino el ministro delegatario, sin tener funciones para ello. Segundo, que las preguntas originales ya fueron derrotadas y no se les cambió una coma; solo que le metieron cuatro preguntas adicionales, esas sí nuevas. ¿Cómo ve esas objeciones?
Sí puede haber un vicio de forma, porque claramente se estipula por parte de la Constitución que serán “el Presidente y sus ministros” quienes presenten ante el Congreso el proyecto de consulta popular. Lo segundo, mi interpretación sobre la norma es que cuando se aprueba o desaprueba un proyecto, ya no se puede volver a debatir. Ni más faltaba que cada vez que un mecanismo de participación es derrotado en el Congreso, se vuelve a presentar una y otra vez. Creo que esto es lo que vamos a tener cuando al proyecto de consulta se le derrote nuevamente esta segunda vez, y una tercera vez... Ello nos llevaría hasta el final del Gobierno, con este tratando de construir la narrativa de que el Congreso no quiere dejar decidir al pueblo.
Los colombianos tienen que darse cuenta de que esto realmente es sobre si un poder público, legítimamente, le puede decir no a otro poder público y, cuando uno es demócrata, lo tiene que aceptar. ¿Cómo una democracia que funcionaba como la de Venezuela, sin darse cuenta, terminó en una dictadura? A punta de pequeños movimientos que fueron rompiendo la institucionalidad y acabaron con el Estado de derecho.
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¿Y no está sucediendo así con todo? ¿Hasta con las relaciones internacionales?
Sí. El Presidente ha resuelto manejarlas a su antojo, a punta de caprichos. Él decide con quién tenemos relaciones y con quién no. Rompemos relaciones con Israel, quiere provocar un rompimiento con los Estados Unidos y quiso lanzarse a los brazos de los chinos. Lo que pasa es que los chinos no lo abrazaron tan cariñosamente como él esperaba.
Usted ha sido muy protagonista en estas últimas semanas intensas en el Congreso. Ha tenido muy buenas intervenciones. Gracias a su empeño, entre otros, no se modificó el orden del día de la sesión en la que el Congreso asumió de nuevo la reforma laboral cuando la mayoría de los parlamentarios se preguntó: ¿si vamos a legislar sobre la reforma laboral, para qué botar 700.000 millones en una consulta?
Hay que decir que ese fue un triunfo colectivo. Siempre estoy intercambiando opiniones con otros partidos y aquí hay que reconocer el liderazgo de la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, del presidente del Senado Efraín Cepeda, bien aporreado y vilipendiado, también de personas del Partido de ‘la U’, del Partido Liberal como el senador Chacón; tenemos muy claro que una cosa es una consulta popular y otra un rompimiento institucional.
Concluimos que la consulta no debería sacarse adelante porque consideramos que sí era grave que hicieran politiquería con toda esa plata de los colombianos. Pero también entendimos que esto no era un tema simplemente de la campaña, sino de ir instalando en Colombia una especie de tiranía, donde cada vez que un poder público diga no, brincan por los recursos del Ejecutivo para destruir ese poder público. Mira, por ejemplo. Había el convencimiento de que sí se necesitaba una reforma laboral, sobre lo cual estuvimos conversando durante muchas semanas, pero sin necesidad de la consulta. Por eso se revivió el frustrado proyecto de reforma laboral por la vía parlamentaria y se terminó votando no a la consulta. Había un riesgo, sin embargo.
¿Cuál?
Que se reviviera la reforma laboral y quedara aprobada la consulta popular. Así, el Gobierno, en lugar de ganar una, habría terminado ganando dos. Por eso, la votación de esa sesión se convirtió en una de las más trascendentales para defender la institucionalidad.
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático Foto:Prensa Senado
¿Será que, en materia de la consulta popular, sí quedó un hueco en el articulado constitucional? No está claro, a no ser aplicando la lógica o siguiendo las normas que aplican a los proyectos de ley normales, que no debe volverse a presentar el mismo articulado que ya derrotó el Congreso…
A esa pregunta creo que la respuesta es: solo una vez. Pero los límites sobre la utilización de las consultas no son claros. Un país que es un Estado de derecho, pues es lo contrario al estado de opinión; uno no puede andar pensando que se pueden reemplazar los poderes públicos simplemente por la voluntad soberana. En las democracias no hay poderes absolutos, que es lo que me parece que el presidente Petro viene añorando hace mucho tiempo.
Él, cada vez que una Corte le dice que no, denuncia un golpe de estado; cada vez que el Congreso le hunde un proyecto, dice: golpe de Estado; cada vez que algún poder público le lleva argumentando que eso no se puede hacer, dice: golpe de estado. Él lo que añora es un poder absoluto, se cree como una especie de emperador y, ante esa tentación tiránica que le ha ido surgiendo al Presidente de manera cada vez más visible, el Estado de derecho tiene que reaccionar, defendiendo el principio de que un poder público pueda decirle a otro que no.
Vamos al discurso de Petro en Barranquilla. En el “boleteó”, por llamarlo de alguna manera, a los senadores que, libremente, porque la Constitución garantiza que el voto parlamentario es inviolable, votaron negativamente la consulta. Y con nombre propio los enumeró…
Es una incitación a la violencia por parte del Presidente.
Y pidió que no votaran por ellos…
Siento que lo del Presidente va mucho más allá del simple señalamiento ‘no voten por ellos’. En su discurso hay elementos parecidos a los señalamientos que hacían durante el paro nacional, donde si se decía que en tal almacén estaban haciendo tal cosa, la masa enfurecida iba a acabar con el almacén. Cuando a uno lo declaran enemigo del pueblo, en este país no se puede sino recordar a la cantidad de personas que han asesinado con ese título.
¿Y la ‘paz total’? La zona que acaba de asignar temporalmente el Gobierno al frente 33 en Tibú no deja sino preocupantes interrogantes…
Cuando el Presidente reitera que él quiere una negociación con todas las bandas criminales, pareciera que todo el círculo empieza a cerrar perfectamente: lo que él está buscando es un nuevo pacto de La Picota. Es que el país dejó pasar de largo, con la salida de la ministra Ángela María Buitrago, los ofrecimientos que hizo el hermano del Presidente en las cárceles; de impunidad, de ley de punto final, de no extradición, a favor de los criminales de lesa humanidad que lo acompañaran. Y eso se ha venido cumpliendo con la ley de ‘paz total’, donde hasta buscaron meter a los narcos disque de gestores de paz.
Ángela María Buitrago renunció al cargo de ministra de Justicia. Foto:Archivo particular
¿Por qué menciona a la renunciada ministra Buitrago?
La ministra renuncia porque de Presidencia le ordenan no extraditar a un narcotraficante que están pidiendo los Estados Unidos. También hubo presiones burocráticas, pero lo más grave es esto: que nos recuerda el pacto de La Picota. El Presidente anda diciendo que si lo obligan a lo imposible, él va a hacer lo imposible. Y uno se pregunta si eso es una amenaza, cuando estamos viendo estos comportamientos…
Personas muy serias opinan que no hay que pararle tantas bolas a esos discursos presidenciales, porque a él lo que le gusta es hablar cháchara. Pero yo creo que a un Presidente hay que tomarlo en serio. Aunque le fascine ponernos a hablar de él…
Pues yo creo que el presidente Petro está en su derecho de hablar con plena libertad, pero lo que dice es digno de un análisis más profundo. La gente lo oye y hay una parte que lo entiende y otra que no, pero en general cada uno escoge lo que quiere entender. En un país con unos índices de violencia como el de los colombianos, con un país en el que campean los grupos armados, habría que tener más cuidado. Las guerrillas que tiene Colombia son de izquierda. Ellos dejaron de ser insurgentes el día en que ganó Gustavo Petro y se convirtieron en algo más parecido a ejércitos paramilitares, porque comparten la ideología de quien gobierna.
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Pero además, hace mucho tiempo viven de la coca…
Son narcotraficantes. Y fíjese en esto: el presidente Petro dijo que la política antidrogas de todos los gobiernos anteriores no servía para nada y no hizo nada; hoy estamos produciendo 2.600 toneladas métricas de cocaína; incautan una cifra que nos deja en 1.815. En la época de Pablo Escobar producíamos 500 y éramos, disque, un narcoestado. Hoy los grupos ilegales están volando en recursos y el gobierno Petro tiene las cifras más bajas de incautaciones de los últimos 12 años, las más bajas de destrucción de laboratorios, las más bajas de erradicación de los últimos 12 años. Entonces uno se pregunta: ¿eso es negligencia? ¿O es pacto de La Picota?
Finalmente, ¿qué ha sabido de la posible descertificación a Colombia por parte de EE. UU.?
Creo que Estados Unidos tiene que hacer un esfuerzo por mirar la relación a largo plazo con Colombia, en la cual un hecho muy exótico es el presidente Petro. Esta relación viene desde la independencia de EE. UU. y de Colombia, siendo constructiva para ambas naciones. Unas sanciones económicas de parte de los Estados Unidos nos tiran en los brazos fríos de los chinos.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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