Alerta temprana

Las constantes denuncias de mandatarios locales sobre el control territorial que estarían ejerciendo grupos armados ilegales adquieren un nuevo cariz ante la proximidad de las elecciones regionales del próximo mes de octubre.

Es muy preocupante que el país tenga que volver a vivir capítulos de su historia que en cierto momento no muy reciente se creyeron superados. Esos en los que las citas en las urnas, en particular las que se convocan para elegir autoridades del orden departamental y municipal, eran también un verdadero desafío de orden público para las autoridades. Constituían también una oportunidad que muchos de estos grupos con pretensiones de esquilmar el erario tal y como ya lo hacían con los recursos naturales y con otra serie de rentas ilegales bien conocidas intentaban siempre aprovechar. Por suerte, en los últimos años la constante ha sido que el país ha votado en paz.

Pero hoy la realidad es otra. Por desgracia. El empoderamiento creciente de los grupos armados, desde el Eln hasta el ‘clan del Golfo’, pasando por las disidencias de las Farc y la llamada ‘Nueva Marquetalia’, ha obligado a encender las alarmas. Hay preocupación comprensible y fundada respecto a qué pueda resultar de la coincidencia entre las elecciones de octubre, el cese del fuego –que ya no está vigente con las disidencias de las Farc o ‘Estado Mayor Central’– y, en general, la presencia cada vez más recurrente y agobiante para la gente de estos grupos en la vida cotidiana de varios territorios del país. Esto al punto que autoridades locales como los mandatarios de Tibú y Cartagena del Chairá, han tenido que abandonar sus despachos y ejercer su cargo desde otros lugares más seguros. ‘Iván Mordisco’ ha dicho, altivo y amenazante, que no quiere ver candidatos.

Todo esto, con razón, ha generado revuelo. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ya expresó su inquietud al respecto en declaraciones a este diario. Se refirió a intimidaciones a candidatos, que además no serían exclusivas de su departamento. El informe más reciente de la Misión de Observación Electoral, MOE, registró 282 acciones contra líderes políticos sociales y comunales entre octubre y abril.

Frente a esta situación el gobierno tiene que tener muy claro que lo que se juega en octubre va bastante más allá de los mismos comicios. Se trata de la coyuntura en la que debe enviar un mensaje claro, certero y tranquilizador a la gente de que no obstante las dificultades que nadie niega, el estado de derecho, la institucionalidad y la vigencia de la Constitución están a salvo y vitales en el país. Las medidas anunciadas para priorizar la vigilancia de 70 municipios, en donde se concentran las situaciones, son bienvenidas, pero deben ser asumidas como un componente inicial de una estrategia que necesita de permanente fortalecimiento.

Así mismo, los procesos de acercamiento y diálogos con los armados no pueden de ninguna manera ser óbice para bajar la guardia. La prioridad es la democracia y para ello son necesarias unas elecciones seguras, en paz y con garantías suficientes para todos los aspirantes independiente de cuál sea su militancia en todos los rincones del territorio nacional, sin excepción.

EDITORIAL