La gran prueba

El Gobierno ha decidido emprender un camino lleno de riesgos para el futuro, cada vez más alejado de cualquier diálogo con otros sectores políticos. Desde el visible encierro ideológico, el presidente Petro ha comenzado un segundo tiempo más radical y menos conciliador, y con frecuencia ha lanzado en sus discursos propuestas que están lejos de ser ideas sueltas o accidentales. Así, ha pronunciado frases verdaderamente preocupantes, como su famoso “iremos hasta donde el pueblo ordene”, lo cual por supuesto enciende todas las alarmas sobre el respeto por los periodos de gobierno en Colombia. Mientras tanto, algunos de los más visibles dirigentes de su partido han introducido discusiones como la de una posible reelección o de la extensión del periodo de gobierno por uno o dos años adicionales.

El Presidente insiste en acudir a la figura de “el pueblo” como una ambigua fuente de legitimidad para su deseo de imponer decisiones sin ser concertadas, y con etiquetas como las que utiliza con frecuencia para referirse a sus críticos anula de forma clara y premeditada a todos los demás sectores de la política. Y es ahí cuando debe decirse que el Presidente no debería proclamarse como el único representante de ese “pueblo”, ni atribuirse la capacidad absoluta de interpretar la voluntad popular, ni desconocer que otras instituciones, como el Congreso, los concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, a las cuales tantas veces se ha enfrentado, han sido igualmente elegidas por las masas.

Queda cada vez más claro, y el país debe entenderlo con rapidez, que el presidente Petro plantea discusiones que se salen del marco institucional y constitucional de Colombia y que la única manera legítima desde la cual sus opositores y críticos deben dar la pelea contra esas iniciativas es desde el respeto absoluto por las reglas de la democracia. Eso sí, debe decirse, el daño que el Gobierno ha causado a la institucionalidad con su decisión de enemistar a sus defensores con el sistema electoral, las cortes y el Congreso, cuando estas instituciones no apoyan de lleno sus ideas, es una gravísima irresponsabilidad que tardará muchos años en ser reparada.

Es mucho lo que el país ha sufrido y podría seguir sufriendo por cuenta de la decisión del Gobierno de apostarle a lo que es ambiguo, pues la incertidumbre debilita de manera continua la estabilidad de las instituciones. El debate público ha visto una gravísima parálisis en sus discusiones cotidianas mientras preguntas como si la eventual constituyente se llevaría a cabo por encima del marco institucional, y si esta podría introducir una nueva figura de reelección, son alentadas por líderes del propio partido gobierno. Ningún estadista responsable utilizaría las cartas de la ambigüedad frente a un asunto tan delicado como es el respeto por las reglas de juego, las cuales requieren el compromiso de todos los sectores políticos para garantizar el funcionamiento de una democracia estable.

No es para menos: el curso del debate en la coyuntura actual muestra con preocupante claridad que el país vive un momento de complejas pruebas para su orden institucional. Mientras el Gobierno insiste en apostarles a ideas que fácilmente podrían significar gravísimas rupturas institucionales, los sectores de la oposición tienen el deber de responder desde el respeto irrestricto por la Constitución del 91. Todos los demócratas tendremos, ahora y siempre, el deber de proteger el orden constitucional ante las tempestades demagógicas que nublan el futuro. Y aguantar, resistir y no perder el optimismo, porque el camino no será corto.

FERNANDO POSADA
En X: @fernandoposada_

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