Hace unos años, el empresario, filántropo y presidente del Consejo para el Futuro de Europa, Nicolas Berggruen, sentenció una frase lapidaria: “Los límites están difusos, porque la izquierda ya asumió el progreso capitalista y los conservadores abrieron sus mentes a los asuntos morales”. Sus palabras son el reflejo de una realidad que –en buena parte de Europa y Latinoamérica– ha demostrado que el pragmatismo, al final del día, termina imponiéndose sobre las ideologías, por recalcitrantes que ellas sean.
Al revisar países del vecindario como Chile, Brasil o México, con gobiernos abiertamente socialistas, se percibe una dinámica que bien podría rotularse como ‘izquierda pragmática’. Y ello ha sido el resultado de saber conciliar con disyuntivas filosóficas –tan propias de esos regímenes– como, por ejemplo, aquella de establecer la línea divisoria entre el rol de los privados y el alcance del Estado.
Dentro de ese contexto, el de una izquierda pragmática, el ministro de Transporte de Chile y el subsecretario de Articulación Institucional de Brasil, en el marco del reciente Congreso de la Infraestructura, ratificaron que las obras civiles en sus países se han entendido como una política de Estado, que trasciende gobiernos de turno e ideologías. Y coincidieron en afirmar que el desarrollo solo es posible con una sociedad indisoluble entre el Estado y el sector privado.
En Colombia, por su parte, el Gobierno –puntualmente el presidente Petro– ha hecho énfasis, en términos discursivos, en la necesidad de darles prioridad a las infraestructuras de corte social, sobre todo aquellas relacionadas con el al agua. En contraste, asegura que la ejecución de carreteras no se compadece con los lineamientos de sus políticas públicas. Se trata de un dilema ideológico que, al mirarlo con la lente del pragmatismo, conduce hacia la siguiente reflexión: dotar de agua a las regiones más apartadas del país, que en efecto es una deuda histórica por saldar, no riñe, de ninguna manera, con la construcción de corredores viales.
Ahora, es cierto que el Estado se enfrenta a limitaciones fiscales que lo obligan a priorizar la inversión en sectores como, por ejemplo, el del agua. Pero es allí, dentro de ese escenario, que el renglón privado tiene que ser visto como un soporte que bien puede compensar los desequilibrios presupuestales de la nación, con eficiencia probada y transparencia. En esa línea, quienes representamos a los actores que hacen la infraestructura del país, hemos hecho esfuerzos ingentes para que el Gobierno evidencie los atributos asociados a la inversión privada y al imperativo de preservar la institucionalidad del sector.
El renglón privado tiene que ser visto como un soporte que bien puede compensar los desequilibrios presupuestales de la nación, con eficiencia probada y transparencia
Y, justamente, de esos acercamientos, francos y abiertos con el Gobierno, ha habido resultados tangibles: la continuidad, por ejemplo, de proyectos de APP de origen público como Popayán-Santander de Quilichao o Neiva-Mocoa-Santana; además del impulso a iniciativas privadas (IP) como El Dorado Max o el nuevo aeropuerto de Cartagena en Bayunca.
Por cuenta del diálogo cordial fue posible, también, acordar el pago –a concesionarios por parte del Gobierno– de la diferencia entre el valor presente del recaudo del peaje versus lo proyectado, algo que se conoce como DR (diferencial de recaudo). Y, de la misma manera, el espíritu de concertación permitió que en los presupuestos de este gobierno (incluido 2025) se honraran las vigencias futuras para obra concesionada y pública.
Ha sido, precisamente, esa línea de conducta –la de buscar consensos– la que ha permitido tender puentes de comunicación, constructivos, entre el sector y la ministra de Transporte, María Constanza García. Tanto es así que en el ya mencionado Congreso de la Infraestructura la funcionaria compartió mensajes concretos sobre los desafíos que, de manera conjunta –sector privado y público–, hemos discutido en diversos momentos.
Por último, vale celebrar los anuncios de la ministra, en el sentido de que en enero próximo se restablecerán las tarifas de los peajes. Eso también es resultado del diálogo, del entendimiento pero, sobre todo, del pragmatismo.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura