Jíbaros felices, padres angustiados

Que no nos vengan con cuentos. La cosa es clara: en materia de microtráfico en parques, calles y lugares públicos, los niños son las víctimas reales o potenciales y los jíbaros son los victimarios. Una vez más, se puso en peligro el derecho prevalente de los niños por la vía de facilitarles su empeño criminal a los jíbaros. Vuelve y juega. Primero los victimarios que las víctimas.

El Decreto 2114/23 recientemente expedido por el Gobierno, que deroga el Decreto 1844/18, se ha justificado diciendo que quieren reconciliar a la Policía con la juventud, que la jurisprudencia ha dicho que el consumo no se puede castigar y que se debe combatir el narcotráfico y no a los consumidores.

Aunque todo eso sea cierto, en la práctica, en la calle, en los entornos infantiles, juveniles, escolares, recreativos y familiares complicará la persecución contra el microtráfico y aumentará la exposición de los jóvenes a las drogas de toda condición.

Parece que los redactores del nuevo decreto no se hubieran percatado del azote para niños y jóvenes que representa la invasión de marihuanas de todas las denominaciones, drogas sintéticas de todas las especificaciones, tucis, pepas de todos los tamaños, pericos de todos los colores, alucinógenos, opioides, calcomanías envenenadas, caramelos endiablados hasta llegar al maldito fentanilo, convertido hoy en una compleja pesadilla social en los Estados Unidos.

Con un discurso basado en un falso humanismo dicen que “el bolillo” no funcionó. En el fondo es lo mismo que reiteran quienes quieren desmantelar la Fuerza Pública, desnaturalizar la Policía, desmotivar al Ejército y criminalizar a las fuerzas del orden.

Todo exceso en el ejercicio de la Fuerza Pública debe ser reprochado. Toda acción violatoria de lo que han dicho la jurisprudencia y la ley debe ser castigada. En eso concuerdo 100 % con el Gobierno. Pero la existencia de estos excesos o violaciones no puede llevar a la conclusión de que es mejor facilitarles el camino a los delincuentes.

Esa línea argumental es de la misma familia de “como las cárceles están congestionadas, mejor dejemos salir a los delincuentes” o “como se cometen muchos delitos, descriminalicemos algunos delitos y así se registrarán menos delitos”.

Y es cierto, como lo dice el Gobierno, que esta derogatoria elimina unas multas y decomisos y no hace legal el expendio de drogas. Eso es verdad. Pero sí facilita el tráfico y la distribución. Derogar un decreto que no tenía como propósito criminalizar a los consumidores sino perseguir a los jíbaros constituye un grave error.

De conformidad con la última sentencia de la Corte Constitucional expedida sobre esta materia, la pelota está en la cancha de los agónicos alcaldes en ejercicio por los siguientes 20 días y en la lista de tareas prioritarias de los nuevos alcaldes a partir del primero de enero.

Valoro en alto grado las reacciones rápidas y oportunas de Fico y de Jaime Beltrán (alcalde electo de Bucaramanga) y estoy pendiente de escuchar a los alcaldes en ejercicio para saber cómo van a taponar estas autopistas de hecho (no de derecho) que se les han abierto a los jíbaros, microtraficantes, expendedores, narcos y carteles, mientras que los angustiados padres de familia sienten que a sus hijos los amenazan cada vez más con este tipo de medidas.

Señores alcaldes, 5 preguntas que requieren su rápida respuesta y la de los concejos:

1. ¿Cómo van a enfrentar el monstruo creciente de la proliferación de estas sustancias prohibidas?

2. ¿Cómo, dónde, en qué condiciones, con qué exigencias, con qué restricciones, en qué horarios y con qué tipo de vigilancia van a autorizar áreas de consumo?

3. ¿Cómo van a garantizar mayor eficacia en la persecución de los traficantes?

4. ¿Cómo van a articular estas decisiones con estrategias de salud pública, prevención de adicciones, información, formación, acompañamiento y apoyo decidido a los niños y jóvenes?

5. ¿Qué instrucciones le darán a la Policía?

JUAN LOZANO

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