La pobreza

En su libro más reciente, La pobreza en América, Matthew Desmond argumenta que la pobreza podría abolirse con relativa facilidad en Estados Unidos si aquellos a quienes el sistema favorece estuvieran dispuestos a renunciar a algunas de sus ventajas. Hay suficientes recursos, simplemente están mal asignados. Los fondos que se dedican a subsidiar las actividades productivas de los más afortunados, o sus ingresos, podrían eliminar la pobreza si se redirigen hacia los más necesitados. ¿Por qué esto no ocurre? ¿Por qué hasta ahora ha sido imposible que la sociedad converja en torno a ese objetivo común, básico, de asegurar que todo el mundo pueda tener una vida digna con unos mínimos de bienestar?

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La discusión resuena estruendosamente con la que tendríamos que estar dando en América Latina. Si en Estados Unidos esa capa de hogares que enfrentan carencias en el día a día es una preocupación, en nuestros países tendría que ser doblemente preocupante, porque como proporción de la población estos hogares son muchos más y la intensidad de la pobreza también es más alta.

Una cosa en que tal vez nos hemos equivocado, es en pensar la eliminación de la pobreza como una responsabilidad exclusiva de las agencias del Estado que se encargan de los programas de transferencias para los hogares más pobres. El enfoque asistencial nos ha hecho entender la eliminación de la pobreza como un objetivo al margen, por ejemplo, del esfuerzo necesario para garantizar el generalizado a servicios de educación y salud de calidad y a los servicios básicos de infraestructura –agua potable, soluciones saneamiento, energía, comunicaciones–. En América Latina, cuando pensamos en reducción de la pobreza, generalmente pensamos en transferencias.

Pero los programas de transferencias por sí solos no van a sacar a nadie de la pobreza. Se requieren un esfuerzo más importante en recursos y gestión estatal y una visión de largo plazo que ordene la acción del Estado, y de la sociedad, alrededor de ese objetivo común. Las transferencias son solo una pieza de un rompecabezas más complejo. Son una pieza clave para responder en momentos de choque, como lo fueron durante la pandemia. Pero durante momentos “normales”, solo son la forma de política social más visible y más barata.

Por supuesto que es más costoso armar un sistema de educación que de verdad funcione, que dé las herramientas necesarias a los niños desde la primera infancia, y produzca personas con capacidad de pensar y aprender, que logren un buen enganche en el mercado laboral. O un sistema de salud que lleve atención primaria a todos los rincones y tenga unos protocolos para brindar atención con igual calidad de servicio a lo largo del territorio. Se requiere un gran acuerdo nacional que identifique como prioridades estas cosas.

Con frecuencia la excusa es que los países no tienen los recursos necesarios. Pero los tendrían si los individuos, los hogares y los negocios pagan lo que les corresponde en impuestos en lugar de hacer maromas para reducir sus contribuciones al fisco o para engañarlo. Desmond hace una cuenta de acuerdo con la cual la suma de las exenciones y beneficios que capturan las grandes empresas y los hogares de mayores ingresos en los Estados Unidos daría de sobra para poner a todos los hogares por encima de la línea de pobreza en ese país. En la región con seguridad ocurre algo similar.

La pregunta difícil y profunda que debemos responder como sociedades, es por qué no nos importa. ¿Cómo es que nos hemos organizado para ignorar esa realidad dolorosa, de grandes carencias para algunos? ¿Para creer que con nuestros actos individuales de caridad basta y que es aceptable que otros tengan soluciones de segunda calidad a sus necesidades más básicas?

La única explicación posible, es que realmente no sabemos cómo viven los otros. Porque cualquier otra explicación da nauseas.

MARCELA MELÉNDEZ