25 años después

Hace 25 años se crearon el Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (Sina), mediante la Ley 99 de 1993 y como parte de una ambiciosa reforma de la institucionalidad ambiental que se inició con la consagración de sesenta y nueve artículos sobre medioambiente y desarrollo sostenible en la Constitución de 1991.

Hoy, millones de colombianos recibimos a diario, con indignación, tristeza e impotencia, noticias sobre el acelerado avance de la deforestación de la selva amazónica –que se está dando incluso en algunos de los parques nacionales– y de otras regiones del país, con lo cual se está destruyendo la mayor riqueza natural de Colombia, su biodiversidad. Aquellos son también los sentimientos que nos acompañan con la pavorosa huella de la minería ilegal, que incluye la destrucción de los cauces de los ríos y sus riberas y el envenenamiento de sus aguas con mercurio que, a similitud de la deforestación, se han incrementado después de la firma de la paz con las Farc.

¿No es acaso un patético vigésimo quinto aniversario de aquella reforma ambiental que, como muchos la soñamos a principios de los años noventa, debería habernos conducido a la protección y el buen uso de los ecosistemas naturales de Colombia, el segundo país con más alta diversidad biológica del planeta? No pocos colombianos consideran que esta situación es la prueba reina de la ineficacia y la ineficiencia del Minambiente y de las corporaciones autónomas regionales. Esta es una visión simplista sobre lo que es el Sistema Nacional Ambiental, del cual, de acuerdo con la Constitución y la ley, hacen parte, además de aquellas entidades ambientales, diversos organismos del Estado llamados a solucionar conjuntamente problemas socioambientales complejos. Y es que la galopante minería ilegal y la deforestación masiva desbordan totalmente a Minambiente y las CAR, puesto que las áreas que antes eran dominio de las Farc están en gran parte dominadas por diferentes grupos armados ilegales, situación que ha propiciado la acción de empresarios criminales que son los mayores perpetradores de este desastre.

Veinticinco años después de creado el Sina, es imperativo que sus integrantes actúen todos a una para detener el masivo ecocidio en marcha. En su conjunto, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, los ministerios del Ambiente y Agricultura, y las CAR, los departamentos y los municipios, cuentan con las funciones necesarias para hacerlo –otorgadas por la Ley 99 del 93 y otras normas–.

Obviamente, se requiere una estrategia concertada y permanente de estas entidades que, en adición a las necesarias labores de seguridad para garantizar el control territorial del Estado, integre la oferta de diversos bienes públicos y de oportunidades para la población local (salud, educación, fuentes de empleo), un frente en el cual deben también participar organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y de la cooperación internacional.

Sería ingenuo pensar que es posible hacerlo de una vez en todo el país, pero la gravedad de la situación en algunas zonas –como por ejemplo de la Amazonia, el Pacífico, el Catatumbo y el Putumayo– indica un orden de prioridades. La creación de la Gran Alianza contra la Deforestación y las recientes actuaciones de la Fiscalía y las Fuerzas Armadas en el parque Picachos, y de la Procuraduría General de la Nación en el departamento del Guaviare, son buenas noticias. Y se requeriría un compromiso más a fondo y constante del presidente Iván Duque y de las cabezas de las entidades mencionadas si se pretende tener éxito. Y parte de los recursos económicos para hacerlo están a la vuelta de la esquina: es indispensable que el impuesto al carbono, que a la fecha registra un recaudo de cerca de 700.000 millones, se dedique a la causa de detener lo que podría convertirse en una de las mayores tragedias socioambientales del país en su historia.

MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA