El Estado no es un cuadrilátero

El jefe del Estado es símbolo de la unidad nacional y garante de la armonía entre las ramas del poder. Sin embargo, como resultado de su propia conducta, hoy está hecha trizas la relación entre los poderes públicos y está en ceros su deber de cooperación armónica, lo que nos ha conducido a una crisis institucional sin precedentes. Lo que ven los ciudadanos es que el Gobierno está concentrado en casar peleas permanentemente, haciendo del Estado un ‘ring’ de boxeo donde se confronta sistemáticamente a la justicia y a los órganos de control, mientras los problemas del país se siguen acumulando.

Hoy en día la Rama Judicial se ha convertido en el centro de los ataques palaciegos. Es inaceptable que se haya promovido desde la cuenta X presidencial una marcha contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de constreñirlos para que le nombren fiscal a su antojo. Manifestación que terminó siendo violenta, como era previsible, y que, como lo han sostenido los presidentes de las cortes, impidió la libre movilización de los togados y sus auxiliares. Se trató técnicamente de un secuestro, como me lo confirmó uno de los magistrados afectados. Es una realidad que nadie puede minimizar. Nuestra historia democrática no registra un antecedente igual de asedio y hostilidad del Poder Ejecutivo contra una corte.

El país no se había recuperado de este incidente cuando Petro subió a su tinglado a la Corte Constitucional. Porque unas horas antes su nuevo presidente, José Fernando Reyes, declaró con irable firmeza que los magistrados de la Suprema “no pudieron salir ni movilizarse” y vivieron por momentos una incursión violenta a sus instalaciones. ¡Quién dijo miedo! Haciendo referencia a sus fallos contra la reforma tributaria y la emergencia de La Guajira, el jefe del Estado graduó a la Corte Constitucional en la oposición política y, en un hecho inédito, sin censura aún, afirmó desde La Loma, Cesar, que dichas sentencias también habrían podido ser emitidas “por el interés particular”. Después de tantos fallos contra intereses gubernamentales, nunca nadie había puesto en duda la tarea de la Corte, ni mucho menos sugerido que su voz tiene alma prevaricadora. Es algo repudiable.

El Consejo de Estado tampoco se ha salvado de los dardos envenenados. Fue acusado de “estarle quitando los votos al Pacto Histórico” contra la voluntad popular, por el simple hecho de cumplir con su deber en materia de acciones electorales, lo que llevó a los consejeros a exigir que el Ejecutivo se abstuviera de comentarios que socavan su autonomía e independencia.

Esta desbordada conducta pendenciera llegó inclusive a las puertas de la JEP. ¡Quién lo creyera! En medio de la querella promovida por los excomandantes farianos sobre la procedencia de la amnistía para los guerrilleros medios y rasos, desde el Palacio de Nariño se le ha dicho a la ONU que la JEP debe acelerar las amnistías para todos ellos o, de lo contrario, “conllevaría responsabilidades”. Por supuesto, semejante amenaza dio lugar a que también la JEP reclamara que no haya intromisiones del Ejecutivo en sus funciones.

Todo esto sin mencionar los ataques a los órganos de control, por el grave cargo de que están cumpliendo sus tareas. Se ha llegado a decir que la Procuraduría quiere atravesársele a la existencia de un gobierno popular y como retaliación se propone su eliminación. En el caso de la Fiscalía se llegó al delirante punto de acusarla de “exportar cocaína” y se la culpó de propiciar una “ruptura institucional”, desviando la realidad de las angustias oficiales frente a las investigaciones en curso.

El Estado no puede envilecerse por su máxima autoridad, convirtiéndolo en un cuadrilátero. Todavía está a tiempo de quitarse los guantes e impedir que se siga descuadernando nuestra institucionalidad y dedicarse a cumplir su programa de gobierno, facilitando los controles, que limitan la arbitrariedad y los excesos del soberano. Es lo que quisiera el país.

Taponazo. Con la amenaza del Eln y la interferencia sin antecedentes de la ONU, la OEA y la CIDH, la Corte Suprema carece de garantías para agendar el nombramiento de fiscal.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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