¿Regalarle plata al Eln?

No estoy de acuerdo en destinar ni un solo peso, ni un solo centavo de los impuestos que hemos pagado los colombianos a una guerrilla que no se ha desmovilizado, que ha dicho que puede seguir secuestrando o extorsionando y que se ha financiado de las rentables economías criminales en Colombia y en Venezuela.

No estoy de acuerdo en crear ningún fondo nutrido con recursos públicos para subsidiar una guerrilla en armas.

Tampoco estoy de acuerdo en desviar recursos de la cooperación internacional que hoy están destinados a la superación de la pobreza, o a la salud o a la educación para alimentar las arcas de guerrilleros con fusiles activos.

Aunque el Gobierno ha aclarado que eso no se ha acordado aún y que no ha llegado esa propuesta para debatirse en la mesa, la advertencia vale hoy y vale mañana, pues la idea ha comenzado a rondar por esos predios.

Muchas enseñanzas sobre lo que no se debe hacer en una negociación de paz se derivan de repasar los goles que nos metieron a los ciudadanos en la negociación con las Farc: lo ancho para los victimarios, lo angosto para las víctimas. Que no nos vuelva a pasar.

Muchos pazólogos advierten que nunca se había llegado hasta este punto con el Eln. Gustavo Petro, por su propia trayectoria, conoce de primera mano estas negociaciones y tiene mucho sentido que busque una desmovilización integral del Eln. Es más, lo prometió en campaña y como propósito es loable.

Así, el debate no se debe centrar en cuestionar el objetivo ni el propósito político del Presidente ni de su Alto Comisionado, que ha sido su leal escudero y fiel intérprete. ¡Ojalá lo lograran, todos queremos la paz!

La gran pregunta es si los pasos que se están dando con el Eln contribuyen a lograr ese objetivo o, por el contrario, pueden terminar por engendrar más violencia, a debilitar la seguridad en las zonas rurales y en las ciudades, a martirizar más víctimas y a incubar más impunidad frente a delitos atroces e incluso crímenes de lesa humanidad.

Y es por eso, justamente, que se registran con gran preocupación las condiciones que se pactaron de inicio y que en la práctica podrían llegar a traducirse en una Fuerza Pública amarrada, atemorizada y desmoralizada, en un apogeo del narcotráfico y la minería ilegal, en un retorno masivo de secuestros y extorsiones, así como en un deterioro de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos especialmente en las zonas de conflicto.

El Estado colombiano, a estas alturas, tiene una gran experiencia en el manejo de programas de reincorporación, y los han apoyado todos los últimos gobiernos, incluidos los uribistas de Iván Duque y el mismo Álvaro Uribe. El prerrequisito, claro está, es haber dejado las armas, es haberse desmovilizado.

En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Por eso sería no solo ilegal sino inconveniente anticipar los flujos de fondos públicos para una guerrilla que insiste en que podrá seguir secuestrando y extorsionando y lo pregona a los cuatro vientos, en tono de mofa y en clave de intimidación, sin haber entregado una sola de sus armas y sin haber abandonado sus fuentes ilícitas de financiación.

Cuando se tramitó la última reforma tributaria se insistió en que los dineros procedentes de los mayores esfuerzos tributarios de los contribuyentes se destinarían a los más pobres. Nunca nadie del Gobierno ni del Congreso dijo que irían a financiar guerrillas. Dicho eso, la ecuación de la negociación podría ser inversa o cuando menos simultánea. Es decir que en vez de que se le entreguen platas anticipadas al Eln, sea el Gobierno el que por anticipado exija bienes del Eln para reparar sus víctimas y para que no les vuelvan a poner conejo, como ya lo hicieron los de las Farc.

JUAN LOZANO

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