Los escándalos judiciales / En el ojo de la justicia

Entre todas las modalidades de corrupción que nos asuelan como país hay una, la de la justicia, que es incluso más peligrosa porque el mensaje que envía a la sociedad es, literalmente, que hasta la sal se corrompe. El resultado es una mayor desconfianza en el aparato judicial, con toda la carga de desinstitucionalización y hasta de violencia –la de los que eventualmente deciden buscar justicia por mano propia– que esto implica.

Un estudio de Planeación Nacional del 2017 sobre ‘ efectivo a la justicia’ revela que, en situaciones de conflicto legal, uno de cada cuatro colombianos no recurre a las instituciones encargadas de resolver esos asuntos. El 6,7 por ciento de ese 25 % que opta por no defender sus derechos argumenta explícitamente su “desconfianza en la autoridad”.

Es una percepción que, desafortunadamente, se alimenta semana a semana con los escándalos de la justicia.

El más reciente tiene como protagonista a un fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, que quedó grabado en video recibiendo y guardando a hurtadillas un grueso fajo de dólares. Este dinero, según la Fiscalía, era parte de un millonario soborno supuestamente relacionado con el caso Santrich.

Bermeo es uno de los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación, encargada de documentar los procesos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no reconocidos por los postulados ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Así, sin haber despegado a fondo, la ‘Fiscalía’ de la JEP tiene ya que lidiar con la sombra de la corrupción, que en los últimos años ha tocado a todas las instancias de la justicia, desde la Fiscalía con el caso de Gustavo Moreno hasta las altas cortes.

Frente a esos hechos, lo único que sirve para empezar a recuperar la confianza del ciudadano es que la justicia actúe dando todas las garantías, pero también sin miramientos, a la hora de investigar y juzgar a sus propios servidores y funcionarios cuestionados. Y, sobre todo, que lo haga a tiempo.

Hace exactamente cuatro años, en marzo del 2015, estalló el escándalo que sacó a Jorge Pretelt de la Corte Constitucional por la supuesta exigencia de sobornos para torcer tutelas. La sentencia la dictará la nueva Sala de Juzgamiento en primera instancia de la Corte Suprema, y quienes conocen el proceso dicen que pasarán aún meses antes de que los colombianos sepan la verdad judicial en ese caso, con todo lo que la mora implica tanto para la imagen de la justicia como para los derechos del procesado. En la misma fila de espera está el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Malo, acusado por el escándalo del ‘cartel de la toga’ y cuyo juicio aún no empieza en la Corte.

Historias similares –escándalos sin definición judicial, sea esta absolución o condena– se cuentan por decenas en todo el país.

Un ejemplo emblemático es el de la justicia del Meta, que tiene hoy entre sus dignatarios a varios magistrados señalados desde el 2017 por la Fiscalía de recibir coimas. En el Tribunal Superior de Villavicencio acaba de asumir como vicepresidente el magistrado Alcibíades Vargas Bautista, quien estuvo preso por el escándalo y quedó en libertad en julio pasado. La presidencia de la Sala Penal quedó en manos de Joel Darío Trejos, también procesado por el caso. Y el nuevo presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura en el Meta es el magistrado Christian Pinzón Ortiz, quien enfrenta cargos penales y disciplinarios porque supuestamente blindó a los funcionarios judiciales que estaban en la red de favores ilegales.

La tardanza del aparato judicial para fallar estos procesos afecta la confianza en la justicia, pero también el derecho de cualquier funcionario a no cargar indefinidamente el inri de un señalamiento por corrupción.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET