Es verdad, como ha dicho este periódico en su nota editorial del pasado domingo, que esta es la hora de las cortes, pero también la del Fiscal, la del Contralor, de la Procuradora, del Defensor del Pueblo y de los jueces en general. Es la hora de las veedurías, de los pesos y contrapesos, la hora en que se pone a prueba la democracia colombiana nuestros funcionarios judiciales y nuestros entes de control lo hacen bien, es también la hora de la reivindicación.
Y es que los números de favorabilidad de algunas de estas instituciones no pueden estar peor. Según la más reciente entrega de la encuesta de Invamer, el sistema judicial colombiano tiene una imagen negativa del 77 por ciento; la Fiscalía General, una desfavorabilidad del 61 por ciento. La Procuraduría, la Contraloría y la Corte Constitucional no pasan del 35 por ciento de aceptación, y no le va mucho mejor a la JEP, que llega apenas a un 39 por ciento de imagen positiva.
Aunque la desconfianza es generalizada, a la justicia en los últimos años no le va nada bien en materia de percepción ciudadana. Y no tiene que ver con que hablen más o menos, con que lancen campañas en los medios o con que intenten congraciarse con unas u otras facciones políticas. No. La cuestión es más sencilla: para ganarse el respeto de los colombianos hay que volver a ponerse la venda, esa que representa la objetividad a la hora de impartir justicia, sin miramientos, sin favoritismos, sin ensañamientos. Ni los entes de control –que en ocasiones ejercen funciones jurisdiccionales– ni los de la Rama Judicial pueden seguir estando al nivel de los políticos.
Su misión, deben entenderlo, nada tiene que ver con ejercer oposición, con corregir distorsiones en la arena electoral o con oficiar de validadores de activistas ideológicos con los que se simpatiza. Por el contrario, más allá de afectos o desafectos, de identificaciones partidistas o de aproximaciones politiqueras, los funcionarios judiciales tienen que esforzarse más por alejarse de estas tentaciones que en el pasado han salido mal y dedicarse a devolvernos la fe, vendándose fuerte los ojos para adelantar su trabajo con el menor número de suspicacias.
Para ganarse el respeto de los colombianos hay que volver a ponerse la venda, esa que representa la objetividad a la hora de impartir justicia, sin miramientos, sin favoritismos.
Su posición ante el Poder Ejecutivo marcha bien. El Presidente ha sido respetuoso, hay que decirlo, y los magistrados y jueces han tramitado sus decisiones con autonomía e independencia. Pasó con las liberaciones de de primera línea, está ocurriendo con decisiones como las que tomaron hace poco el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y se ratifica cuando el Fiscal les plantea al Gobierno y al Congreso una lista puntual de glosas frente a los proyectos de ley de reforma de la justicia y de sometimiento, entre otros. Algo similar ocurre con la Procuraduría, que ha estado vigilante con la reforma de la salud o las conductas disciplinables de del Gobierno.
Si hay un año para que la justicia vuelva a ponerse la venda es este, y si hay casos para demostrar celeridad y ecuanimidad, esos son los del expresidente Uribe y el hermano e hijo del presidente Petro. Incluso el de Aida Merlano. ¿Más justicia espectáculo o seriedad y fondo al abordar estos procesos?
O se dejan ver las orejas y fallan con criterios políticos y apasionamientos, o aprovechan la oportunidad de demostrar que se pueden tomar determinaciones en derecho, sin ser pantalleros y sin convertir, torpemente, en “víctimas” a quienes investigan y rondan. Las lecciones están en nuestro pasado reciente. ¿Lo estarán entendiendo los nuevos presidentes de los altos tribunales y los fiscales y jueces que tienen a su cargo estos temas tan sensibles? Sí, esta sería una buena hora para la justicia si así lo quisiera.
JOSÉ MANUEL ACEVEDO