“Estoy comprometido a resolver nuestros desafíos fiscales, pero me niego a aceptar cualquier enfoque que no sea equilibrado. No les voy a pedir a los estudiantes y adultos mayores y familias de clase media que paguen todo el déficit”. Estas no fueron palabras del nuestro ministro de Hacienda, sino de Barack Obama en su primer discurso luego de su reelección como presidente de Estados Unidos. En tal ocasión agregó que aumentaría los impuestos o disminuiría las deducciones de los ricos, que expresamente indicó como las personas que, “como él, ganan más de 250.000 dólares anuales”.
Sin duda, aquí en Colombia todo el mundo estaría de acuerdo con el presidente Obama: quien –a la tasa de cambio hodierna– gana más de 90 millones de pesos mensuales debe considerarse rico. Menos personas, sin embargo, estarían de acuerdo con que los ricos sean los colombianos que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, así como resulta del proyecto de ley de reforma tributaria recientemente presentado por el Gobierno. Las debidas diferencias no guardan proporción, toda vez que, por ejemplo, según el Banco Mundial, el PIB per cápita americano a paridad de poder adquisitivo es cuatro veces mayor que aquel colombiano.
En la exposición de motivos de la Ley para la Igualdad y la Justicia Social se lee que “los topes nominales establecidos actualmente para la renta exenta automática aplicable a las rentas laborales, así como para el total de rentas exentas y deducciones de la cedula general, son significativamente elevados, relativos a la estructura de ingresos del país”. Y es aquí donde empiezan las incomprensiones con los ciudadanos de clase media porque ellos no piensan en la estructura de sus ingresos, sino en aquella de sus gastos.
Tomamos como ejemplo dos gastos típicos de una familia de clase media, como son un carro y la educación de los hijos. Según la revista ‘Motor’, el carrito más económico –el Picanto 1,0– vale 47’700.000, nuevo. ¿Cuántos años debe ahorrar un jefe de hogar que gana diez millones (y hasta algo más) mensuales para comprarlo? Además, si este mismo contribuyente tiene dos hijos que atienden una universidad acreditada, el solo valor de las matrículas anuales equivale a la mitad de su sueldo bruto anual.
Tengo que aclarar que estoy convencido de que para conseguir una mayor igualdad tributaria, los topes nominales de las rentas exentas y de las deducciones debían ser reducidos, así como considero justo sumar las rentas líquidas gravables de todos los componentes de ingresos de las personas naturales. Sin embargo, estos cambios hubieran podido haberse hecho de una forma menos drástica. En todo caso, una verdadera reforma estructural dirigida a conseguir una mayor igualdad entre contribuyentes debería haber sido dirigida a discernir las diferentes condiciones de las personas. En una perspectiva de gastos, diez millones de pesos de ingresos no son los mismos si al recibirlos es una persona con un hogar a cargo o es un joven sin compromisos familiares.
Y finalmente, quisiera aprovechar el llamado que hizo el señor ministro de Hacienda y avanzar una propuesta. Sería bueno que se acabaran las que en la exposición de motivos se llaman exenciones y deducciones no estándar, aquellas que son de mayores proporciones y favorecen solamente a unos grupos de contribuyentes. ¿Por qué los de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, pero, sobre todo, por qué los rectores y profesores de universidades públicas y los magistrados y jueces de la República tienen derecho a mayores exenciones y deducciones? ¿No sería justo que todas las personas naturales fueran sujetas a los mismos parámetros de tributación?
STEFANO FARNÉ
Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia