Sin poder ni territorio

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El asesinato del director de la cárcel más importante del país se produce en momentos en que se hace evidente que el Gobierno no controla ninguno de los 125 establecimientos carcelarios que están hoy en el registro del sistema penitenciario de Colombia. Su trabajo está reducido a cubrir los costos de la istración y mantenimiento de esos penales que están al servicio de una dinámica empresa del crimen. No son pocos los elementos que sugieren cómo esas empresas son las que regulan la disciplina carcelaria, la atención de las necesidades de recursos, la entrada y salida de los reclusos, y los tipos de organización criminal y operación delincuencial que controlan directamente, sin que las autoridades puedan (¿quieran?) hacer nada.

Por su parte, los ataques de las disidencias de las Farc a los municipios de Caloto y Morales en el Cauca y la explosión de una moto bomba en Jamundí, en el Valle del Cauca, ocurren en un momento en que, como reporta la Defensoría del Pueblo de Colombia, en su informe ‘Panorama nacional de derechos humanos’, en el que afirma que “los grupos armados en el territorio colombiano tienen los derechos humanos de la población civil contra las cuerdas en 427 municipios de los 22 departamentos de Colombia”. El informe del Defensor no podría ser peor. “La presencia en el territorio de las Autodefensas Gaitanistas pasó de 213 municipios en 2019 a 329 en 2023; la del Ejército de Liberación Nacional (Eln) pasó de 149 a 232 municipios en el mismo periodo de tiempo. La del ‘Estado Mayor’ de las Farc y la ‘Segunda Marquetalia’, de 124 a 299, y la de los grupos de crimen organizado, de 114 a 184 municipios”. Lo grave está en que los reportes de los informes de seguimiento para el cumplimiento de las entidades del Gobierno con las alertas emitidas por la Defensoría indican que “de los 223 informes de las Alertas Tempranas, el 55 % presenta un bajo cumplimiento, 21 % ha tenido un cumplimiento medio, y apenas el 1 % de las alertas tramitadas fueron atendidas como corresponde por las entidades y organismos respectivos”.

No hay duda de que el largo listado de eventos ha desbordado la capacidad del Gobierno para atenderlos. Bajo el gobierno Petro ha quedado convertida en una pobre y menguada red de instituciones que se caracteriza por la diseminación de poderes y micropoderes, que se desenvuelven en una red de instituciones dispersas que no están articuladas en torno a un aparato que no es único, ni tiene un centro definido y apenas está conectado por una coordinación transversal de instituciones y tecnologías estatales, públicas y privadas. Por eso, después de cada hecho que provoca conmoción social, la conclusión se repite. Estamos ante un gobierno que no tiene capacidad para conducir al país en una dirección definida; unos hechos que podían ser anticipados y una sociedad angustiada ante la cada vez mayor incertidumbre de saber que lo que vendrá puede ser peor.

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional