Cuentas descuadradas

Solo unos pocos comentaristas tomaron nota de una información proveniente del Ministerio de Hacienda en días recientes. Según la entidad, al cierre del primer trimestre del presente año la diferencia entre los gastos realizados por el Gobierno central y los ingresos recibidos dejó como saldo un déficit billonario, equivalente al 2,1 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Dicha cifra es, de lejos, la más alta desde cuando la entidad comenzó a llevar esa contabilidad mensual, a comienzos de 2004. Pero sobre todo lo que confirma es un enorme desbarajuste de las cuentas públicas que pone en entredicho la estabilidad fiscal de Colombia.

El asunto no es nuevo, pues desde hace tiempo se vienen encendiendo las alarmas. El año pasado los recaudos de impuestos se ubicaron muy por debajo de la meta establecida originalmente, sin que el Ejecutivo hubiera hecho los recortes necesarios para compensar el faltante.

Debido a esa circunstancia, el saldo en rojo de las finanzas estatales se ubicó en el 6,7 por ciento del PIB al cierre de 2024, mientras que el peso de la deuda pública superó la cota del 60 por ciento del producto. Tales datos se asemejan a los de la época de la pandemia, con la diferencia de que esta vez no existe una emergencia sanitaria que justifique el haber incumplido los objetivos establecidos en su momento.

Además, todo apunta a que el futuro cercano será todavía peor en esta materia. Otra vez los reportes de la Dian muestran un desfase entre lo presupuestado y lo obtenido, mientras en la istración Petro no parece existir propósito alguno de ajustarse a una realidad financiera que raya en lo angustiante.

Por el contrario, es evidente que las erogaciones siguen disparadas. Una prueba de ello es el informe publicado en este diario, según el cual el gobierno en ejercicio ha firmado contratos de prestación de servicios que superan en un 75 por ciento los suscritos por su predecesor.

Cualquier llamado a la austeridad es ignorado. En opinión del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, cumplir con los propósitos expresados por el Ministerio de Hacienda respecto a mantener la casa en orden en 2025 exigiría un tijeretazo de, al menos, 46 billones de pesos. En un escenario más ácido, ese guarismo ascendería a 75 billones.

Lejos de optar por la contención, la respuesta de la entidad es la de buscar dinero. Ello explica el decreto que aumentaría los anticipos del impuesto de renta del próximo año, lo cual no es otra cosa que subirles las cargas a los contribuyentes ahora a cuenta de lo que deben pagar en doce meses. Aparte de ello están planteamientos como los de obligar a Ecopetrol a pagarle al fisco supuestas contravenciones al IVA que ocasionarían un problema de caja serio para la compañía petrolera.

Actitudes como esa son las que explican el congelamiento de hecho de la Línea de Crédito Flexible concedida en su oportunidad por el Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto que no había intención de utilizar esta facilidad, lo que ya se ve a la fecha es un alza del costo de las nuevas emisiones de deuda, el cual refleja una percepción de riesgo creciente sobre el país. Y ese mayor valor de intereses lo acabarán pagando, de una forma u otra, todos los colombianos.

EDITORIAL