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Corte Suprema se abstiene de investigar caso contra el senador Juan Pablo Gallo por compra de lote en Pereira

Según el alto tribunal, se concluyó que la suma pagada fue de 2.200 millones de pesos y no había irregularidad.

Gallo fue alcalde de Pereira cuando se presentaron las preguntas irregularidades.

el valor pagado por el lote de la estación policial correspondió realmente a su precio de mercado. Foto: Alexis Múnera

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Danna Valeria Figueroa Rueda

02.05.2025 11:20 Actualizado: 02.05.2025 15:19

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigar los posibles sobrecostos de la adquisición del terreno donde funciona hoy la estación de Policía de Pereira durante la istración de Juan Pablo Gallo, hoy senador por el Partido Liberal. Tras un proceso de nueve años, los magistrados concluyeron por mayoría que el precio pagado por el lote estuvo dentro de los valores de mercado y que no hubo perjuicio para las arcas públicas.

Nueve años de revisión paso a paso

La historia comenzó en septiembre en 2016, cuando un exconcejal de Pereira presentó una denuncia señalando un posible sobreprecio en la compra del terreno ubicado en la carrera novena con calle 10. Según la acusación, la Alcaldía a cargo de en ese momento, Juan Pablo Gallo, habría pagado más de lo justo, lo que podría haber implicado daño al patrimonio de la ciudad.

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Desde entonces, el caso pasó por varias instancias de control y análisis. En los informes iniciales, un estudio privado y los registros catastrales estimaron valores que variaban entre 650 y 1.200 millones de pesos. Y en la valoración interna de la Corte, el alto tribunal ordenó un alto avalúo a cargo de sus propios técnicos para zanjar la brecha entre los resultados anteriores.

Juan Pablo Gallo, senador liberal Foto:UNIVERSIDAD LIBRE

El lento avance de la investigación obedeció en parte, a la condición de aforado del exalcalde investigado, que en 2018 asumió un cargo que le otorgó a protección ante la Corte Suprema. Ese fuero extendió la revisión al máximo tribunal y alargó la toma de decisiones.

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Avalúos confirman que no hubo pagos excesivos

Entre los cinco estudios consultados, las valoraciones oscilan entre 1.575 y 2.377 millones de pesos. Ante esa variabilidad, la corte impulsó un sexto informe, cuyo calculo—ajustado al reglamento urbanístico y a las particularidades del lote—estableció un valor de mercado de 2.998 millones.

La toma y retoma del Palacio de Justicia se registró los días 6 y 7 de noviembre de 1985. — Palacio de Justicia. Foto:EL TIEMPO

La suma definitiva pagada por el terreno fue de 2.200 millones de pesos. Al comparar ambas cifras, los magistrados entendieron que el monto entregado estaba por debajo del valor real estimado, lo que descartó cualquier sobreprecio. En palabras del fallo "el precio fue incluso más bajo que lo que se estimó inicialmente, y también menor que el precio que calcularon los expertos designados por los jueces".

En la votación final, seis de los siete magistrados apoyaron exhibir el caso . El voto minoritario planteó algunas dudas sobre sobre la metodología de ciertos avalúos, pero no alcanzó a modificar la decisión mayoritaria.

Cierre sin cargos y sin trámites pendientes

Con el fallo de la Corte Suprema, el exalcalde Gallo queda liberado de la investigación penal relacionada con ese caso. "Por evidenciarse inexistencia del hecho investigado, se inhibe de disponer la apertura formal de la investigación contra Juan Pablo Gallo", termina el fallo. Además, no hay procesos disciplinarios o fiscales abiertos que busquen revisar de nuevo el contrato de compra-venta.

seis de los siete magistrados respaldaron al inhibición de ese caso. Foto:Prensa Juan Pablo Gallo

La exhibición del expediente reafirma que el valor pagado por el lote de la estación policial correspondió realmente a su precio de mercado.

Ya había una investigación adicional contra el senador

El 26 de marzo de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió también la investigación contra Gallo por un presunto enriquecimiento ilícito en la compra de un apartamento en el barrio Pinamar de Pereira. En el caso, el alto tribunal revisó documentos y dictámenes periciales de 2016 a 2021 para determinar si el valor pagado —400 millones de pesos, dividido en dos cuotas— se ajustaba al precio real del mercado.

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El senador había sido señalado de adquirir la propiedad a un costo menor al habitual y de usar recursos públicos para cubrir parte del pago. Su nombre también había surgido en el escándalo de la UNGRD, donde múltiples congresistas aún son investigados por posibles irregularidades en contratación.

la Corte concluyó que el origen de los 200 millones de la primera cuota estaba justificado —un préstamo de un allegado— y que no existió un aumento injustificado de patrimonio. Con esa decisión, la investigación penal y cualquier trámite disciplinario quedaron sin lugar, tal como sucedió con la compra del lote de la estación de Policía.

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