Universos paralelos de la ministra

Los datos y la política pública son una dupla inseparable. La información permite modelar y dar forma a las decisiones que pueden generar cambios efectivos y mejoras en la calidad de vida de la población. A la vez, los datos son implacables y rápidamente evidencian la buena o mala gestión de los encargados de esa toma de decisiones.

Durante más de 15 años, Colombia ha hecho un esfuerzo importante para generar información de calidad y confiable. En este esfuerzo, el sector de la construcción es uno de los más desarrollados y cuenta, posiblemente, con la mayor disponibilidad de indicadores oficiales y de agencias independientes para la realizar diagnósticos precisos.

Por esto extraña el enfoque negacionista del Ministerio de Vivienda respecto a la situación de la construcción y sobre los resultados evidentes de cambios en la política de vivienda, que, además de no haber logrado su objetivo, ha contribuido a darle la estocada final a un sector clave en la economía.

La construcción está en crisis, una crisis profunda que paradójicamente les está usurpando a los más vulnerables el sueño de tener vivienda. De acuerdo con las Cuentas Nacionales del Dane, en el tercer trimestre de 2023 la construcción de edificaciones se contrajo el -5 %, siendo de uno de los sectores que más contribuyeron al comportamiento negativo de la economía (- 0,3 %). Esta cifra no tiene lado positivo. El principal indicador para medir el valor agregado de la construcción de vivienda está cayendo.

El licenciamiento, también medido por el Dane, lleva 15 meses consecutivos en rojo. A noviembre de 2023 se habían licenciado 38,5 % viviendas menos que en 2022. Incluso, si se elimina el efecto del licenciamiento atípico de Bogotá, por efecto de la revisión ordinaria del POT entre 2021 y 2022, el dato de unidades licenciadas de vivienda en 2023 es el más bajo en una década.

Otras fuentes de información, como La Galería Inmobiliaria, muestran un panorama mucho más crudo. Según esta fuente de información, las ventas de vivienda cayeron un -56,6 % al cierre del año pasado. La VIS, por su parte, habría caído un 67 %, con incrementos en el número de proyectos abortados y en el área paralizada. Según el Dane, este último indicador de parálisis del sector habría crecido por encima del 9 % en el tercer trimestre de 2023.

El mercado está completamente desalineado. Mientras que en 2022 el tiempo promedio que le tomaba a un constructor vender una VIS era de 9 meses, y el promedio 2010-2019 era de 6, actualmente el tiempo es cercano a los 17 meses.

Los colombianos no confían en la política de vivienda y cómo culparlos. En el universo paralelo en el que viven los funcionarios del Ministerio de Vivienda, esta crisis se denomina “estabilización”, lo cual parece un eufemismo para referirse a la situación tan delicada que enfrentan los hogares, los empresarios; y minimiza en el discurso las pérdidas económicas y sociales que la situación del sector viene generando.

El enfoque del Gobierno es negar el incendio hasta que pare solo, una vez se ha consumido todo el bosque. La llamada estabilización, que es realmente una dinámica negativa generalizada, les cuesta a los colombianos y a las empresas, le está pasando factura a la economía y pronto se verá reflejada en pérdidas importantes de empleo, empleo para sectores vulnerables, para población migrante y para las familias que dependen de la construcción.

Estoy convencido de que la ministra conoce el sector y revisando estos resultados tomará medidas verdaderamente contracíclicas, que sean como la lluvia que se anhela en los incendios. Subsidios a la tasa, revisión del decreto de subsidios y redirigir el Ministerio a resultados, que son los únicos que atacan el déficit, reducen la pobreza y generan empleo.

LUIS FELIPE HENAO

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