Infraestructura y alianzas público-privadas

¿Se ha preguntado usted, ciudadano, por qué muchos de los servicios del día a día funcionan bien en Colombia? Tenemos a mano varios ejemplos: la expedición de pasaportes (en el mismo día); la revisión técnico-mecánica (bajo dotaciones modernas); la atención de citas médicas (conviviendo bajo el mismo cuidado todos los estratos, donde antes estaban solo los altos); o el pago de peajes electrónicos (cubriendo mantenimiento de dobles calzadas).

Su común denominador está en la eficiente prestación del servicio resultante de las alianzas público-privadas (APP), que estaban siendo fustigadas por la istración Petro, pero (oh sorpresa) ahora dice él querer revitalizarlas como eje del buen funcionamiento del Estado.

En efecto, tuvo lugar una promisoria reunión de Petro con representantes de los llamados ‘cacaos’ a instancias del Congreso anual de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) en Cartagena. Y allí los contertulios coincidieron sobre la importancia de refrendar ese ‘know-how’ que han implicado las APP, tal como lo contempla nuestra Constitución. Se trata de la prestación directa y eficiente de los servicios ciudadanos, bajo costos razonables determinados por licitaciones públicas.

Pero, hasta la fecha, les ha podido más a los petristas su errada conclusión ideológica de que el sector privado solo busca ganancias y que supuestamente esto conduce a malas prestaciones de servicios. Sin embargo, lo factual es que en el mundo occidental las cosas funcionan mucho mejor que en economías socialistas, precisamente porque la competencia abierta determina el “precio de equilibrio” respecto del bienestar, tal como concluía el filósofo de la moral Adam Smith (con quien no pelean ni los socialistas).

Le corresponde al Estado asegurar que no ocurran colusiones entre los oferentes y garantizar cumplimiento de condiciones de prestación de los servicios. Pero, ojo, la oferta de sofisticados servicios deja pocos posibles participantes (como en licitación de pasaportes). Entonces el Estado debe invitar a proveedores internacionales y bajo competencia determinar el mejor precio-calidad. (¿Acaso no sabía Cancillería que en Perú y Chile han sido pocos los oferentes de estos servicios?).

Ganarse una licitación implica incurrir en cuantiosas inversiones (varias de una sola vez). Luego cabe esperar que la renovación de esos servicios, a costos más eficientes, ocurra a manos de quienes ya tienen la experiencia. Por esto resulta obtusa la idea izquierdista de que renovar contratos es sinónimo de corrupción; por el contrario, suele denotar buen aprendizaje y beneficios futuros para los ciudadanos. Petro concluyó erradamente todo lo contrario, en el caso de basuras en Bogotá, y está extrapolando su error al caso de los pasaportes.

En el foro CCI se anunciaba que la ANI incursionaría en la construcción de obras “con carácter social” (¿acaso las vías primarias no lo son?) y que abandonaba la infraestructura de transporte como prioridad. Esto ocurre tras una década en la cual Colombia empezaba a mostrar mejor competencia internacional en dotación de aeropuertos y puertos. Aunque en vías terrestres se han tenido múltiples tropiezos, agravados por corrupción. En el caso de vías férreas se ha tenido un estruendoso fracaso.

Así que constituye terrible inconsistencia que se le diga al empresariado que se estarían profundizando las APP, pero invitando a la ANI a su improvisación en construcción de hospitales. En el pasado se había recurrido a Findeter para apoyos en construcción territorial. No tiene entonces coherencia alguna que, invocando el PND, ahora la ANI abandone su experticia en transporte, con TLC postrados, y donde la mitad de concesiones 4G tienen serios problemas. Las malas ideas abundan en el Gobierno: ¿qué tal la joya (replicar la de Amlo en México), proponiendo que la Fuerza Pública se encargue del maremágnum férreo de Colombia?

SERGIO CLAVIJO

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