Tecnopolíticos e instituciones

La coherencia de los tecnopolíticos es puesta a prueba cuando los economistas académicos se desplazan, como debe ocurrir, hacia cargos gremiales o de funcionarios públicos. Y digo que así debe ocurrir, pues las visiones se enriquecen al utilizar adecuadamente la puerta giratoria sobre cómo es que se logran implementar y con arraigo las buenas políticas públicas.

Ese tránsito hacia la práctica suele arrojar mayor valor agregado que la permanencia de académicos en “urnas de cristal universitarias”, privándose del aprendizaje en los laboratorios del mundo real. Máxime cuando se clama por soluciones aquí (en Colombia) y ahora (no en promesas futuristas).

Esos ‘tecnopols’ deben aplicarse a fondo para aprovechar las ventanas que se abren (solo temporalmente) en la gestión pública, lo cual implica dar prioridad a la agenda que tiene mayor probabilidad legislativa. Existe el peligro de salir a justificar tales prioridades recurriendo a sesgados conceptos técnicos ante el Congreso, cuando tal agenda resulta es de la dominancia partidistas del momento.

Si se tratara de restricciones políticas, estas deben exponerse como tales, en vez de fabricar teorías académicas sobre la supuesta superioridad técnica del proyecto radicado ante el congreso. Por ejemplo, hoy se reconoce la conveniencia actuarial de estar elevando la edad de pensión hacia 65 años (media observada en países de la Ocde), en vez de mantenerla en 57/62 años; o el haber planteado desde un inicio que el umbral de corte de subsidios partiera de 1,5 s. m. l. (en vez de 3 s. m. l.). Si ambas propuestas hubieran escuchado la postura técnica correcta desde el inicio, hoy estaríamos evitando el grave deterioro fiscal que enfrentará Colombia en años venideros, amén del errado cuasi monopolio público de Colpensiones (... ¿acaso el exministro Ocampo está hoy arrepentido?).

Y tras el regreso de los funcionarios públicos a la academia, suele tenerse una fructífera ampliación de la agenda investigativa, añadiendo conocimiento de aristas operativas que suelen diferenciar éxitos de fracasos. Seguramente, ellos también se vincularán al mundo de las consultorías, cuyo valor agregado debería ir más allá de sus conexiones políticas, gracias al mejor entendimiento de sinergias público-privadas.

En ocasiones, esos exfuncionarios pasan a asumir tareas gremiales, donde el desafío es aún mayor. A los dirigentes gremiales se les paga bien para ayudar a expandir los negocios e incrementar su rentabilidad, lo cual muchas veces pasa por impulsar leyes favorables a tales objetivos. También es importante para los gremios “tener el oído del Gobierno” y así evitar regulaciones que atenten contra esta finalidad.

Por todo lo anterior, los retos gremiales resultan mayúsculos para aquellos tecnopolíticos fieles al bienestar general de su país, ya que abundan circunstancias que generan conflictos de intereses respecto de principios de coherencia académica. Pero los mejores exponentes ‘tecnopols’ sabrán sortear con éxito tales disyuntivas, asegurando políticas públicas sostenibles y compatibles con el bienestar socioeconómico de largo plazo.

Tal vez la inconsistencia intertemporal más sentida para Colombia en últimas décadas haya tenido que ver con la aprobación de “contratos de estabilidad tributaria”, cuya miopía impidió ver que esa falta de Estado (por compresión de sus ingresos) redundaría en la expansión guerrillera y paramilitar, la cual solo ha logrado mermarse (y parcialmente) desde la paz firmada en 2018.

Así que lo que sonaba a triunfo gremial en alivios tributarios terminó convertido en Estado cuasi fallido durante 1995-2010. Y, no obstante tenerse hoy un mejor entendimiento sobre la importancia de fortalecer la institucionalidad y la presencia estatal, he aquí que asistimos, desde el Ejecutivo petrista, a un peligroso ataque a la independencia de la Rama Judicial y a las reglas presupuestales.

SERGIO CLAVIJO

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