Costos de salud y contratos a largo plazo

El exministro Hommes ha venido liderando una importante campaña pública para develar la gran carga que le está generando, y aun a los hogares acomodados, el pago de servicios en salud prepagados. Mencionó que esa atención médica ahora le vale $ 32 millones/año y que, a ese ritmo, podría verse en dificultades para renovarla próximamente.

Su clamor me recuerda la ‘vaca familiar’ que teníamos que hacer para sufragar esos mismos costos en el caso de mi padre. Si bien logramos que llegara a sus 98 años, nos angustiaba ese escalamiento de costos de la prepagada a ritmos muy por encima de la inflación anual. ¿Cuántas familias de clase media están al borde de no poder seguir renovando esos servicios?

Le comentaba al exministro que en 2018 habíamos emprendido una campaña similar sobre concientización de costos desbordados tanto en salud como en educación superior. Les explicamos al Minsalud, EPS y Fasecolda la urgencia de cambios regulatorios que estipularan, al inicio de los contratos, que los cánones anuales se reajustarían máximo en IPC + 2 %. Esto supone que este último valor equivale a ganancias en productividad del sector salud.

Esquemas de este tipo implican que las EPS y aseguradoras usarían la fijación del precio de los nuevos contratos como la variable que acomodaría posibles desbalances financieros, y no a través de su clientela ya cautiva. El objetivo de esa nueva regulación debería ser proteger de abusos a la clientela actual, sabiéndose que las prepagadas tienen a su favor la ‘preexistencia’ como elemento de captura.

La literatura actuarial los denomina “contratos incompletos”. Varios premios nobel de economía han propuesto solucionar sus ambigüedades a través de precisar ‘ex ante’ la ‘letra menuda’ sobre cómo serán los ajustes intertemporales debidos a longevidad y género. Actualmente, las EPS usan estos factores como excusas para disparar sus cánones por encima de la trayectoria esperada de la inflación. Mientras tanto, los ingresos salariales sí se ciñen a esta última variable, generándose una insostenible brecha en capacidad de pago.

También se tiene el serio problema de ‘selección adversa’, a través del cual las EPS discriminan en contra de los mayores, interesándose más bien por jóvenes que demandan bajos servicios en salud. Pero a estos últimos también ‘los ajustarán’ en el tiempo a través de los ‘contratos incompletos’, y de allí la urgencia de los cambios regulatorios antes señalados.

Los contratos de salud prepagados se rigen actualmente por la Ley 1438 de 2011, pero usan criterios de ‘libertad vigilada’. En la práctica, la Supersalud ha optado por no intervenir en la fijación de las tarifas prepagadas, diciendo que solo cubren el 2 % de la población. Pero esto revela algo de miopía del Estado y las EPS, pues con esos disparos tarifarios las están tornando inviables para el grueso de la población. También parece existir un problema de ‘arbitraje regulatorio’, pues a las EPS y prepagadas las vigila Supersalud, pero las aseguradoras dependen es de la Superfinanciera.

Los rubros de salud con mayores incrementos han sido precisamente los del aseguramiento privado, creciendo a ritmos del 3,3 % real anual en las dos últimas décadas. Este incremento supera inclusive el de los medicamentos básicos, que han crecido a ritmos del 1,8 % real anual. Estos últimos han logrado moderarse recientemente, gracias a la política de referencia en precios internacionales adoptada por Minsalud. Se ha estimado un ahorro equivalente a 1 % del PIB en el rubro de medicamentos, pero los costos del aseguramiento privado han seguido desbordados.

La actual pandemia ha disparado los riesgos epidemiológicos, y esto debería alertar a las autoridades para contener también el riesgo financiero de insostenibilidad de las prepagadas para la clase media.

SERGIO CLAVIJO