Cuando se trata de recordar las páginas más dolorosas del actuar de los criminales en Colombia, suele aflorar la del macabro plan de Pablo Escobar de pagar una suma –un millón de pesos, según la mayoría de testimonio– por cada policía asesinado en Medellín a finales de la década de 1980.
Desde entonces y con alguna frecuencia, por desgracia, vuelve a los titulares la noticia de que alguna organización criminal ha puesto en su mira a integrantes de la Fuerza Pública estimulando a maleantes a acabar con sus vidas por el solo hecho de portar el uniforme.
Ahora es el llamado ‘clan del Golfo’ el responsable de un nuevo y doloroso episodio de esta lamentable saga. Y con tragedias particularmente dolorosas como la de la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, quien murió el domingo pasado en Medellín luego de haber sido atacada en Yarumal, Antioquia, en un hecho que también segó la vida de su compañero de labores, el subintendente Sergio Yepes. Según trascendió ayer, Zuleta se encontraba en estado de embarazo.
Dos tragedias que se suman a las de las familias de otros cinco policías, de un soldado y de dos civiles que han muerto en ataques atribuibles a esta organización y que han ocurrido en la segunda quincena de julio. En todo el año, según el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), han muerto en el país en hechos violentos relacionados con el servicio 34 policías y 53 militares.
Se dice que esta oleada de muerte y terror es la manera escogida por este grupo criminal para enviarle un mensaje al nuevo gobierno en relación con su supuesta fortaleza y con miras a una posible negociación. Vaya manera. Con asesinatos cobardes como estos, solo consiguen enviarle a toda la ciudadanía el mensaje de que se trata de una organización capaz de cualquier cosa, despiadada en su proceder. Y con ello no obtienen sino el rechazo y el respaldo a las autoridades, que siguen en la tarea de combatirla.
EDITORIAL