La escandalosa captura que golpea la imagen de la JEP

La captura de Carlos Julián Bermeo Casas, fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –tras supuestamente exigir un millonario pago para beneficiar al exguerrillero de las Farc Jesús Santrich, pedido en extradición por EE. UU.–, ha supuesto un duro golpe a la imagen de esta institución, clave en la consolidación de la paz.

Estados Unidos requiere a Santrich por el delito de narcotráfico, y la JEP debe resolver si la presunta conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país de la que se le acusa se habría cometido antes o después del 1.° de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz. Esto determinará si el proceso de extradición pasa a manos de la Corte Suprema o si el caso se abordará en el marco de la JEP.

La JEP condenó firmemente lo sucedido con Bermeo y pidió que caiga todo el peso de la ley sobre él, pero también explicó que, como fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación, no tenía “ninguna participación en los procesos en los que se estudian las solicitudes de garantía de no extradición”.

La Fiscalía, por su parte, dijo que Bermeo supuestamente habría pedido dos millones de dólares para favorecer la decisión sobre Santrich. Y por estos hechos fue detenido el viernes, justo en el momento en el que recibía un primer pago de 40.000 dólares.

Junto con Bermeo fueron capturados el exsenador santandereano Luis Alberto Gil Castillo, quien había pagado una pena de siete años de prisión por ‘parapolítica’, y otras tres personas, identificadas como Ana Cristina Solarte, Luis Orlando Villamizar Gamboa y Yamit Prieto Acero.

Tanto Bermeo como los demás capturados son muy cercanos al exsenador Gil. Bermeo, por ejemplo, fue candidato a la alcaldía de Popayán por el partido Opción Ciudadana, que era controlado por Gil. Mientras que Solarte aspiró al Concejo en esa ciudad en el 2015 con aval del mismo partido.

Este sábado, en los juzgados de Paloquemao, se debían legalizar las cinco capturas. Pero como el exsenador Gil sufrió una insuficiencia cardiaca, tanto el juez, como los abogados y el fiscal del caso tuvieron que trasladarse a la clínica Colombia, donde Gil se encuentra internado.

En el centro médico, tras dos horas de audiencia, el juez estableció que la detención de Gil cumplió todos los requisitos y la declaró legal.

La operación del viernes fue planeada durante varias semanas por la Fiscalía. Según fuentes de ese ente, los detenidos, incluido el exsenador Gil, actuaban como intermediarios de quien iba a pagar el dinero a Bermeo. El lunes, el fiscal Bermeo supuestamente les dio un ultimátum a sus interlocutores diciéndoles que si no tomaban una decisión, se haría tarde para intentar beneficiar a Santrich en su extradición.

Fue así como se acordó que el viernes se haría la primera entrega de dinero. Ese día, en un hotel del norte de Bogotá, se encontraron Bermeo y el exsenador Gil para que en ese sitio le entregaran 40.000 dólares, de 500.000 que se iban a entregar ese día. Bermeo, dice la Fiscalía, les pidió a sus interlocutores que entregaran el resto del dinero a unas personas que estaban en el lobby de otro hotel, ubicado en la calle 72 con 5.ª.

Según los investigadores, después de que le entregaron el dinero a Bermeo, él entró a un baño para contarlo y luego se lo dio en un maletín a Ana Cristina Solarte, quien minutos después fue capturada. Ninguno de los detenidos sabía que toda esta operación estaba siendo grabada y que en el lugar había un agente encubierto. Por eso, tras recibir el dinero en el hotel, Bermeo y el exsenador Gil fueron detenidos en flagrancia por un agente del CTI.

Además de estas capturas, esta semana el caso sobre la extradición de Santrich se sacudió por otras dos decisiones. El viernes se conoció la decisión del Consejo de Estado de no quitarle la investidura de congresista al exjefe guerrillero, por no haberse posesionado el 20 de julio pasado. Ese mismo día, Estados Unidos aseguró que no enviará las pruebas que le solicitó la JEP para conocer con exactitud la fecha de los hechos por los que Santrich es requerido.

El exguerrillero no se ha pronunciado, pero voceros de la Farc, su partido, dijeron que se trata de un “nuevo montaje”, añadiendo que se busca enlodar “el prestigio y seriedad de la JEP”.

REDACCIÓN JUSTICIA