Facultades inconstitucionales

Sorprende, francamente, aunque ya nada me debería sorprender, que sin el más mínimo rubor democrático, el Gobierno se haya lanzado con un extenso y desbordado petitorio de facultades extraordinarias incorporado en el Plan de Desarrollo, tratando de aprovechar la tramitación de ese proyecto para reconcentrar poderes en la Presidencia y para arrebatarle facultades al Legislativo, amenazando el equilibrio de poderes, piedra angular de la Constitución.

Aunque todos los gobiernos han pretendido meter goles en el Plan de Desarrollo para pasarse por la faja leyes vigentes, yo nunca había visto un catálogo más extenso, ambicioso y rapaz frente a las competencias parlamentarias.

Mucha confianza mermeladística se tendrán para haber tenido la osadía de pedir facultades que a las claras desbordan el ámbito y el alcance constitucional del Plan de Desarrollo. Y que conste que creo que algunas facultades sí son procedentes para poder cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo y que el Congreso debería concederlas puntuales e hiperdelimitadas.

En efecto, la jurisprudencia constitucional es clara en que deben ser facultades muy precisas, detalladas, ‘pro tempore’ y claramente orientadas a través de un vínculo identificable e inequívoco con el Plan de Desarrollo. Pero no pueden constituir, de ninguna manera, una ametralladora para aniquilar de forma permanente leyes vigentes y poner patas arriba el Estado colombiano al ritmo de los apetitos o pasiones del gobierno de turno.

Los congresistas, incluso los de la coalición de gobierno, deberían tener dignidad, decoro y responsabilidad. Los eligieron para legislar. No los eligieron para pupitrear la renuncia a sus competencias ni la entrega sumisa e improvidente de su función legislativa al Ejecutivo.

No será fácil, claro está, no sucumbir al coctel de presiones al que los están sometiendo que atraviesa todos los umbrales, desde la mermeladita multipartidista hasta el matoneo callejero. Pero está por encima su catálogo de deberes tutelares superiores como de un poder público cuya razón de ser, además del control político, es hacer las leyes y tramitarlas en sus comisiones y plenarias.

No me hago muchas ilusiones. Francamente, y lo digo sin incurrir en generalizaciones injustas, he visto a muchos otrora uribistas, santistas y duquistas muy arrodilladitos suplicando migajas de poder a cambio de sus votos parlamentarios. Espero, sin embargo, que los debates tengan ánimo patriótico y rigor jurídico.

Quedará, entonces, si la voluntad del Gobierno se impone, en manos de la Corte Constitucional la tarea de evitar que sus postulados esenciales sean pisoteados.

Después de haber sido varios años profesor de estudiantes de derecho en varias de las más importantes facultades del país, afirmo sin temor a equivocarme que si un estudiante hubiese presentado este plan de desarrollo como trabajo de grado, habría que devolverlo a Constitucional 1, para que no olvide los fundamentos de una república democrática, los alcances de un plan de desarrollo y los límites en las facultades excepcionales que les pueden conceder a los presidentes.

Y advierto, más allá de una u otra declaratoria de inconstitucionalidad que seguramente haría la Corte, a mí me produce angustia el precedente de profundizar el desequilibrio de poderes porque, según lo enseña la historia universal, se convierte en la antesala de regímenes autoritaristas y dogmáticos que anulan la voluntad colectiva y el sistema de pesos y contrapesos para privilegiar el querer circunstancial de quienes ejercen el poder político.

Por ello invito comedidamente al Gobierno a que recoja y retire algunas de estas solicitudes de facultades para concertar una ruta de estudio de las reformas sectoriales en las que está interesado, de manera reposada, serena y constructiva. Eso, en términos de democracia y de Estado de derecho, es lo que más le conviene a Colombia.

JUAN LOZANO

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