La hemorragia legislativa es muy peligrosa. Esto es de locos. Hay más de 600 proyectos de ley haciendo trámite en el Congreso y casi 150 de ellos en fila para la discusión en plenarias. Una feria delirante de proyectos en la que se encuentra desde lo más sensato y conveniente hasta las máximas locuras que afectarían en grado extremo al país si se llegaran a aprobar. Peligro supremo.
Dentro de esta voluminosa agenda, entre desbordadas e imprecisas solicitudes de facultades extraordinarias para el Presidente y una ráfaga inconveniente de mensajes de urgencia, los proyectos del Gobierno tienen un peso especial. Superriesgosa esta asfixia legislativa.
Legislar a la carrera –bajo la presión que funcionarios guardianes de la burocracia y el poder de la contratación ejercen sobre muchos congresistas– sacrifica el bien público, induce a errores y patrocina el chamboneo legislativo y el fanatismo ideológico que luego pasa costosas facturas de cobro. Y esto lo quieren despachar a pupitrazo limpio antes de que terminen las sesiones ordinarias el próximo 20 de junio.
Ya en la reforma política, por ejemplo, sin que se hayan surtido las audiencias públicas de segunda vuelta, indispensables para garantizar la validez constitucional del trámite, se están conociendo las ponencias con su micamenta a bordo. Las presidencias de Comisión no deben aceptar radicación de ponencias sin surtir las audiencias públicas de segunda vuelta.
Y el problema no es solo que quieran a las volandas y por debajo de los radares de la opinión pública tomar la decisión atroz de aprobar la ley Herodes, normalizar el incesto y la inasistencia alimentaria, pisoteando una orden impartida por la Corte Constitucional so pretexto de cumplirla. Ese efecto tenebroso del proyecto carcelario es solo la punta del iceberg.
El problema de fondo es que pretenden, en menos de 15 semanas, pupitrear el Plan de Desarrollo con su cargamento de atribuciones extraordinarias para el jefe de Estado; la polémica reforma de la salud, mal tramitada como ley ordinaria; la reforma laboral, que también debería tramitarse como estatutaria; la reforma pensional, la reforma política, la jurisdicción agraria, la ley del campesino y la legalización del cannabis.
A eso le deben sumar el tormentoso proyecto del Código Electoral y el carnaval de premios para los hampones, sicarios, mafiosos, narcos, corruptos y violadores de los derechos de los niños contenidos en el proyecto de humanización penitenciaria y la ley de sometimiento a la justicia, que arrodilla a los colombianos que no han cometido delitos ante los delincuentes de todo pelambre, dejándoles más de 10.000 millones de pesos de amnistía de capitales a los criminales, en lo que constituiría la más grande operación de lavado en toda nuestra historia, patrocinada por el Estado.
También habría que incluir el proyecto del Gobierno que prohíbe el ‘fracking’, el acuerdo con Venezuela y la cantera de mermelada, inversión social y gasto público incorporado en una multimillonaria adición presupuestal.
A todas estas, y con el argumento de que su concepto obligatorio es necesario solamente al final del trámite, el llamado “adulto responsable” del Gobierno, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, decidió pasar de agache a la hora de la radicación de los proyectos pensional y laboral en los que, mezclando peras con manzanas y subsidios con pensiones, se les propinan, de ser aprobados como se radicaron, golpes irreparables a la sostenibilidad fiscal del Estado y a la generación de empleo. Urge su voz, ministro.
A su turno, los congresistas no deberían designar ponentes hasta tanto la documentación esté completa, las directivas del Congreso deberían levantar su voz ante la proliferación de mensajes de urgencia, deberían evitar la catarata de facultades, que de aprobarse dejarían al Congreso valiendo cero, y deberían garantizar el debate sereno, profundo, argumentado y reposado de todas estas iniciativas. A ratos parece que a algunos en el Congreso se les olvida que no son esclavos de ningún gobierno y que no deben feriar el poder legislativo. Calma.
JUAN LOZANO