La responsabilidad de la Corte Suprema

El de Gustavo Petro no pretende ser un gobierno gradualista, sino revolucionario. Y una revolución es la transformación simultánea de muchos estamentos de la sociedad. Para eso se necesita un poder que va más allá de las facultades que la Constitución le asigna a la presidencia. Por eso el mandatario se la pasa jugando sobre la línea de banda, en el límite entre lo que las instituciones le permiten y lo que él quisiera hacer.

No bien iniciado su cuatrienio escribió un trino que se ha olvidado: “El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la istración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”. Para él, en otras palabras, las instituciones nacionales –ese conjunto de “normas y pasos” diseñados por las istraciones anteriores– son las que bloquean los cambios “en favor de la gente”.

Se equivoca, claro. Es cierto que en Colombia existen instituciones que preservan un ‘statu quo’ indefendible. Por ejemplo, el injusto e ineficaz aparato judicial. Pero también hay instituciones sobresalientes, que han mejorado demostrablemente la calidad de vida de la población, como la Constitución del 91, el Banco de la República, el sistema de salud creado por la Ley 100 de 1993 y muchas del sector privado.

Pero el revolucionario necesita cambiarlo todo, hasta lo que funciona. Tal es la política del Gobierno y para eso adelanta un proceso de captura institucional cuyo objetivo final es el control estatal de cuanto sea posible: el comercio, la educación, la energía, la salud, las relaciones laborales, el ahorro pensional, la emisión de moneda, etc.

La joya de la corona de la captura institucional es la Corte Constitucional (CC), donde se dirimen los debates más peliagudos de la nación. Este año, en particular, la CC deberá pronunciarse sobre algo tan trascendental como la legalidad de la reforma pensional, una decisión que tocará la vida de generaciones de colombianos y determinará en buena medida las finanzas del país en el siglo XXI.

La CC goza de prestigio entre la ciudadanía, y durante este cuatrienio sus decisiones han sido salomónicas: ni entregadas a la Casa de Nariño ni del todo enfrentadas con ella. Así sucedió, por ejemplo, con el reciente fallo sobre la declaratoria de conmoción interior para el Catatumbo. La CC aceptó partes de la medida y rechazó otras.

El equilibrio de la CC podría romperse, sin embargo, si los tres magistrados que ingresarán este año se alinean más ceñidamente con el petrismo. El primero de ellos, que reemplazará a la togada Cristina Pardo, saldrá de una terna presentada por el Presidente, por lo que cabe esperar que sea afín al Gobierno. De hecho, la terna ha sido cuestionada por incluir al abogado personal del Presidente, Héctor Carvajal.

Para colmo, sobre el anterior candidato del Presidente, el magistrado Vladimir Fernández, pesa un señalamiento grave. Según Sandra Ortiz, ex consejera para las Regiones de Petro, hoy sindicada de corrupción, en la elección de Fernández incidió el soborno por el que fue capturado esta semana el expresidente del Senado Iván Name.

Este estado de cosas le transfiere una enorme responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia, encargada de seleccionar las ternas para llenar las próximas dos vacantes en la CC, por la salida de la magistrada Diana Fajardo, en junio, y la de José Fernando Reyes, en septiembre.

Del río revuelto que serán los próximos 15 meses saldrán muchas ideas extravagantes, que pondrán a prueba el aguante de las instituciones del país. El réferi supremo en esos conflictos es la CC, y está en manos de la Corte Suprema que la CC siga siendo el fiel fiel de la balanza nacional. No se me fue una palabra de más en la frase anterior.

THIERRY WAYS

En X: @tways

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