Reajuste del salario mínimo

En este noviembre se han empezado a mostrar ‘las cartas’ de negociación sobre reajuste del salario mínimo legal (s. m. l.) que regirá en 2024. La primera está relacionada con la inflación. Y, como ha sido costumbre, ella fija el piso del cual parte la negociación tripartita (empresarios, trabajadores y Gobierno). La mala noticia es que dicho piso ha ido al alza, generando una peligrosa inercia inflacionaria: 5,6 % en 2021; 13,1 % en 2022, y esta cifra de inflación repetirá un 10 % en 2023.

Desde 2019 se viene cometiendo el error de pensar que alzas generosas en el s. m. l. “estimularían” la demanda agregada, cuando lo que ocurre es todo lo contrario. Al generarse una espiral de costos salariales alcistas, se lo obliga al Banco de la República (BR) a tener que elevar su tasa de interés, como único mecanismo disponible para evitar un empobrecimiento por la vía del regresivo impuesto inflacionario.

Y, como en 2023 se ha visto que el desempleo se estabilizó en 10,5 % (últimos 12 meses), se piensa que tal inercia salarial no hace daño. Sin embargo, lo que ocurre es que todavía quedan algunos vientos favorables del 2021-2022 y se ha tenido una absorción laboral por una preocupante vía burocrática: cerca de un tercio de la generación de empleo ha estado asociada al mayor gasto público, elevándose del 21 % en prepandemia al 28 % del PIB en el próximo año.

La segunda carta salarial ha tenido que ver con la trayectoria de la productividad laboral, la cual ha mostrado una alta varianza. De allí la conveniencia de tomar mejor su tendencia, la cual arroja un 2 % anual en promedio 2019-2023. Nótese que esa productividad sería de -3 % en 2023, pero el marco legislativo impide aplicarla, pues ello nos llevaría a un reajuste del s. m. l. de solo 7 %, por debajo de la inflación, generándose malestar social.

Cabe, entonces, recomendar que el s. m. l. no se incremente en más del 10 % para el 2024, a riesgo de continuar alimentando la dañina inercia. Aun esta cifra pondrá nuevamente presión sobre la nómina y llevará a empresarios a menguar su contratación laboral, la cual venía mostrando una dinámica favorable a lo largo del 2023.

En efecto, la tasa de participación laboral había regresado al 64 % y absorbía unos 23 millones, lográndose reducir la tasa promedio de desempleo hacia el 10,5 % frente al 11,2 % del 2022. Pero, en presencia de la marcada desaceleración económica del 2023 (hacia 1 %) y 2024 (al 1,5 %), lo más probable es que regresemos a umbrales de desempleo promedio del 11 %, agravados por la inercia salarial de los últimos tres años.

Y, de hecho, la situación sería aún peor si se llegaran a aprobar los encarecimientos laborales en la jornada nocturna, dominicales y costos de despido, impulsados de manera terca por el petrismo. Decíamos recientemente que el índice de sufrimiento macroeconómico (la suma de inflación y desempleo, menos el crecimiento) se estará elevando del 13 %, observado en 2003-2020, hacia un preocupante 18 % en el 2024 por efecto del deterioro combinado de alta inflación y persistente desempleo.

La parte que cabe rescatar de la reforma laboral tiene que ver con los mecanismos pro formalización laboral, flexibilizando las formas de contratación. En otras ocasiones hemos explicado cómo los trabajos a destajo del agro se lograron acomodar a cotizaciones temporales y, de manera similar, deberían ellos poderse replicar en contrataciones relacionadas con el mundo digital, que se continúa expandiendo a múltiples actividades.

Por último, cabe recordar que Colombia, ante los reiterados ataques petristas a la iniciativa privada, continúa arriesgando con reducir su crecimiento potencial del 3 % a solo 2 % anual, ante la postración de la inversión, ahora representando solo el 15 % del PIB, tras su colapso en este 2023; se requiere frenar la inercia salarial para contener los costos e impulsar alianzas público-privadas que ayuden a mejorar el apalancamiento vía incremento de la inversión privada.

SERGIO CLAVIJO

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