Deuda de las Farc

La desaparición forzada representa, sin duda, una de las facetas más trágicas y dolorosas del conflicto armado en Colombia. Con un número de víctimas que se estima entre las 80.000 y las 100.000 personas, pues son miles los casos que nunca se denunciaron, la desaparición mantiene por años, a veces por toda una vida, en el limbo a miles de familias que, aunque temen lo peor, siempre guardan una última esperanza sobre la suerte de esos seres que nunca volvieron.

Un estremecedor reportaje multimedia publicado ayer por esta casa editorial retrata, desde múltiples enfoques, la tragedia que viven las familias de los miles de víctimas de este delito a manos de la desmovilizada guerrilla de las Farc. A pesar de que han pasado ya seis años largos desde la firma de la paz, uno de cuyos compromisos era ayudar eficazmente en la ubicación y entrega de los restos de esas personas, además de aportar plena verdad sobre su suerte, lo cierto es que hay pocos avances en este penoso frente.

Desde el 2018, cuando empezó oficialmente labores, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha recuperado los restos de 611 personas; de ellas, 167 ya han sido entregadas a sus deudos. Son logros importantes, sin duda, pero aún escasos frente al universo de la búsqueda y, puntualmente, ante el número de seres humanos, de diversas edades y condiciones, que se llevaron las Farc en sus más de 50 años de guerra y jamás regresaron. Según Memoria Histórica, no menos de 3.700 desapariciones forzadas fueron responsabilidad de las Farc. Y de ese total, al menos 2.000 eran secuestrados que no recuperaron su libertad, de acuerdo con los registros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Pero el total de víctimas es mayor porque en esas cuentas no entran centenares, eventualmente miles, de menores que fueron reclutados forzadamente por las Farc y que luego fueron ejecutados en inmisericordes ‘juicios revolucionarios’, ni tampoco hay datos de muchas personas desaparecidas por la desmovilizada guerrilla en estados de frontera venezolanos como Apure y Táchira o en la ecuatoriana provincia de Sucumbíos.

Concretar cuanto antes los resultados de toda la institucionalidad creada por el acuerdo de paz es imperativo. No solo para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, y del país mismo, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, sino para legitimar y consolidar una negociación que, aunque histórica, aún sigue teniendo muchos detractores. Los ex-Farc, la mayoría de los cuales le han cumplido a la promesa de no volver a las armas ni a la ilegalidad, están en mora de aportar realmente en la ubicación de todas estas personas que nunca volvieron y en el esclarecimiento de los dolorosos hechos de la guerra.

El Estado todo, JEP y la Unidad de Búsqueda incluidas, debe redoblar sus esfuerzos para lograr que los restos de las víctimas de desaparición forzada –los de todos los actores ilegales y los de los agentes del Estado que traicionaron su deber– lleguen a sus familias para que estas empiecen, por fin, a pasar la dolorosa página de la zozobra que no termina.

EDITORIAL