En torno a la educación superior hay una protesta, tres agendas, muchos intereses y todo menos un proceso que lleve al acuerdo nacional del que habla el presidente Duque.
Hay una agenda grande. Los bachilleres colombianos necesitan muchos más cupos de calidad en la educación superior pública (cerca de un millón), y que esa oferta llegue hasta los últimos rincones del país. Para eso hay que potenciar la universidad pública existente y crear nuevas universidades; vincular el Sena y la educación media con las universidades y que las carreras se hagan, una parte, en los territorios en colegios y centros regionales multifuncionales y, otra parte, en los campus de las ciudades; reducir la oferta privada de las universidades e institutos de garaje (no la de las buenas universidades que de manera genuina sean sin ánimo de lucro), y crear un mecanismo de financiamiento de largo plazo y de general que incluya el sostenimiento de los estudiantes que lo necesitan, dejando de destinar recursos públicos a un Icetex que presta caro y es excluyente.
Esa agenda implica duplicar el gasto público en educación superior. Eso es mucha plata. Pero es lo que gastan todos los países del mundo que tienen sistemas incluyentes y de calidad. Sin embargo, el Gobierno no va a destinar esos recursos, así que para esa agenda grande propone paños de agua tibia y mantiene su enfoque temeroso de lo público, eso es Generación E. Entretanto, en la agenda mediana permanecen las universidades, cuyos rectores se transaron por lo que podemos llamar la agenda menor.
La agenda mediana consiste en resolver la crisis actual de las universidades públicas de modo sostenible y en mantener el modelo existente de carreras universitarias costosas de cinco años, en campus enormes urbanos o tecnológicas de tres años en centros de formación del Sena; y que cada institución siga encerrada en sí misma. Si esa agenda se atendiera, que es en esencia lo que piden los estudiantes y profesores cuando hablan de los 15 billones de déficit histórico, la oferta actual se consolidaría y quizás crecería levemente en las ciudades. Mejoraríamos la calidad de lo que reciben los estudiantes de 32 universidades y 29 institutos tecnológicos públicos, dejaríamos el Sena como está y haríamos justicia con el sistema actual, pero no llegaríamos a la población más excluida en el mundo rural y en zonas urbanas muy marginales.
Y hay una agenda menor (chichipata, sin ofender), que consiste en garantizar el pago inmediato de la nómina, pagar los servicios públicos y maquillar los edificios vetustos. Eso vale los 300.000 pesos adicionales a la inflación por estudiante al año que aceptaron los rectores en el acuerdo que hicieron con el presidente Duque al comienzo de esta semana.
El acuerdo con los rectores para resolver la agenda menor ocupó titulares de página entera porque el Presidente encabezó las negociaciones, mientras que las reuniones con los estudiantes y profesores, incluyendo huelga de hambre, marchas enormes y un paro que sigue, casi no se hacen y han tenido poca cobertura. Y es muy doloroso saber que los chicos que desertan antes de terminar el bachillerato y los que se hacen bachilleres pero no tienen ninguna opción de a la educación superior, hasta ahora, no tienen quién los represente.
Al fin, el Gobierno pactó el martes pasado crear una mesa con estudiantes y profesores, y hoy jueves la ministra la instalará. Seguiremos insistiendo en que allí debe estar la voz de campesinos, indígenas, chicos de las barriadas urbanas que quieran algo más que cursos cortos de formación técnica y de padres de familia que estén dispuestos a pagar algo razonable para que sus hijos estudien sin tener que vender hasta la camisa.
Pero el mensaje del Gobierno seguirá siendo que la crisis ya está superada y ya negociaron. Y es verdad: negociaron una propuesta que no es de fondo, y por ahora ni siquiera es mediana. Los estudiantes y profesores han puesto en la agenda una discusión clave sobre el plan de desarrollo, pero sin precisar qué proponen y con una capacidad de negociación debilitada debido a tanta confusión.
Veremos si llegamos a los cambios que garanticen mejores condiciones para los estudiantes de hoy y con calidad para los excluidos. De lo contrario, los estudiantes universitarios habrán entrado en paro, se habrán movilizado y habrán recibido el apoyo de sus profesores y de otros sectores de la educación, como el sindicato de maestros de la educación básica Fecode, sin que pase nada. Lo que habían ganado en la calle lo habrán perdido en las mesas de negociación y en los titulares de prensa.
ÓSCAR SÁNCHEZ
* Coordinador Nacional Educapaz