A partir del próximo 15 de julio los colombianos empezarán a experimentar la reducción de la jornada laboral, en concordancia con la Ley 2101, aprobada en 2021. De las 48 horas semanales se bajará a 47 este año, y de forma gradual hasta 42 horas a partir del año 2026. Esta disminución de la carga horaria, impulsada por la bancada del partido Centro Democrático en el Congreso, constituye una buena noticia para los trabajadores colombianos formales, que contarán con un tiempo adicional para compartir con la familia, el descanso o el estudio.
Esta definición de ley no implica ninguna modificación de los derechos y las condiciones laborales actuales, es decir, los salarios no deberán sufrir reducción alguna y las horas extras que se generen por estos cambios deberán pagarse a los trabajadores. Si bien las empresas han tenido alrededor de dos años para ir preparándose para estas disminuciones anuales de la jornada, no sobra recordar que estos ajustes no son gratuitos y serán asumidos por los bolsillos de los empresarios.
Para mantener los tiempos de producción y de servicio actuales, los negocios deberán asumir cuatro horas adicionales que podrían traducirse en un aumento de hasta 2 por ciento de la nómina en 2023 y un 6 por ciento en 2026, cuando termine completamente la reducción. Inevitablemente, esta disminución elevará los costos laborales de las empresas y se traduce en un reto para la productividad de los trabajadores. Junto con una mejor remuneración y menos horas de trabajo, los colombianos necesitan producir más en esa jornada reducida y brindarle más dinamismo a la economía.
Esta reducción llega en momentos en que el Gobierno Nacional anunció que presentará de nuevo al Congreso un proyecto de ley de reforma laboral. Este debate abre la oportunidad tanto para reconocer los costos que asumen los empresarios, señalados con dureza en estas discusiones, como para incluir medidas que incentiven la formalidad y eleven la productividad.
EDITORIAL