La corrupción que nos asfixia desde hace décadas es un potenciador de inequidad. Los políticos criminales, sus fichas en el Gobierno y sus contratistas de cabecera llevan décadas metiendo a sus propios bolsillos los dineros de la política social.
Baste un ejemplo. El PAE una y otra vez se convierte en botín, y les roban la plata de la comida a los niños más pobres.
Si un niño no recibe los micronutrientes necesarios para el desarrollo adecuado de su cuerpo y de su mente, las secuelas quedarán para siempre y se traducirán, entre otras manifestaciones, en limitaciones de la capacidad de aprendizaje, problemas educativos y dificultades para la posterior inserción en el mercado laboral. La corrupción vuelve más pobres a los pobres y los limita para superar la pobreza.
Por eso es simple carreta hablar de compromiso con la equidad mientras no se adelante una lucha frontal contra la corrupción.
Y eso conlleva el compromiso ético de propender hacia un Estado eficiente y sin burocracia paquidérmica que se come la plata de los pobres y le quita espacio a la política social. Cinco viceministerios no construyen más equidad.
Tampoco construye equidad la duplicidad de funciones entre el naciente ministerio y otras instituciones con las que se pisan los talones, aumentan sus costos de funcionamiento y apuntan a parcelar la institucionalidad para que cada uno de los combos que rodean el poder disponga de un pedazo de la torta.
Imperdonable que el pupitreador Congreso de comienzos del gobierno no se hubiera detenido en un detallado mapa institucional de competencias. Y sorprendente que desde Hacienda no lo hubieran exigido.
Si el ministerio va a ser ejecutor, hay que pegarles una peluqueada brava a los aparatos istrativos que hoy se dedican a repartir subsidios desde el DNP, el Departamento de Prosperidad, el ICBF, el Sena. Y advierto, debilitar en lo misional al ICBF y al Sena para satisfacer apetitos burocráticos es un error. Podarles burocracia, sí. Debilitarlos, no.
Y si el ministerio no va a ser ejecutor, lejos de una burocracia de recomendados políticos se requieren pequeños equipos de enorme fortaleza técnica llamados a evitar duplicidades con el DNP, consejerías palaciegas e instancias sectoriales como educación, salud, vivienda, TIC, etc.
Hay un camino de transición, pero lo veo difuso. Oigo a petristas de racamandaca preocupados porque todo el aparato de repartición de subsidios quede en manos de Francia, que querrá, según ellos, tramitar su propia candidatura presidencial sin pedirle permiso a nadie.
Intuyo francistas de racamandaca pretendiendo que el ministerio sea aspiradora de platas y pulpo de distribución de subsidios. Y ya se asoman de la coalición reclamando pedazos de ministerio para poder repartir, ellos también, subsidios a granel.
Me parece bien la creación del ministerio de equidad y explicable el nombramiento de Francia. Pero no me parece afortunado el debut de una naciente institución con el mayor número de viceministerios del país, sin fronteras claras y sin una definición de política pública sobre el alcance, requisitos, exigencias y controles en la entrega de los subsidios.
De entrada, los subsidios deberían, todos, condicionarse a (i) la capacidad de verificación de que forman capital humano (como cuando se aprobó la ley de Familias en Acción, de mi autoría, con subsidios condicionados a la verificación de aumento de peso y talla de los niños. Es la versión moderna de la idea clásica de que es mejor enseñar a pescar que regalar el pescado), o (ii) la capacidad de verificación de focalización adecuada para que los subsidios lleguen a los más pobres y no a los aliados políticos de los gobernantes de turno.
Esto apenas comienza. Francia está a tiempo de evitar que su ministerio se reduzca un fortín burocrático, una fábrica de discursos y retórica y un carnaval de la repartija politiquera de subsidios. Ojalá lo entienda así.
JUAN LOZANO