Cuando hace un año el presidente Petro y su tripulación tomaron el timón de la nave Colombia, con 40 millones de connacionales a bordo, aunque las aguas agitadas del estrecho margen con que ganó la propuesta del cambio anunciaban azarosa navegación, no las tempestades que se han desatado, las más recias de los propios fuelles de funcionarios cercanos a Palacio, a los que se unen los de la delincuencia organizada, el hambre, el creciente desempleo, la contracción de la economía, las marchas, entre otros. Como en tiempos de filibusteros, caminan la plancha los otrora burgomaestres para conjurar el motín a bordo y, a pesar de los escollos, no hay viraje, mientras al rumbo trazado lo cuestionan métricas que le oponen incuestionables realidades.
El colapso de la coalición se les atravesó a los pilares regulatorios que sustentaban la concepción presidencial del mega-Estado; la revisión de la HCC determinará si la exótica política de paz total, que hasta ahora no rinde un solo fruto, se ajusta a los amplios márgenes constitucionales; la coincidencia de los análisis económicos de entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, confirman un creciente desinterés inversionista y la oposición, hasta ahora más bien acéfala y amorfa, gana respaldo popular mientras las encuestas registran la quema de buena parte del capital político presidencial y vicepresidencial.
La semana del Poder Ejecutivo en La Guajira es prueba de fuego a su capacidad de gestión, que no se medirá por las fotos con mochilas wayús terciadas, sino por el destrabe del parque eólico, cimiento de la transición energética que tampoco despega, salvo en la amenaza de desabastecimiento y pérdida de autonomía, la llegada de agua potable, el control de los presupuestos para ayudar la región, que de no hacerse con cautela perpetuarán las crisis seculares, llenarán las arcas de la corruptela regional, campeona en violencia y marrullas. Las cifras de mortalidad infantil de la etnia wayú son infames; bien hace el presidente Petro en tender una mano estatal generosa, pero a ellos, no a quienes viven de ellos. En La Guajira escasea todo y la buena gestión pública más que el agua.
La semana del Poder Ejecutivo en La Guajira es prueba de fuego a su capacidad de gestión.
Las alarmas debieron dispararse con el control territorial creciente de las bandas, bien asentadas en zonas críticas para el narco, autoras de una hecatombe medioambiental que arrasa bosques de alta montaña y son precursores de agudos problemas. En los farallones de Cali, pero casos similares se replican a escala nacional, cientos de hectáreas han sido arrasadas por la minería ilegal, la zona está bajo control de organizaciones que tejen su accionar ilegal con todo tipo de tráficos ilícitos. ¿Es cierto que al batallón de alta montaña se le ordena estarse quieto y se ha disminuido tropa, dotación e infraestructura?
Las marchas de la semana pasada no pueden ser ignoradas por Palacio; claro, marcharon quienes no comparten la visión del Presidente, sus postulados ni su forma de gobernar, normal en una democracia y asunto visible desde el estrecho margen que lo llevó al poder, pero también reflejan una preocupación que merece al menos análisis. ¿Si el empleo, la inversión y la economía estuvieran creciendo, despegaran las alternativas energéticas y hubiese decrecido la delincuencia, habría marchas? Probablemente no, o mínimas. Las marchas no son contra el timonel, ni buscan un golpe, son contra la ausencia de resultados y la mayor complejidad económica y social.
Mientras tanto, en Medellín Fico suma el doble de votos que el resto de los candidatos juntos; En Bogotá, Robledo y Oviedo parecen invencibles y en Cali, Alejandro Eder empató al Chonto en voluntad de voto, pero más sorprendente, la más alta credibilidad está ahora en los empresarios regionales, impensable hace un año. Algo está cambiando los vientos de la opinión nacional.
MAURICIO LLOREDA