Tras tres meses de la llegada del covid-19 a nuestro país podemos decir que vamos dando la batalla de manera responsable. Las medidas de aislamiento obligatorio han sido efectivas y el balance de riesgos ha permitido que nos mantengamos en el terreno de lo previsible y tolerable por nuestro sistema de salud, claro está, con la necesidad de seguir aumentando la capacidad de la red hospitalaria para poder hacer frente a las contingencias o escenarios de estrés en la evolución de los contagios. Prioridades correctas, decisiones acertadas y un incansable esfuerzo de gestión y empuje institucional del Gobierno Nacional nos dan hoy la tranquilidad que la protección de la salud pública ha estado bien manejada.
Sin embargo, y más allá de lo que era previsible, los efectos colaterales del aislamiento en el campo económico están pasando una costosa cuenta de cobro. Una economía que al primer trimestre creció un tercio de lo previsto, y con expectativas de reducciones de dos dígitos en el segundo trimestre; un desempleo que al mes de abril llega al 20 % y una reducción de puestos de trabajo equivalente al 25 % son señales claras de que la magnitud de los impactos derivados de esta emergencia se ubica en niveles sin precedentes.
A partir del 1.° de junio, el país arrancó una nueva fase en el retorno hacia las actividades productivas y el camino hacia la recuperación paulatina y ordenada de la cotidianidad económica. Este nuevo proceso ha tenido como imperativos la gradualidad y el enfoque regional, bajo el propósito loable de reconocer las diferencias locales en la curva de contagios, las capacidades propias de los sistemas de salud y los riesgos inherentes que implica hacer frente a este nuevo escenario. Como ha sido descrito en muchos espacios, las autoridades locales tendrán la “llave de la apertura gradual” de los aparatos productivos, comerciales y de servicios en las ciudades y municipios.
Esta nueva estrategia faculta de manera amplia a los gobiernos territoriales para actuar y definir las acciones de la reapertura económica, sobre la base de las excepciones establecidas por el Gobierno Nacional. El éxito de esta nueva apuesta requiere de al menos cuatro elementos principales que deben seguir apadrinados a nivel central. En primer lugar, se requiere de total objetividad en la toma de las decisiones, y donde la información oficial y los indicadores de avance y criticidad de la emergencia deben ser la base innegable de cada medida. No podemos caer en el terreno de los supuestos, la incertidumbre o la desinformación.
Segundo, es necesario preservar la efectividad de una apuesta de país por ganar vida productiva y eso implica que, bajo este propósito, se creen oportunamente todas las condiciones institucionales y operativas a nivel local tendientes a lograrlo, como, por ejemplo, las acciones en materia de movilidad.
Tercero, debe ser una apuesta responsable con la salud pública, donde para el sector productivo, comercial y de servicios formal está claro que la implementación de los protocolos de bioseguridad establece la nueva forma de operar; pero en la vida social y comunitaria no se puede ceder terreno y, por el contrario, se requiere fortalecer el control y la cultura de la autoprotección.
Por último, se necesita gran coordinación regional, no solo para que se den las tres condiciones mencionadas anteriormente, sino para que el avance cuente con el apoyo y seguimiento del Gobierno Nacional en todos los aspectos sociales, económicos, de salud y de orden público que esta estrategia de gradualidad, ojalá con celeridad, va a demandar.
Sandra Forero Ramírez
Presidenta del Consejo Gremial Nacional