Levantar el ‘cese al fuego’

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Desde el inicio advertimos que un cese del fuego del Gobierno con esos grupos, incluso antes de cualquier acercamiento con la mayoría de ellos, era una rotunda equivocación. Pero el Gobierno lo presentó como la gran noticia y el primer gran resultado de su política de paz. A las pocas horas el Eln lo desmintió. No había protocolos previamente establecidos, y los que se hicieron públicos después han sido un mar de confusiones que, de hecho, han paralizado la acción de la Fuerza Pública en su misión de garantizar seguridad a los ciudadanos.

Hoy se ve claramente que el cese del fuego ha sido una concesión gratuita y nociva que el Gobierno les ha otorgado a esos grupos criminales, los cuales la han aprovechado, como también lo advertimos, para fortalecer y expandir su presencia en las regiones, para armarse, aumentar su reclutamiento, controlar e imponer su ley a las poblaciones, incrementar exponencialmente sus rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y, en fin, para multiplicar su capacidad de amenaza contra la sociedad y nuestro Estado democrático.

Mientras el Gobierno dialoga y les reconoce estatus político a grupos criminales que él mismo califica de “traquetos”, la Fuerza Pública está confundida y desmoralizada. No sabe cuándo combatir o cuándo convivir con esos grupos delincuenciales, los protocolos son confusos, sobre el terreno es difícil distinguir con cuál grupo hay cese del fuego y con cuál no, y tienen prohibidos los bombardeos y los ataques contra campamentos donde se sospeche que hay niños reclutados (lo cual ha multiplicado el reclutamiento de menores); todo esto ha resultado en un pugilato en el que la Fuerza Pública tiene las manos amarradas a la espalda, mientras los criminales las tienen libres para hacer de las suyas y movilizarse impunemente a lo largo y ancho del país. Paradójicamente, el levantamiento del cese del fuego es una condición absolutamente indispensable tanto para recuperar la seguridad como para darles seriedad y alguna opción de éxito a los diálogos de paz.

Porque es evidente que en las condiciones actuales esos grupos de forajidos no tienen ninguna presión ni coacción para abandonar sus rentables acciones criminales, ni para entregar las armas, ni para reinsertarse a la legalidad. Hoy disfrutan de una zona de confort y de una comodidad absolutas en ese statu quo que les ha creado el Gobierno con su ‘paz total’. Tan cómodos y confiados están que tanto el Eln como las Farc le han advertido decenas de veces al Gobierno que, aunque siguen dialogando, de ninguna manera están pensando en abandonar las armas. Y para rematar, el propio jefe del Estado dice que el Estado colombiano no cumple los acuerdos de paz y que él mismo se va a autodenunciar ante Naciones Unidas. Esto, claro, es falso, pero les da un argumento fuerte a los criminales para mantenerse en el crimen. Sin embargo, según la Universidad de Notre Dame, de los 578 puntos del acuerdo con las Farc, al comienzo del gobierno Petro el Estado colombiano ya había ejecutado completamente el 30 %, a un nivel intermedio el 20 %, y el 37 % en estado mínimo. Efectivamente, el único que no ha hecho nada es Petro.

Pero si el caos de la ‘paz total’ genera zozobra, sus “avances” crean pánico. Al parecer, el primer punto de acuerdo en la mesa de diálogos le da al Eln un poder constituyente y legislativo al establecer que todos los compromisos que firme en adelante con el Gobierno –sobre los temas económicos, políticos y sociales que se les ocurran– tienen carácter vinculante y son de aplicación inmediata. Es decir, Eln consagrado como constituyente primario armado a cuya voluntad y capricho deben someterse el pueblo y la democracia colombianos. O sea, la constituyente de Petro por la puerta de atrás, pero esta vez armada y a la fuerza.