Que diga la verdad

Nada más empezar el nuevo año, la Fiscalía General de la Nación sacudió el árbol informativo con una noticia bomba: la formulación de cargos en contra de Roberto Prieto, hombre de confianza del presidente Juan Manuel Santos, como que fue mánager de sus dos campañas presidenciales, las de 2010 y 2014. La audiencia tendrá lugar dentro de unas pocas semanas, pero, mientras esto ocurre, las implicaciones políticas y judiciales pueden calificarse desde ya como de pronóstico reservado.

Los fiscales acusarán a Prieto de los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, un conjunto de señalamientos que pueden producir la detención preventiva del sindicado, algo que, por la cercanía del implicado con el jefe del Estado, no solo sería noticia en Colombia sino en aquellos países donde el caso Odebrecht ha sacudido con fuerza el poder político, como Brasil, Perú, Panamá y Estados Unidos.

Los investigadores creen que Prieto obtuvo 650 millones de pesos por gestionar ante la ANI la adición del contrato Ruta del Sol III –es un caso distinto al de Odebrecht y el tramo II de esa misma vía– y favorecer así al concesionario Yuma (del que forma parte la firma italiana Impregilo) con un negocio altamente rentable: la construcción del puente sobre el Magdalena a la altura del municipio de Plato, cuyos estudios y diseños quedaron a cargo de Consultores Unidos S. A., de Eduardo Zambrano, conocido de Prieto. Zambrano está detenido por el caso Odebrecht y colabora con la justicia con testimonios y documentos que apoyan las tesis de los fiscales sobre las conductas del exgerente de la campaña santista.

Eso explica los tres primeros cargos. El cuarto, falsedad en documento privado, tiene que ver con que el pago a Prieto se habría dado en virtud de una cuenta de cobro expedida por la firma Megaland, una empresa fantasma en opinión de los fiscales, en una transacción en la cual los 650 millones fueron verdad, pero resultaron falsos los documentos que la soportaban, pues lo que al parecer ocultan es el giro de una comisión por el tráfico de influencias.

El asunto, de por sí delicado, no se detiene en Prieto. Durante un cuarto de siglo, este empresario ha mantenido estrechas relaciones con el presidente Santos y su más cercano círculo familiar. Como lo recordaba hace pocas semanas mi irada colega María Isabel Rueda, en una de las grabaciones de charlas telefónicas en poder de los investigadores judiciales, Prieto jugó con el concepto según el cual si él habla, “Santos se cae”.

Yo no sé si eso sea cierto, o si se haya tratado más bien de una fanfarronada de este personaje, que, deslenguado y altanero, ha dicho que los periodistas somos unos “hijueputas”. Pero hay algo que tengo claro: Prieto sabe muchas cosas sobre las relaciones entre Odebrecht y el gobierno de Santos, pero también sobre los jugosos contratos oficiales con que la empresa de su familia, Marketmedios, se ha visto beneficiada, un tema que la Fiscalía investiga en otro proceso. Y, claro, sabe de verdad qué pasó con la financiación de las campañas del Presidente, donde, en virtud de la legislación de 2016 hacia atrás, las conductas indebidas son infracciones pero no delitos.

Hace poco menos de un año, cuando estallaron las primeras bombas noticiosas del caso Odebrecht, escribí, con unas semanas de diferencia, dos columnas tituladas ‘Digan la verdad’ y ‘Digan la verdad II’, en las que les pedía, entre otros a Prieto, que contaran todo lo que sabían sobre los vínculos de Odebrecht con la campaña y el gobierno Santos. Ahora que Prieto va a ser llevado ante un juez para la formulación de cuatro graves cargos penales, le pido a él, por tercera vez, que diga la verdad.

MAURICIO VARGAS