Grave retroceso

Con frecuencia y con razón se insiste desde diferentes orillas en la necesidad de combatir de manera integral al crimen organizado. Las principales amenazas que enfrentan los ciudadanos en Colombia pasan por las actividades criminales controladas por poderosas organizaciones que se nutren de economías ilegales.

Se trata no solo de bandas multicrimen, sino de grupos con tentáculos en todo el mundo, directa o indirectamente. Y no se trata solo de los casos de países que, como Venezuela, son cómoda retaguardia de los ilegales.

Son complejas las redes de las que se valen los criminales para proveerse, vender sus mercancías y legalizar capitales. Dineros del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de fauna, de personas y de madera, etc. Fondos manchados de sangre. Hoy no se puede concebir la lucha contra el crimen sin la posibilidad de contar con la cooperación efectiva de otros países que proporcionan información clave y se nutren también de la que logra recabar la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Es una relación de doble vía.

Lo anterior como contexto para entender lo grave que es para el país que la Uiaf haya sido suspendida del Grupo Egmont, que reúne a instituciones pares de esta de más de 170 países. En un breve comunicado, la entidad aseguró que el motivo obedece a “acciones recientes que involucran a la Uiaf Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros ”.

Para el presidente Petro, este es el costo de la verdad, en alusión a la revelación que hizo en días pasados sobre la presunta adquisición por el país del software de espionaje Pegasus. Para quienes se dedican a desvertebrar organizaciones criminales que destruyen el ambiente y reclutan niñas, niños y confinan poblaciones enteras, entre otros, esta es una pésima noticia.

Por supuesto que lo denunciado por el mandatario debe investigarse y aclararse lo más pronto posible. No le conviene al país, en el entretanto, el uso político que algunos pretenden darle al tema en medio de la polarización. Valga decir que autoridades de seguridad del actual gobierno han negado tener información de que esa plataforma exista en sus entidades, al tiempo que generales retirados y altos funcionarios del sector de inteligencia y defensa de la pasada istración emitieron una declaración señalando que ni se ordenó su compra desde la Presidencia, ni existen registros de esa supuesta adquisición.

No se trata de asumir una postura contraria a la transparencia y rendición de cuentas a la que están obligadas las instituciones del Estado, incluso las que se dedican a delicadas tareas de inteligencia, llamadas a salvaguardar la seguridad nacional. Pero para ello el primer mandatario debe saber que tiene a su alcance los canales y herramientas para proceder sin añadirle al hecho un tinte político. El camino para poner en práctica las necesarias investigaciones bien pudo ser uno acorde con la confidencialidad y la articulación armónica de poderes que demanda una información de esta dimensión.

Hoy, la lucha por la paz y la seguridad en el país pasa también por el sistema financiero internacional, es un frente tan importante como el de las calles y los campos. No hay política de ‘paz total’ que pueda beneficiar el interés general si el Estado pierde herramientas vitales para fortalecerse en la mesa y ser el que lleva, como debe ser, la voz cantante.