Llamada de emergencia

La crisis en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá revelada por este diario cayó como un balde de agua fría. La otrora joya de la corona de la capital se encuentra hoy agobiada por los altos costos de operación, que se han cubierto principalmente con deuda y la venta de importantes activos, lo que la tiene asfixiada y sin caja para pagar sus obligaciones.

Los números son preocupantes. Las deudas acumuladas superan los $ 1,1 billones, mientras que sus gastos mensuales, entre costos operativos, pagos de intereses de deuda e inversión, superan los $ 197.000 millones, contra unos ingresos de $ 140.000 millones. Es decir, le faltan 57.000 millones de pesos al mes, casi 2.000 millones por día para funcionar.

El plan de choque que requiere para intentar salvarla es urgente: reducir sus gastos y nómina y renegociar deudas y costos de operación. Vender la red de fibra es una opción. Encontrar un socio tecnológico y operacional también serviría.

Estamos ante una llamada de emergencia que refleja la dura situación del sector de telecomunicaciones en Colombia, que también se observa en todo el mundo. Pero esta es una industria en grave crisis y con un futuro en vilo en nuestro país.

Solo en 2023, el margen de ebitda de todo el sector se redujo en más de 300 puntos básicos debido a la intensa e incontrolable competencia que la ha llevado a un modelo deficitario: el ingreso promedio por baja, mientras el costo financiero sube.

Las deudas de las empresas de telecomunicaciones se han encarecido por encima de un 20 por ciento interanual, sin contar que la mayoría de los costos operativos son en dólares. Dichas deudas, que como en el caso de ETB y otras superan el billón de pesos, requieren urgente refinanciación en un mercado bancario escéptico del futuro de este sector.

Las telecomunicaciones no son un lujo ni un beneficio exclusivo de los más pudientes. Al contrario: las comunicaciones móviles y el internet arropan principalmente a micro y pequeñas empresas de todas las regiones; a colombianos de todos los estratos y edades, en especial campesinos, comunidades alejadas y compatriotas de poblaciones que usan una ‘app’, un servicio o a la red de redes para todo, incluido comerciar, aprender, sobrevivir.

Es urgente que el Gobierno entienda esta situación y comience por analizar en profundidad si las cargas impositivas para las telecomunicaciones, como ocurre hoy, deben ser superiores a las de cualquier otra industria del sector real productivo. Comprender cómo la reducción de las actuales regulaciones, tal vez excesivas, podría alivianar en algo la estabilidad de una industria que debe aportar, en cálculos gruesos, hasta un 40 por ciento de cada peso facturado en impuestos, regulaciones, aportes a fondos e imposiciones regionales, mientras quienes se consumen el poder de la red y copan el tráfico de las telecomunicaciones, como Facebook o TikTok, captan millones de dólares en ventas de publicidad desde Estados Unidos sin pagar una sexta parte de los impuestos o crear los miles de empleos que ponen las telcos, ni cumplir con regulación alguna.

El Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Gobierno en general deben contestar esa llamada de emergencia.

EDITORIAL