Pros y contras de las reformas al sistema penal

Desde hace décadas muchos penalistas venimos proponiendo una reforma para humanizar y racionalizar un sistema penal que se ha convertido en una máquina de populismo punitivo. Por ello, celebramos que este Gobierno se haya atrevido a proponer una reforma que puede recudir el hacinamiento y mejorar las condiciones de los presos a través de mecanismos que si funcionan pueden solucionar muchos problemas:

La primera medida propuesta por el proyecto es muy positiva y busca aumentar el número de personas que se encuentran en prisión domiciliaria, permitiendo que esta proceda ahora frente a penas de hasta 12 años. En la misma línea, para reducir el hacinamiento, está aumentar el número de casos en los que proceda la suspensión de la ejecución de la pena, permitiendo que esta proceda frente a condenas de hasta 6 años de prisión. Estas medidas pueden reducir el hacinamiento y mejorar la reintegración familiar del preso, lo cual es fundamental para una verdadera resocialización. En todo caso, es muy importante garantizar que no se aplique a delitos graves y que su aplicación se condicione a la plena indemnización para buscar un equilibrio con los derechos de las víctimas.

El segundo instrumento que puede mejorar mucho la crisis del sistema es la ampliación de las medidas restaurativas, al permitir que se apliquen frente a delitos cuya pena sea de hasta 8 años de prisión. Además, se incluye una visión más garantista frente a las víctimas, que puede mejorar en la salvaguarda de sus derechos. El Código de Procedimiento Penal de 2004 lamentablemente dejó a las víctimas en un nivel secundario y es necesario que vuelvan a ser el centro del proceso penal, pues son ellas quienes sufrieron un mayor perjuicio del delito.

También deben rescatarse las reformas al sistema penitenciario que amplían las posibilidades de redención de pena a través de estudio, trabajo y educación, aunque evidentemente requerirán de muchos recursos para poder aplicarse.

Sin embargo, hay algunas cuestiones que no tienen relación con la humanización de la pena y que han generado polémicas totalmente innecesarias frente a un proyecto con buenas intenciones: la eliminación del delito de inasistencia alimentaria dejará a muchos padres irresponsables sin ninguna sanción, sin que se señalen alternativas a esta situación. El Derecho penal debe ser la última ratio, pero por ello, si se destipifica una conducta muy grave como esta, debe haber otros mecanismos idóneos para remplazarlo, como podría ser endurecer las medidas en la justicia de familia, lo cual no se ve en este proyecto.

La derogatoria de crímenes que pudieran verse anticuados, como los delitos contra la libertad religiosa o el incesto, no se hace de manera cuidadosa, sino que termina legalizando conductas muy graves. En relación con los primeros, por intentar secularizar el Código se terminan eliminando conductas que no tienen un valor únicamente religioso, sino también civil, como sucede con el irrespeto a cadáveres que, si se elimina, podría terminar legalizando algo tan terrible como la profanación de tumbas.

Frente al incesto, hay que decir que en Colombia no se sanciona cualquier tipo de relaciones entre familiares, sino solamente las más graves y que lamentablemente tienen especial incidencia en algunas zonas de Colombia, como las del sexo entre padres e hijos, lo cual independientemente de cuestiones morales es una conducta muy reprochable que merece castigo, pues se basa en el abuso.

Finalmente, la eliminación de todos los delitos contra la integridad moral, como la injuria y la calumnia, sin la formulación de alternativas para proteger la honra de las personas, puede terminar en una peligrosa legalización de la infamia y la difamación. Estas conductas, además, siguen siendo delitos en gran parte del mundo. Alemania, Italia, España y Francia continúan teniendo en sus Códigos Penales estos crímenes y no se entiende muy bien de dónde se sacó su eliminación absoluta.

Este proyecto tiene muy buenas intenciones, pero lamentablemente sus efectos positivos se pueden diluir si no se revisan las consecuencias de algunas de sus normas.

LUIS FELIPE HENAO