La interinidad genera inestabilidad

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, Colombia ha sido reconocida como una democracia estable, principalmente por el respeto de sus instituciones, al margen de la vertiente política del gobierno de turno.

Esa fortaleza institucional de nuestro sistema jurídico y político parte del respeto a la separación de poderes, el acatamiento de las decisiones de los jueces y del apego al ejercicio de las competencias constitucionales y legales de los distintos órganos del Estado. El programa de cada gobierno se materializa en leyes que aprueba el Congreso, gracias al capital político que las elecciones le otorgan, y se ejecutan a través de las diferentes entidades que conforman el Gobierno Nacional en los distintos sectores y asuntos. Esto demanda un equipo competente y especializado, comprometido con la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos y responsabilidades.

Sin embargo, desde el 7 de agosto de 2022 esas premisas en las que la mayoría hemos coincidido no se vienen siguiendo. En 18 meses de este gobierno hemos visto cómo han salido 11 ministros y 9 viceministros, sin contar al canciller, suspendido por la Procuraduría por una investigación disciplinaria.

Algunas entidades fundamentales, desde el inicio de este periodo presidencial, están sin titulares en propiedad para su dirección. Tal es el caso, por ejemplo, del Invima, entidad encargada de asuntos tan importantes y sensibles como la ejecución de la política sanitaria o la inspección y vigilancia de medicamentos, alimentos y bebidas, que, apenas a la fecha, anunció la designación de director en propiedad, en medio de la escasez de medicamentos pediátricos, oncológicos, inmunológicos y de diferentes especialidades que sufre el país hace varios meses.

Igual sucede ahora con el Invías y especialmente en la ANI, agencia encargada de la infraestructura mediante concesión y estructuración de vías 4G y proyectos 5G, sin presidente en propiedad desde la crisis ministerial del año pasado, cuando el doctor William Camargo pasó de esa entidad al Ministerio de Transporte. Las carreteras de buena calidad, indispensables para conectar a Colombia y cerrar brechas sociales a través del desarrollo, son corredores productivos para que los campesinos saquen sus productos a los centros urbanos, las fábricas y actores económicos comercialicen y exporten los bienes a bajo costo, generando empleos y, de paso, tributos. Sin una cabeza responsable que tome decisiones en la estructuración y gestión de los contratos, la infraestructura nacional está condenada y condena a departamentos y municipios al retroceso.

Lo propio ocurre con la Comisión de Regulación de Energía y Gas con la misión de regulación de los servicios públicos de energía, gas y combustibles líquidos, conformada por 6 expertos, pero el Gobierno solo ha designado uno en propiedad y hay 3 interinos.

Estos son apenas 3 ejemplos de diferentes sectores en que las entidades de mayor rango están en interinidad y huérfanas de directores. Sin instituciones no hay democracia y dejarlas al garete cimienta el camino para su destrucción. Lo que sucede es un pésimo mensaje para los inversionistas, la sociedad, la economía y en general para el país.

El panorama anterior es una lamentable confirmación de que no existe claridad en el Gobierno sobre el quehacer cotidiano requerido en todas y cada una de las entidades para garantizar el progreso democrático, económico y social de Colombia.

Hay mucho activismo, gran improvisación y una lamentable dejadez, desconocimiento e interinidad que no generan confianza ni esperanza en la ciudadanía, máxime con la convocatoria gubernamental de esta semana contra la autonomía del Poder Judicial.

Se necesita el liderazgo positivo del Presidente, responsabilidad y voluntad política, para que el normal funcionamiento y fortaleza de nuestras instituciones sigan siendo garantía de nuestra democracia y para el progreso.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

(Lea todas las columnas de Marta Lucía Ramírez en EL TIEMPO aquí)