Con visible molestia, el martes el presidente Gustavo Petro atacó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en otra entrega del ‘reality’ del consejo de ministros por TV. El mandatario refunfuñó porque la Fiscalía investiga la penetración del capo del contrabando, Diego Marín, más conocido como ‘Papá Pitufo’, en su campaña de 2022 y en su gobierno, sin indagar –dice Petro– los nexos de ‘Pitufo’ con anteriores mandatos.
Al quejarse de las pesquisas a su campaña y a sus funcionarios, Petro respira por la herida. Con ignorancia supina, sugiere que la Fiscalía viola la Constitución al investigar la campaña, porque al Presidente solo puede indagarlo la Comisión de Acusación de la Cámara. Falso: la Fiscalía está obligada a investigar los oscurísimos movimientos de dinero de la campaña petrista, y si hay evidencia de una eventual responsabilidad de Petro, debe remitir esa parte del proceso a la Cámara, sin dejar de indagar a los demás.
La rabia presidencial con la Fiscalía tiene varias causas más. “Él esperaba que la Fiscal lograra salvarle el pellejo a su hijo Nicolás, mientras pasaba de ladito por las actuaciones de cercanos colaboradores del Presidente”, me dijo este jueves una fuente de la Fiscalía. Entre tanto, una fuente del gabinete sostuvo que “al haber sacado del Mindefensa a Iván Velásquez, antiguo jefe de la Fiscal y su padrino profesional, el Presidente cree haber dañado su relación con ella”, una interpretación que ilustra cómo piensa Petro.
No me han gustado algunas actuaciones de Camargo, como desempolvar una vieja y mal fundada acusación contra Andrés Peñate, uno de los directores del desaparecido DAS bajo Álvaro Uribe: revisé la acusación completa y no encontré pruebas de accionar delictivo por parte de Peñate, un hombre inteligente y decente, ceñido a las normas, a diferencia de otros directores del DAS de la época.
Él esperaba que la Fiscal lograra salvarle el pellejo a su hijo Nicolás, mientras pasaba de ladito por las actuaciones de cercanos colaboradores del Presidente
Pero más allá de ese caso, en general Camargo y sus fiscales ante la Corte Suprema (que llevan los procesos contra funcionarios con fuero especial), están haciendo su trabajo. En el escándalo del saqueo de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la Fiscalía ha avanzado muchísimo y parece tener con qué procesar al exdirector de Inteligencia Carlos Ramón González, y a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, todos muy cercanos a Petro.
En el caso de ‘Papá Pitufo’, de manera coordinada con la Corte, el CTI de la Fiscalía indaga al embajador en Londres, Roy Barreras; al Mininterior, Armando Benedetti, y a varios congresistas, entre ellos muchos petristas y varios no petristas colaboracionistas con el Gobierno. Las extensas y documentadas declaraciones del exdirector de la Dian y exministro, Luis Carlos Reyes, han aportado luces sobre los sombríos tejemanejes de los involucrados.
En el caso de Nicolás Petro, la Fiscalía culminó esta semana la presentación del arsenal de pruebas que debe condenar al hijo del Presidente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, un fiscal ante la Corte va a acusar al mintrabajo, Antonio Sanguino, por tráfico de influencias y corrupción. Para rematar, este martes la Fiscalía acusará ante un juez al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, gran amigo y aliado de Petro, y a nueve funcionarios de su istración, por peculado a favor de terceros, interés indebido en contratos y prevaricato por acción.
Suficiente para poner a gruñir al mandatario. Y eso que lo destapado es apenas la punta del iceberg de un gobierno en que la corrupción es epidemia. Ojalá Camargo, los fiscales ante la Corte y los investigadores no se amilanen. Interesante que al día siguiente de la embestida presidencial contra la Fiscalía, la entidad haya acelerado una docena de acciones sobre los delitos cometidos en la campaña presidencial de 2022, la indagación que tanto indigna a Petro. Lo único mejor que la justicia, es la justicia que no se tarda.
MAURICIO VARGAS
IG: @mvargaslinares