Jugando con candela

Dice el refranero que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”. Esa frase popular que enseña cómo la fuerza de las pasiones no siempre deja que las personas puedan discernir conforme a la razón ni aprender de la experiencia, pero sí repetir los errores que tanto han costado. Es lo que parece ocurrir con el presidente Petro cuando, en 1985, con la toma del Palacio de Justicia el M-19 quiso someter a la Corte Suprema para que adelantara un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, por haber incumplido los acuerdos de paz. Ahora, 38 años después, ante la perspectiva de bloqueo que cada vez más le ofrecen las decisiones de los jueces (con respecto a las facultades excepcionales que solicita, las medidas regulatorias que toma o las competencias que efectivamente tiene frente al orden establecido), quiere someter a las cortes para asegurar que sus decisiones se cumplan.

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El primer escollo parece ser la elección del fiscal general. Es lo que, por lo menos, se deduce de las convocatorias presidenciales a la movilización para presionar a los magistrados para que elijan de inmediato al reemplazo del fiscal Barbosa. Pero el asedio a la Corte no comienza con la convocatoria de Petro para el 8 de febrero, día en que se producía la segunda votación. Arranca días antes, cuando el vicepresidente de la Sala Laboral denuncia seguimientos, hostigamientos y amenazas que causan preocupación. Más cuando luego se conocen informes en los que, según EL TIEMPO, “las direcciones de las residencias de al menos cinco magistrados de la Corte Suprema empiezan a ser publicadas en un par de cuentas en redes sociales, desde el pasado 19 de enero, con mensajes ofensivos”. Palabras como “cartel de sentencias”, “enriquecimiento” y “testaferrato” ilustran las fotos de los magistrados y algunos de sus bienes. ¿Quiénes filtraron las direcciones? ¿Con qué propósito?

Para desgracia del Gobierno, varios hechos sugieren un vínculo entre la publicación en redes y la convocatoria presidencial. Por ejemplo, las palabras que aparecían en redes fueron las mismas que (entre otras) se repitieron en la movilización del 8 de febrero y las que pudieron llevar a que los manifestantes agredieran verbalmente y amenazaran a los magistrados que (sin éxito) intentaban salir del Palacio de Justicia.

¿Cuál es el afán del Gobierno para que la Corte elija de inmediato el reemplazo de Barbosa en la Fiscalía? ¿Desactivar las investigaciones que tienen contra las cuerdas al hijo del Presidente por enriquecimiento ilícito o al gerente de la campaña presidencial por la violación de las normas electorales? ¿De verdad, esas son las razones? Quienes están conduciendo la estrategia no tienen la más mínima idea de cómo funciona la Fiscalía, ni mucho menos el poder efectivo que se mueve en un complejo aparato de 20.000 funcionarios en donde se cruzan toda clase de influencias e intereses.

Mientras el Gobierno Nacional siga empeñado en minimizar lo ocurrido el 8 de febrero y decir que los magistrados “en ningún momento estuvieron en peligro” y que “en ningún momento su movilidad fue afectada”, no solo desconoce los hechos, sino que sugiere que los magistrados le mienten al país abriendo un nuevo frente de enfrentamiento del Presidente con los demás poderes públicos.

El problema está en que asediar a las cortes como medio para asegurar que no se atraviesen a sus decisiones fractura por la base el sistema democrático. Está demostrado que los Estados y los regímenes políticos resisten los malos gobiernos. Incluso los parlamentos corruptos. Pero lo que ningún Estado, ningún régimen ni ninguna sociedad resisten es la falta de justicia o una justicia corrupta. Petro no debe olvidar que la principal deuda del M-19 con los colombianos radica en que, con la muerte de los magistrados la Corte Suprema en el 85, la justicia entró en una barrena de politiquería y corrupción de la que apenas se está logrando recuperar. No hay que repetir la experiencia de jugar con candela.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular, Facultad de Ingeniería Universidad Nacional