Tomas de represión

La salud fue el tema central de la semana. Se archivó el proyecto de reforma del Gobierno, como resultado de que la Corcho y Jaramillo fueron incapaces de persuadir al país acerca de las bondades de la iniciativa. Y se precipitó el denominado “golpe”, para inducir el desmonte de las EPS con las tomas de posesión, que se prepararon desde la reciente reorganización de la Supersalud: se nombró como superintendente a un activista que en las redes sociales trata a las EPS como “mercaderes de la muerte”, y se abstuvieron de colocar un técnico en la delegatura para entidades de aseguramiento, para llevar allí a María Elizabeth Beltrán, obsecuente funcionaria del alcalde Petro en los tiempos de la Bogotá Humana, a quien se le confió el diseño de las intervenciones.

En el derecho económico se tiene por sabido que la toma de posesión por parte del Estado es la ‘ultima ratio’. Por ello existen más de diez institutos de salvamento, de los que disponen las superintendencias para precaver la intervención de sus vigiladas. De allí que se denominen “medidas preventivas de la toma de posesión”, las que debieron usarse en esta coyuntura, antes de decretar la intervención, tales como la vigilancia especial, los programas de recuperación e, inclusive, la expedición de órdenes de capitalización a sus dueños.

Pero no. Aquí se ordenó de una vez la toma de posesión de las empresas, lo que huele a desviación de poder y a abuso de autoridad, sin que en el momento de escribir esta columna se conozca la verdadera razón, al punto de que el miércoles en la noche el supersalud se justificaba diciendo que buscaba “que los recursos de la salud primero lleguen a donde deben llegar”, mientras la resolución en el caso de Sanitas, al menos, no habla de desviación de recursos, sino básicamente del incumplimiento de su patrimonio adecuado, caso en el cual lo que procedía era una orden de capitalización. Pero se decidió remover, de un totazo, a sus juntas directivas y presidentes, inclusive a Aldo Cadena, de la Nueva EPS, quien apenas se posesionó.

El capricho istrativo llega al extremo de ordenar que las asambleas de accionistas cesen en sus funciones, aun para disponer los aumentos de capital, a pesar de que la ley solo desplaza a los es y a los directores de la istración de los bienes de la intervenida. Es decir, por la voluntad despótica del supervisor, los dueños no podrán ejercer los derechos que emanan de sus acciones. Si el Estado suplanta a los propietarios, estamos es en presencia de una expropiación.

El término de la medida también es irregular. Se ordena por un año, cuando la ley habla de un período de indagación inicial de dos meses, prorrogables por otros dos, al cabo del cual se puede ordenar la liquidación de la entidad. Cuando no se dispone la inmediata liquidación, es cuando la medida podrá mantenerse hasta por un año (art. 116/2/ EOSF).

Lo más grave de todo es que la toma de posesión para istrar es la puerta de entrada a la liquidación de la intervenida, como resultado de la pérdida de confianza del mercado. De manera que, contrario a los mensajes que se difunden, los afiliados sí deben temer por el futuro de su salud, tanto más cuando las personas designadas como interventores, carecen de la experticia necesaria para el manejo de estas macroempresas, que no son hospitales regionales.

Es previsible que lo que siga sea el caos. Pronto veremos largas colas de s a las puertas de las EPS intervenidas; remoción de los agentes interventores por incompetencia; paro de los trabajadores por desatención de sus prestaciones laborales; cierre de las líneas de crédito bancarias y reclamos de los proveedores por falta de pago de sus acreencias, quienes anunciarán la suspensión del suministro de bienes y servicios a las EPS. Cuando esto ocurra se entenderá que todo fue concebido no como útiles tomas de posesión, sino verdaderas tomas de represión.

Taponazo. La policía no puede ser responsable de las ollas en las ciudades, cuando la política oficial favorece el consumo de drogas.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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